Alfonso Monsalve Solórzano
El Mundo, Medellín
Febrero 28 de 2010
La Corte Constitucional tomó su decisión y todos debemos acatarla. Los argumentos de que las formas de la democracia, que Rawls llamaría reglas de justicia, expresan contenidos y valores de la interacción política, como la transparencia, el derecho a la igualdad y el equilibrio de poderes, es respetable, como lo es la tesis contraria, defendida por muchos colombianos, entre los que me cuento, de que el pueblo como constituyente primario tenía el derecho a decidir si la posibilidad de un tercer mandato, para Uribe o para cualquier otro, era viable.
Pero como dijo el presidente, el que algunos han llamado estado de opinión está sujeto al estado de derecho, y los jueces constitucionales hablaron.
Ahora bien, una decisión de este tamaño, así se arrope en el lenguaje jurídico, tiene un fondo político inevitable, porque la Constitución no es la constitución jurídica sino la Constitución Política de un país. Siempre quedará la duda de si la decisión fue sesgada o imparcial. Yo pienso que es lo último, y sin embargo creo que fue determinante para ella que la popularidad de Uribe, mayoritariamente indiscutible durante mucho tiempo –más de siete años- comenzó a resquebrajarse, pues pasó de ser mayoría absoluta, con niveles superiores al 70%, a ser la primera de las minorías, con una aceptación por debajo del 50% en los últimos meses y, específicamente, en las últimas semanas.
El manejo dado al tema Agro Ingreso Seguro, pero especialmente, el de la reforma al Sistema de Salud, fue tan chapucero, que esos ministros (Fernández y Arias, de un lado, pero sobre todo Palacio), lograron con sus errores y su estilo, lo que la oposición en su conjunto no pudo hacer: golpear irreparablemente la imagen del presidente. Aunque sólo sea a manera de futurible (lo que hubiera pasado si en lugar de lo que realmente ocurrió hubiese sucedido otro evento), a la Corte le hubiese quedado muy difícil declarar inexequible el proyecto de referendo si el presidente hubiese mantenido los estándares de popularidad que exhibía, y que hacía ver como pigmeos a sus opositores.
Mi hipótesis sólo tiene un carácter heurístico. Lo que importa ahora es el futuro. A mi modo de ver el legado del presidente Álvaro Uribe, especialmente la seguridad democrática, debe preservarse porque el país y su Estado aun no han ganado la confrontación interna. Esta política tendría que ser un tema de Estado y no de gobierno, es decir, un asunto en el que debería haber un acuerdo de todas las fuerzas políticas que participan en el juego electoral y de los grupos sociales que los apoyan. Pero ese no es el caso. Ya los enemigos de esta política, los de aquí y los de Venezuela, etc., estarán pasando la resaca de la celebración que les produjo el fallo de la Corte y comenzando a concebir estrategias (si es que no las habían diseñado y comenzado a realizar antes) para llevar al gobierno un candidato que abra el espacio de la negociación con los grupos armados ilegales a cualquier precio, es decir, a retrotraer al país a los años 1998 -2002.
Lo grave del asunto es que la decisión de la Corte se prolongó en el tiempo por razones no imputables a ella, y dentro de los políticos que pudieran heredar las banderas de Uribe no hay uno que sea capaz de aglutinar a los colombianos de todos los sectores y de todas las regiones como lo ha hecho el presidente. Su carisma y capacidad de comunicación son reconocidos por todos. Por supuesto, hay gente muy preparada, como el ex ministro Juan Manuel Santos, y también es cierto que la legitimidad de la democracia del estado de derecho es la que produce la legalidad y no la personalidad del líder, pero ésta cuenta, dentro del marco de dicho estado, a la hora de aglutinar a un pueblo en torno a problemas tan esenciales como la supervivencia del modelo político plural que tenemos.
Y ante la ausencia de un líder carismático, el mecanismo para escoger y promocionar su sucesor se torna en la tarea prioritaria. Es menester un candidato rodeado de todos aquellos que acompañaron a Uribe, que sea conocido por sus ejecutorias dentro del actual gobierno, que pueda ir ganando muy rápidamente –y dentro de su estilo- credibilidad y confianza entre el pueblo como digno sucesor del presidente, de tal manera que éste pueda elegir con la tranquilidad de que lo esencial se mantendrá (la seguridad democrática) y lo mejorable se mejorará.
Crear un consenso y lograr mantener la fidelidad de los ciudadanos a las políticas del presidente y no a su persona, va a ser una tarea difícil. Sin Uribe como candidato, muchos políticos declarados uribistas buscarán encontrar refugio en otras filas y jurarán lealtad a sus nuevos jefes. Sin Uribe como candidato, la gente de carne y hueso debe tener referentes claros. Las disputas internas podrían conducir al proyecto de la seguridad democrática a su fin. Lo que está en juego es el destino de la nación, de ahí que acertar en la sucesión sea definitivo.
Juan Manuel Santos, insisto, puede ser ese líder. Su desempeño en el Ministerio de Defensa fue brillante. Su posición durante el limbo del referendo, leal con el presidente. Pero tendrá que trabajar mucho en su imagen, en esa sensación de lejanía con la gente, en su capacidad de comunicar, en convencer que representa al país entero y no a la aristocracia bogotana. Creo que tiene la inteligencia y las ganas que se requieren para lograrlo.
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