Álvaro Valencia Tovar
El Tiempo, Bogotá
Febrero 26 de 2010
Los Estados democráticos sustentan su existencia en la participación ciudadana, de lo cual se deriva el régimen tributario. Este, a su vez, requiere como requisito imprescindible de la equidad y la justicia social. Sin él, lejos de lograr la participación voluntaria convierten la obligación ética en imposición abominable que nos vemos obligados a cumplir, más por temor a las sanciones que acaban amenazando la propiedad misma, y su pérdida muchas veces inevitable. Es lo que ha ocurrido con el exagerado y desproporcionado aumento de los avalúos catastrales en Bogotá.
Quienes compramos con grandes esfuerzos, "saltando matones" y a plazos, en lo que en su momento eran extramuros, valorizados como es obvio por la expansión urbana, nos vimos envueltos en esto que el gobierno distrital denomina, con tanta gracia como injusticia en muchos casos, estrato seis, sin que nuestros ingresos estén a la altura de la denominación. Pero en su voracidad impositiva que aqueja últimamente al gobierno distrital, embiste contra "los ricachones del norte" con la ira y el rencor de un toro de casta contra el inocente capote que no tiene la culpa de lo que haga el torero para engatusarlo hasta clavarle triunfalmente la estocada final.
Veamos: quien esto escribe adquirió a plazos un lote en Santa Ana, cuya urbanización abrió ventas a 11 pesos vara. Cuando logró juntar para la cuota inicial había subido a 27. ¡Horror! Pero los urbanizadores, hijos del generoso dueño de la antigua hacienda de don Tomás Rueda Vargas, le dieron generosas facilidades para que, a fuerza de "saltar matones", se hiciera a su propiedad, y la recién fundada Caja de Vivienda Militar le hiciera el préstamo hipotecario para que el entonces joven capitán pudiera iniciar la modesta vivienda, que terminó ya de mayor, gracias a su ascenso, pero, más que todo, a la Guerra del Canal de Suez, a donde fue enviado para representar en el Estado Mayor de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas al Ejército de Colombia, que envió un batallón de infantería. Así pudo, no sólo terminar la casa, sino matar el sinnúmero de culebras que le quedaron pendientes. Tan pendientes como el préstamo hipotecario que tardé con sucesivos reajustes en amortizar.
Bien. Pero incluido a la fuerza en el abominado y denigrado grupo de "ricachones del norte", pago las consecuencias. Cuando elevé un reclamo justificado ante el primero e injusto reavalúo catastral, se me envió una comisión de encantadoras damitas a ver cómo era la cosa. Les señalé la cubierta de madera porque no hubo con qué construirle plancha de concreto. Las tuberías metálicas oxidadas, en fin, los problemas de una morada construida con las uñas. Las damitas se fueron... ¿convencidas? Pocos días después me llegaba respuesta: generosamente me rebajaban 20 mil pesos de los 200 millones de incremento. Ahora me llega la nueva notificación: ¡1.400 millones de pesos! Con esto lo digo todo. Dos veces y media el avalúo anterior. Respetado señor Alcalde: ahóguenos pero sin estrangularnos. Y si se pierden, como es de esperar, los 50 mil millones de pesos de la demanda por el pleito de la 26, que no sean nuestros tributos los que tapen los huecos de la avenida ni el del impacto que ese aerolito causará en el fisco capitalino.
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Andrés Peñate y el DAS. Cuando el deterioro interno del DAS ascendió a la superficie, el Gobierno recurrió a un excelente viceministro de Defensa para conjurar la situación que ya afloraba sin que se conociese su profundidad. No se ha publicado hasta el momento cargo alguno contra él. La transparencia, verticalidad y corrección que lo distinguieron como viceministro de Defensa las aplicó al frente del DAS. No imagino al doctor Peñate entrando a la órbita de descomposición que obligó a la liquidación de una entidad necesaria y útil, como lo demostró en sus orígenes. Pesar grande que Andrés hubiera permanecido tan corto tiempo
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