Editorial
El Tiempo, Bogotá
Mayo 26 de 2009
En grave crisis económica, Chávez amenaza a los medios, incrementa las nacionalizaciones y atormenta a los opositores.
Si no fuera por la gravedad de lo que está en juego, la reciente arremetida del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contra el canal Globovisión no sería más que un episodio chabacano y tropical.
El mandatario se enfureció porque el 4 de mayo pasado la cadena publicó información sobre el terremoto que sacudió al país. Según el Gobierno, el contenido fue inexacto, se anticipó a los reportes oficiales y generó zozobra en la población.
Las autoridades oficiales abrieron un proceso contra Globovisión -por "terrorismo mediático"-, que podría terminar en un apagón de la señal por 72 horas. La quinta de su director, Guillermo Zuloaga, fue allanada por los organismos de seguridad y encontraron más de 20 vehículos nuevos. El Gobierno está cuestionando la legalidad de estas posesiones en perjuicio de Zuloaga.
El incidente ha generado profunda preocupación. Globovisión es uno de los pocos medios de comunicación de oposición y aún están abiertas las heridas que generó el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), otra estación que criticaba al régimen.
Los organismos internacionales más importantes para la defensa de la libertad de expresión han rechazado la andanada de Chávez.
Los relatores de
Pero Chávez insiste en la legitimidad de su abusiva acción -Globovisón ya tiene tres investigaciones en curso- y tanto su ira intensa como sus antecedentes con el cierre de RCTV obligan a pensar en lo peor y a encender todas las alarmas posibles sobre la suerte de las escasas expresiones de crítica que van quedando en los medios de comunicación.
Para nadie es un secreto que el régimen bolivariano ha ido sometiendo al silencio a la voz mediática de la oposición.
De hecho, desde su último triunfo electoral, el pasado 15 de febrero, en un referendo que aprobó una enmienda constitucional para permitir la reelección indefinida de Chávez, el Gobierno se ha endurecido en su talante autocrático e intolerante. A las principales figuras del antichavismo la justicia les abrió procesos de investigación.
El caso más llamativo -que no es el único- es el del ex candidato presidencial Manuel Rosales, ahora asilado en Perú. En forma paralela, el Gobierno y sus amplias mayorías legislativas han creado figuras administrativas por encima de los cargos que la oposición ganó en las elecciones locales del año pasado.
A Antonio Ledezma, alcalde de Caracas -la conquista más preciada del antichavismo en muchos años- el Gobierno le montó una autoridad superior en funciones y márgenes de acción.
La radicalización de la revolución bolivariana no se limita al campo político.
A finales de la semana pasada, Chávez anunció que su Gobierno asumirá el control de cinco empresas metalúrgicas y una de cerámicas que operan en el sur. Después de la nacionalización de 35 compañías de transporte, ya se decretaron nacionalizaciones de otras 39.
También se acaba de conocer la adquisición estatal del Banco de Venezuela, mediante un millonario negocio de compra al grupo español Santander.
El paquete suscita una amplia lista de interrogantes sobre la profundización del carácter socialista del régimen, los conflictos con países inversionistas en empresas estatizadas (con Argentina ya hay un conato de conflicto por la eventual nacionalización de la firma Techint) y hasta de la forma como son tratados los trabajadores en esas empresas.
Chávez, en fin, decidió jugar duro en los tiempos de crisis económica, que normalmente son enfrentados con prudencia. Una apuesta riesgosa.
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