Editorial
El Colombiano, Medellín
Febrero 23 de 2010
Es evidente que las Farc buscan sabotear el proceso electoral en curso, y de ahí el reciente hostigamiento a las poblaciones del norte del Cauca, Caldono, Cajibío y Jambaló. Hecho que además obedece a una retaliación ante los operativos de la Fuerza Pública de la semana pasada, que dieron como resultado la muerte de alias "Narices", cabecilla del frente urbano Manuel Cepeda Vargas, guerrillero que habría participado en el secuestro de los diputados del Valle.
Las acciones terroristas de las Farc son habituales cada vez que se acerca una justa democrática, pero no por ello dejan de ser siempre graves y condenables. Se hace entonces perentorio contrarrestar su violento accionar, en especial en el Cauca, lugar por excelencia de "campamentos madre" de la guerrilla, ya que se trata de una zona de tránsito, recuperación y aprovisionamiento de sus miembros, así como de almacenamiento de armas y de fluido tráfico de pasta base de coca.
Para las Farc, el control territorial y político del Cauca es clave. Esa región les sirve de refugio contra las acciones de la Fuerza Pública, es corredor de tráfico de drogas y armas entre el oriente colombiano y el océano Pacífico, y zona de influencia del frente sexto y la columna móvil Jacobo Arenas. Desde hace varias generaciones el grupo guerrillero está allí organizado, y si bien la capacidad de sus cuadrillas se ha disminuido, sus milicias aún son fuertes, según información del Gobierno.
Por ello, una de las medidas urgentes tomadas en el Consejo de Seguridad celebrado el pasado domingo en Popayán es avanzar en el desmantelamiento de esas milicias. En buena hora el Presidente Uribe autorizó crear unas estructuras de apoyo integradas por Ejército, Policía, DAS y Fiscalía, con el fin de poder judicializar toda la red de milicianos y encarcelarlos.
No sobra repetir, y de ser preciso hasta el cansancio, que ningún lugar del territorio nacional puede estar sin vigilancia del Estado, de acuerdo con el mandato constitucional que les obliga a las autoridades de la República proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y derechos. Como bien lo dijo el Presidente Uribe, "no podemos aceptar republiquetas de delincuentes".
Es indispensable dar con el paradero de los milicianos y determinar legalmente sus responsabilidades en los actos terroristas, al tiempo que el Gobierno tiene que consolidar su política de inversión social en la zona.
Resulta paradójico, por decir lo menos, que por un lado las Farc estén preparando, supuestamente, una propuesta de paz y, de otro, incumplan con las liberaciones anunciadas de los secuestrados Moncayo y Calvo, cuando el Gobierno ya les ha dado todas las garantías. ¡De nuevo usan la vida humana como botín político! ¿Quién les va a creer a las Farc?
En noviembre de 2009, cuando las Farc realizaron otro ataque en los rincones del Cauca, informamos que allí están muy organizadas, además que la pelea será dura, pero que el país no puede reversar en su lucha contra el terrorismo. Hoy lo reiteramos y volvemos a preguntar: ¿Qué interés hay en desprestigiar al Presidente Uribe y a las Fuerzas Armadas? ¿A quiénes beneficia que la Política de Seguridad Democrática se erosione? ¿A quién le creemos?
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