José Félix Lafaurie
Vanguardia Liberal, Bucaramanga
Febrero 21 de 2010
El recrudecimiento de la criminalidad es un hecho. Alimentada desde diversos frentes, partiendo del que no se ha podido extirpar, del que rebrota y de la delincuencia común, su crudeza nos retrotrae a la época en donde el asesinato, el secuestro, y la extorsión, eran la regla en nuestros campos. 42 ganaderos asesinados en Córdoba en lo corrido del año es una señal muy grave de lo que está ocurriendo, sin que se nos olvide el brutal asesinato del Gobernador del Caquetá.
Mucho me temía que si la sociedad colombiana no llenaba, económica, social e institucionalmente, los espacios que se iban abriendo, primero, con los procesos de paz con los grupos al margen de la ley, y luego, con las exitosas operaciones militares, tarde que temprano iban a aparecer grupos delincuenciales anárquicos diseminados por todo el país. Así ocurrió en otros países, y no tardaron en aparecer en nuestro territorio las denominadas “águilas” y las bandas criminales, bacrim. Mucha sangre de colombianos se derramó en la etapa de surgimiento de las Farc., del paramilitarismo y del narcotráfico; mucha sangre de nuestros militares corrió para abatirlas, y mucha sangre, también de colombianos de bien, está quedando en los campos por el accionar de esta delincuencia.
He sido un convencido de las bondades de recuperar nuestros campos. Desde hace muchos años, por allá cuando me aproximé a la política con Álvaro Gómez e inicié mis primeros garabatos editoriales, he sostenido la necesidad de crear condiciones para capitalizar el campo. Posteriormente, y con motivo del Congreso Ganadero de 2004, me atreví a plantear unas estrategias para obtener una desmovilización exitosa bajo el convencimiento de que era necesario “ganar el campo”. Luego incursioné en una visión más amplia sobre el sector rural bajo el enfoque del posconflicto y el desarrollo, explorando su potencialidad para jalonar el desarrollo económico del país, el papel que juega en la economía mundial y en el proceso de pacificación del país, junto con otros tópicos de gran interés avenidos con el surgimiento con fuerza de los biocombustibles.
No se trata de vanidad, pero hoy como ayer, el campo ha sido el escenario de la confrontación de la criminalidad, y hoy como ayer, la sociedad colombiana no ha repensado el sector rural de cara a esos ya tradicionales problemas y menos frente a los retos que impone el ya adelantado siglo XXI.
Los del sector rural seguimos mendigando soluciones, luchando por el territorio contra narcotraficantes, contra una insurgencia que no se sacia. Sentimos el gran abismo que crean las abultadas chequeras de los países ricos que subsidian sus actividades productivas rurales, y percibimos, a nuestro pesar, que el Gobierno también nos ha dejado al garete.
También hay que revisar nuestras bases jurídicas para combatir el crimen. Hay que revisar el Código de Procedimiento Penal y el Sistema Penal Acusatorio oral. No entendemos por qué un Juez deja en libertad a miembros de bandas delincuenciales sin mayor reparo. Eso es una señal negativa para la sociedad, una pérdida de esfuerzos, de recursos, y un factor de desmoralización para la Fuerza Pública en su lucha contra la delincuencia.
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