Más garrote a la extradición

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Febrero 21 de 2010

La Corte Suprema, otra vez, restringe la extradición, cuya defensa, no sobra recordarlo, le costó la vida a una docena de magistrados y un par de ministros de Justicia. A principios del año pasado había limitado la figura, por vía de interpretaciones contrarias a su jurisprudencia previa. En un caso negó la extradición de un acusado por el secuestro de un norteamericano, sobre la base de que el delito sólo se habría cometido en Colombia. En el otro, porque el narcotraficante solicitado en extradición había sido objeto de una condena previa en nuestro país por otro delito.

Con esas decisiones la Corte olvidó que la extradición también es posible cuando víctima o victimario tienen la nacionalidad del estado solicitante y abrió las puertas para que los delincuentes busquen que les inicien procesos en Colombia para evitar su envío al exterior.

Pues bien, ahora la Corte ha negado la extradición de un jefe narcoparamilitar cuyo mote es Diego Vecino, con el argumento de que su extradición socava el derecho de las víctimas a la Justicia, la verdad y la reparación.

Por ahí se enfilaron algunos comentaristas para sostener que esos derechos se habían visto conculcados con la extradición de catorce de los más importantes jefes paras. Lo mismo dice la mayoría de magistrados de la Sala Penal de la Corte. Sostiene que esa extradición puso trabas a la colaboración de esos paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz y que, en consecuencia y para evitar esos mismos males, en este caso debe negarse la solicitud.

¡Que corta es la memoria de algunos! ¿De cuál colaboración hablan? Esos jefes paras que hoy ciertos magistrados de la Sala Penal quisieran tener aquí, con Don Berna y Jorge 40 a la cabeza, son los mismos que cuando fueron extraditados no sólo no estaban contando la verdad y nunca repararon, sino que continuaban delinquiendo desde la cárcel de Itaguí.

Ese es el punto: que los criminales estén aquí o en Estados Unidos no hace diferencia ni para la verdad ni para la reparación a la víctimas. En cambio, negar la extradición sí afecta la Justicia.

En efecto, la colaboración de los delincuentes no depende del lugar donde se encuentren detenidos sino de los mecanismos de coacción que se ejerzan sobre ellos y de los correlativos estímulos que se ofrezcan. Por eso el Gobierno había prometido no extraditar a jefes paras si colaboraban con la Justicia. Pero ahora, por cuenta de la Corte, será al revés. No habrá extradición sino hasta que se decidan a hablar. La consecuencia es obvia: no contarán la verdad o la demorarán, porque saben que mientras tanto no serán extraditados.

Reparación tampoco habrá. O, al menos, no en mayor medida de la muy poca que hay hoy. ¿O acaso están reparando los jefes paras que no fueron extraditados? Ernesto Báez, para dar sólo un ejemplo, ni repara ni cuenta la verdad.

Distinto sería si la Justicia cumpliera su tarea y empezara a expulsar de la Ley de Justicia y Paz a los renuentes a colaborar. Pero no, no lo hace. Y nada dice la Corte sobre la conducta de sus jueces subalternos y de la Fiscalía.

En cambio, inventarse otro motivo para negar la extradición sí afecta los mecanismos de cooperación judicial frente al delito y significa un nuevo y aún más peligroso retroceso en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.