lunes, 22 de febrero de 2010

Víctimas del terrorismo

Darío Ruiz Gómez

El Mundo, Medellín

Febrero 22 de 2010

Los seis asesinados en San José de Apartadó claman justicia como un crimen infame de unos inocentes. Otra cosa, lo dije en su momento, es la manipulación política que se ha tratado de orquestar a nivel internacional para condenar sin previo juicio a algunos militares. Es obvio que este grupo lo hace con fines electorales. Porque la justicia si lo es, no tiene un solo enfoque de los hechos sino que debe enmarcar estos bajo aquello que los produjo y que los causó. Y en el marco general de una guerra, como recuerda George Orwell, el autor de “1984”, un crimen cometido por un grupo de izquierda no es un asesinato político, sino un crimen que debe ser juzgado como tal. De no hacerlo no habría equidad a la hora de enjuiciar los más de 30.000 asesinatos de los Paras. La justicia no puede ser convertida en un valor relativo donde se deja por fuera las razones de las víctimas.

Si el Consejo de Estado reconoce a Iván Cepeda $1.000 millones por el hecho de que el Estado descuidó la seguridad de su padre Manuel Cepeda, miembro del Comité Central del Partido Comunista, en guerra entonces con la llamadas AUC, como también lo dije en su momento, este Consejo de Estado debe reparar con esa misma cifra a cada una de las víctimas de la masacre de “La Chinita”, en Apartadó, perpetrado por las FARC. Esa guerra sucia produjo sucesivas matanzas de trabajadores bananeros que eran bajados de los buses, maniatados y rematados a tiros. Alias ‘Karina’ sabe perfectamente de estas masacres porque participó en ellas y hoy debería ayudar a hacer luces sobre estos crímenes que además contaron con la complicidad de algunos grupos políticos.

Bajar de un bus, como igualmente lo denuncié en su momento, a una campesina y fusilarla porque era novia de un soldado fue otro de los innumerables crímenes de las FARC que contó con el sospechoso silencio de los llamados movimientos de Derechos de la Mujer. La celebración en Madrid del encuentro de las víctimas del terrorismo de Al Qaeda, ETA y las FARC, como los principales grupos terroristas en el mundo ha servido para llamar la atención sobre aquellos que fueron asesinados bajo circunstancias de extrema violencia por parte de estos desalmados. Las fotografías del niño primera víctima de la ETA, la publicación de un libro con el recuento de cada uno de estos crímenes, dejan al descubierto la presencia de viudas, huérfanos, amigos estupefactos que no lograran entender el porqué de estos crímenes cobijados bajo supuestas razones de orden patriótico o reivindicación social.

No deja de ser indicativo en Colombia que el concepto de victima siga siendo manipulado por quienes quieren mirar la violencia únicamente desde los horrendos crimines de los paramilitares pero tratando de que se olvide esta historia de horror del terrorismo político de la guerrilla. La tergiversación que adrede se hace de los hechos conduce a una deformación de la justicia y a una degradación del lenguaje.

Politizar lo que debería ser una convocatoria general a la reflexión sobre la violencia, es impedir que podamos acceder al arrepentimiento y al perdón desde las razones de la justicia que busque el entendimiento y proponga la fraternidad desde una libertad recuperada y entendida como tarea de emancipación frente al terror.

¿Sin valores civiles y sin reconocer nuestras fatales caídas, cómo podríamos enfrenta algo tan espantoso como la nueva violencia que sacude hoy a nuestra sociedad? Una justicia parcializada solo puede conducir a lo peor, y lo peor, miremos las alucinantes cifras de crímenes en Medellín, el asedio a Caucasia, los asesinatos semanales de las Farc antes del show de la entrega de los soldados, supone el vértigo de violencia detrás del cual se encuentra no un enemigo político sino una mentalidad criminal que no ha conocido nunca la mano de la justicia por su gran poder económico. ¿Una justicia que desconoce el concepto universal de terrorismo?



¿Las víctimas enfocadas bajo una óptica política y no humana? Hoy Colombia es el tercer país más amenazado por el terrorismo, según el informe de este encuentro de víctimas del terrorismo en España. ¿Se habrán dado cuenta de esto algunos de nuestros llamados jueces de paz?

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