Por Rafael Guarín*
Semana.com, Bogotá
Mayo 20 de 2009
Hay que comenzar por aceptar que sí hay falsos positivos, vínculos de miembros de la fuerza pública con el narcotráfico e interceptación ilegal de comunicaciones; además, que constituyen el más duro golpe que ha recibido la legitimidad de
De la misma forma, se debe reconocer que es cierto que la guerra política, por razones tácticas y estratégicas, es en este momento el frente fariano y eleno más importante. Por física ignorancia, olvido o complicidad, se omite que la lucha revolucionaria presenta diversas formas. Se emplean armas que con menos riesgos, mayor economía y seguridad, garantizan superiores resultados; entre ellos la propaganda y la guerra jurídica.
Los falsos positivos son la mejor oportunidad para combinar ambos elementos. Son el motor de una campaña de propaganda que busca persuadir a los ciudadanos y a la comunidad internacional de que las bajas propinadas por el Ejército a las filas guerrilleras son una especie de masacre sistemática del Estado colombiano contra la población civil.
Un falaz argumento destinado a embaucar incautos. La técnica es muy sencilla: se trata de convertir en regla conductas criminales que son la excepción, agregando mentiras que las generalizan y amplifican. Por ejemplo, Anncol, una de las agencias de noticias de las Farc, reproduce un artículo publicado el pasado 22 de marzo en el periódico mexicano “
En todo caso, el hecho de que existan asesinatos perpetrados por corrompidos militares crea un ambiente que le otorga credibilidad a cualquier denuncia, sin importar su veracidad, contribuyendo a la propaganda y a la guerra jurídica que adelantan las organizaciones terroristas. La guerra jurídica no es un invento, es una táctica que busca destruir la voluntad de lucha de la fuerza pública y contener su acción.
En España, los etarras son instruidos para que al ser capturados digan a los jueces que han sido torturados y objeto de tratos inhumanos y degradantes. Los manuales de adiestramiento y seguridad de la banda terrorista vasca y los “Zutabe” (publicación interna) incautados por las fuerzas y cuerpos de seguridad enseñan esa treta. ¿Por qué en Colombia esas falsas denuncias no pueden ocurrir?
A pesar que es innegable, como lo afirma el general Fredy Padilla, que “el número de integrantes de las fuerzas militares incursos en delitos o que cometen errores es infinitamente pequeño, comparado con la gran cantidad de uniformados comprometidos con su deber”, las anomalías erosionan poco a poco la legitimidad de la fuerza pública y de la política de seguridad.
De no corregirse, tarde que temprano se reflejará en el apoyo popular y en la presión de la comunidad internacional, dos objetivos tácticos fundamentales en la estrategia fariana. No se debe volver al pasado donde los ciudadanos observaban con sospecha a un policía y con miedo a un soldado.
La política de Seguridad Democrática requiere de un urgente rearme moral que pasa por que dichos crímenes no queden en la impunidad. También necesita una efectiva respuesta a la propaganda y un apoyo decidido a los militares víctimas de tales montajes.
La reelección de la seguridad democrática en 2010 es un imperativo para acabar a los grupos armados ilegales. Pero no puede ser un cheque en blanco. La necesidad de mantener una política de firmeza contra el terrorismo no debe ser un aval a situaciones que violan el Estado de Derecho. Si se reelige deberá ser sin la posibilidad de que se repitan falsos positivos, chuzadas y criminales vestidos con traje de fatiga.
Pregunta: ¿Por qué será que la farcpolítica no tiene la atención de los medios de comunicación y de los columnistas?
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