Una buena noticia

Por Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Mayo 31 de 2009

 

Una buena noticia para Antioquia y para la primacía de la verdad, tan necesaria en nuestro país, se divulgó en El Colombiano: en la conciliación ante el fiscal 114, el pasado 4 de Mayo, Claudia López se retractó de la acusación que hizo contra el gobernador Luis Alfredo Ramos de haber buscado y recibido apoyo paramilitar para su reelección, publicada en la edición 765 de la revista Cambio, del 28 de febrero y el 5 de marzo de 2008. Como se sabe, el actual gobernador la había demandado por injuria.

López, como lo recuerda el diario citado, dijo, según Cambio, que “lo atípico de la votación de Ramos no es que haya crecido, sino cómo y dónde creció. Que haya crecido en el norte del departamento y el Valle de Aburrá es normal, pero en Urabá, el Nordeste y el Bajo Cauca rompió la tradición de un siglo, porque su partido, de origen conservador, nunca ganaba allá. Pudo ser elegido sin el apoyo paramilitar, pero él decidió no hacerlo”. 

A la pregunta del gobernador, frente al Fiscal, de si estaba de acuerdo con la frase “pudo haber sido elegido sin el apoyo paramilitar, pero decidió no hacerlo”, López respondió: “El doctor Ramos menciona una entrevista de la revista Cambio de cuya edición no soy responsable. En múltiples oportunidades (...) he afirmado, públicamente, que no he hecho sindicación penal ni legal de ninguna naturaleza, en el sentido de que no hay prueba alguna de que haya recibido apoyo o haya sido elegido por los paramilitares”, ante lo cual el gobernador acepta la explicación y desiste de la demanda. 

Me alegro por el gobernador Ramos, que reivindicó, una vez más (como se sabe, ya la Fiscalía había dicho tiempo atrás que no había mérito para investigar al gobernador), su honra y su trayectoria, pero esta vez con el plus de que lo hizo con base en las declaraciones de su encarnizada detractora, lo que cierra cualquier asomo de duda. 

Me alegro por Antioquia, que asegura su gobernabilidad, es decir, el ejercicio del gobierno y de la oposición dentro de parámetros normales. Al gobernador se lo medirá por sus acciones y resultados como primer mandatario del departamento y no por afirmaciones que han resultado calumniosas. 

Pero me alegro también por la verdad, que tanto necesita el país. Al realizar esa declaración (que por otro lado compromete a la revista Cambio) López acepta que su hipótesis de la atipicidad electoral es insostenible porque se revela como falsa. 

Esa hipótesis, recuérdese, sostiene que alguien es culpable de trato con los paramilitares y reo de parapolítica porque consiguió una votación atípica, de acuerdo a su interpretación de atipicidad de López, que no tiene en cuenta la consideración del voto de opinión ni de la evolución de la opinión pública (el que nace liberal o conservador o lo que sea, se muere, y una zona que tradicionalmente ha sido de un determinado matiz, debe seguir siendo de ese matiz para siempre) y, por tanto, prescinde del hecho, ese sí comprobado, de que la opinión política es dinámica. Sobre esta hipótesis, el gobernador Ramos y otros políticos habrían sacado votaciones atípicas en determinadas zonas, en razón de que éstas estarían en poder de los paramilitares, que habrían desplazado a los partidos tradicionalmente dominantes en ellas. Para semejante afirmación no aportaba López prueba alguna. 

El asunto es, como lo señala Iván Restrepo Lince en carta enviada al Procurador, que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía han considerado la hipótesis de López y sus colegas de Arco Iris como elemento para condenar a acusados de parapolítica; la convirtieron en una verdad irrebatible. Pero, refutada por los hechos, la atipicidad electoral, luego de la admisión de López, su autora, pierde todo peso. Esta hipótesis fue criticada en su momento por distintos analistas políticos. Pero este es un país en el que la ponderación de los argumentos, el examen de su razonabilidad y su asidero en la realidad no importan, cuando se trata de asentar una posición política o dañar a alguien. 

Por supuesto, hay políticos que son, han sido, han cooperado y/o se han beneficiado de los paramilitares. El peso de la ley debe caber con todo rigor sobre ellos. 

Pero una justicia que acepta la hipótesis de la atipicidad electoral como elemento probatorio, pierde credibilidad ante el país. Y el valor más importante de un juez radica en que sus sentencias, aun si se equivoca, sean acatadas no porque la amenaza de sanción se cierna contra el que las impugne, sino porque la sociedad cree en la rectitud de sus jueces. La confianza en el juez es la confianza en el sistema judicial y en la democracia.

Si los ciudadanos desconfían de sus jueces, la democracia se trastoca, porque comienzan a ver a sus protectores, aquellos que le garantizarían un juicio imparcial y un debido proceso, como los portadores de la injusticia y del peso del poder del Estado en contra de sus derechos. Sería el leviatán vestido de toga devorando a sus ciudadanos. Sería la peor dictadura de los jueces.