¿Relator de la ONU?

Por Edmundo López Gómez

El Universal, Cartagena

Mayo 26 de 2009

 

Tiene toda la razón el respetable señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez, en oponerse a la presencia de un Relator de la ONU “para la independencia judicial”, medida que se tomaría por petición de la Corte Suprema, que no por provenir de nuestro más alto Tribunal de Justicia, deja de ser una solicitud impertinente.

 

Tal clase de peticiones prospera a manera de sanción en países donde la administración de justicia y el ejercicio del poder público, a través de otros órganos estatales, han hecho crisis, y en Colombia esas condiciones, afortunadamente, no se han dado, como para que pudiera justificarse semejante iniciativa.
En verdad, si es por la investigación de las llamadas chuzadas atribuibles al DAS, según las acusaciones que han trascendido, lo que le consta a los colombianos es que el hecho que ha sido objeto de los reparos enardecidos de los togados supremos, está siendo investigado con celeridad inocultable por la Fiscalía General y por la Procuraduría General de la Nación, sin que haya vencido término alguno en los trámites judicial y disciplinario, como para que la Relatoría de la ONU tomare nota y procediera en consecuencia por falta de garantías o cosa parecida.

Pero no. Más allá de los calificativos acertados, utilizados por el procurador Ordóñez al señalar la petición de la Corte Suprema como “apresurada, prematura y riesgosa”, podría estimarse que es tal el grado de animadversión de sus miembros contra el gobierno del presidente Uribe que han llevado los desafectos hasta el punto de pretender afectar su imagen internacional; con lo cual no han demostrado ecuanimidad alguna sino, contrariamente, una actitud desbordada propia de políticos en acción.

La gestión de la justicia, en cabeza de la Corte y de la Fiscalía, contra fenómenos tan graves como el paramilitarismo, y las acciones de la Procuraduría para investigar los funcionarios públicos incursos en presuntas y graves irregularidades -como las atribuidas al DAS-, lejos de mostrar incuria de esos órganos del poder público, han demostrado celeridad y eficacia, y acaso, el único órgano que no ha merecido ninguno de estos atributos, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, cuyas funciones judiciales (las tiene para investigar a los integrantes de las Altas Cortes) viene ejerciendo con evidente ineptitud; penosa realidad que sí nos debe avergonzar y que algún día podría ser materia del examen por parte de Relatores de la ONU, si se llegare a plantear su intervención por esta causa.

Creo que la politización de la justicia es uno de los peores males que padece nuestra nación por estos tiempos y que algunas veces se quiere cubrir bajo el camuflaje de “la solidaridad de cuerpo”, como lo alegara la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, cuando se sumó a la actitud de los magistrados de la Corte Suprema sin dar otro argumento distinto que el de situarse al lado de sus colegas, pues en tal clase de solidaridad queda explícita una postura política inaceptable.

En fin, es de celebrar la actitud tranquila y ejemplar del Procurador Alejandro Ordóñez, al haberle salido al paso a la insólita petición de nuestra Corte Suprema de Justicia.