La des-institucionalización

Por Alfonso Monsalve Solórzano

EL Mundo, Medellín

Mayo 24 de 2009

Se ha dicho que temas como la segunda reelección des institucionalizan al país porque modifican la Constitución –norma de normas- para acomodar la estructura jurídica del país al servicio de una causa personal, la del presidente y sus amigos.

No obstante, como aquí se ha argumentado, reformar la Constitución mediante los mecanismos establecidos por ella, para dar salida a un tema que las mayorías colombianas consideran que es conveniente para el supremo interés de la nación, conseguir la paz, es precisamente hacer uso de las posibilidades institucionales para fortalecer la democracia sin desmontar los derechos fundamentales (columna vertebral del sistema). 

Tramitar en el marco de la Constitución una reforma a la misma, es mucho más respetuoso del Estado de derecho que la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 9 de octubre de 1990, que contrariando lo establecido por la Constitución de 1886, que sólo aceptaba reformas a la Carta, declaró inexequible el Decreto 1926 que le fijaba límites en sus competencias a la recién nombrada Asamblea Constituyente, lo que la convirtió en un poder constituyente pleno que suprimió la antigua Carta y formuló una nueva. 

La reforma aprobada esta semana, en esa línea de argumentación, es una iniciativa que, además, tendrá el control de la Corte Constitucional, que no es cómo se ha querido vender al país, un órgano de bolsillo del primer mandatario como lo prueba, entre otras cosas, el que su presidente, Nilson Pinilla, señalado de ser ficha uribista, firmara la carta de los presidentes de las Cortes, el Consejo de Estado y el Vicefiscal General, reclamando del presidente un pronunciamiento sobre las chuzadas y seguimientos. 

Y, por supuesto, en caso de que la reforma supere ese filtro jurídico –porque si no los supera, todo el mundo acatará la decisión, como ocurre en nuestro Estado de derecho- todavía tendrá que superar la suprema prueba de satisfacer las condiciones del referendo y ganarlo. Así es como funcionan las instituciones. 

En cambio, pedir la presencia del Relator Judicial de la ONU, como lo hace el presidente de la Corte Suprema de Justicia, nadie menos que el vocero del máximo tribunal de la justicia colombiana, es un desatino. Que los jueces supremos envíen señales al mundo de que el sistema judicial que ellos manejan, contra toda evidencia, no tiene condiciones objetivas para funcionar, es una petición de principio que da por sentado que piensan que el alto gobierno es culpable de las chuzadas y seguimientos, antes haberse investigado y vencido en juicio a los que resultaren comprometidos. 

Digo que contra toda evidencia, porque la CSJ ha elevado cargos y llamado a juicio a quienes, en su sabiduría, considera que pueden ser imputados de delitos, y ha utilizado los medios recomunicación, con amplísima difusión, para presentar sus preocupaciones. Y también se ha tomado el tiempo que quiere, excesivo para algunos, para iniciar los juicios sobre la guerrillopolítica. 

En mi criterio, se busca deslegitimar el Estado de derecho para deslegitimar a Uribe, algo que sería inaceptable para los colombianos porque se trataría de hacer política a nombre de la justicia y porque abre puertas a la ingerencia internacional en nuestros asuntos internos de impredecibles consecuencias. El propio Procurador Alejandro Ordóñez se opuso a esta petición, demostrando que la Fiscalía (que forma parte del sistema judicial) y el órgano de control que él dirige, ya habían comenzado a investigar. 

Ante una amenaza de esas dimensiones, el gobierno nacional ha tenido que acelerar el trámite para la presencia del Relator de la ONU, (que ya había sido invitado desde febrero de este año, por otras razones), quizá porque entiende que un tercero-si fuere imparcial- podría poner las cosas en su sitio, aunque el país está viendo como los medios implicados en la denuncia de la participación de altos funcionarios del gobierno en las chuzada y seguimiento, han comenzado a retractarse. Aun así, pienso que el gobierno también comete un error, por las razones expuestas. El criterio según el cual de dos males el menor, no podría aplicarse en este caso.