Por Saúl Hernández Bolívar
El Tiempo, Bogotá
Mayo 26 de 2009
Cada vez estoy más convencido de que un nuevo periodo consecutivo del presidente Uribe es inconveniente tanto para el país como para él mismo, pero no por las razones débilmente expuestas por la oposición, en torno de un supuesto deterioro de la democracia y de una hipotética desinstitucionalización del país, sino por la intransigencia de una minoría que quiere instalar su propia dictadura poniéndonos al borde de la ingobernabilidad.
Es una verdad de Perogrullo que la democracia es el gobierno de las mayorías, y que si bien las minorías no deben arrinconarse o liquidarse, es una quimera pretender que estas impongan su voluntad. Al respecto, el ex senador Amílkar Acosta -en un escrito contra la reelección titulado 'El estado del malestar' (febrero de 2009)-, cita un principio irrefutable: "En el sistema democrático, el que ganó no puede destruir al que perdió, ni el que perdió puede hacer invivible
Ahora se habla de la desinstitucionalización del país aludiendo, a grandes rasgos, al ocaso de los partidos y a la primacía -no 'dominio'- del poder presidencial sobre las otras ramas. Pero es osado decir que la decadencia de los partidos y de la política sea obra del actual Gobierno cuando podría aseverarse más bien lo contrario, que el ascenso de una figura como Uribe es fruto de las abominables administraciones precedentes y las incalificables costumbres políticas -aún en práctica-.
Igualmente, la hipertrofia de la cabeza del Estado no es un asunto nuevo ni autóctono, sino un problema generalizado, basta ver el vecindario. Pero tiene matices. De un lado, es lógico que el declive de los partidos se refleje en los órganos de representación como el Congreso. No se puede tener un 'Congreso admirable' cuando la mayoría de sus miembros no son dignos de admiración.
Del otro lado, no puede decirse alegremente que
En cuanto a la presunta inconstitucionalidad de la reelección, habría que preguntarse si ¿acaso fue constitucional suplantar
En ese entonces primaron varios conceptos que deben ser igualmente válidos hoy, como que la "séptima papeleta suscitó un verdadero plebiscito que no requiere prueba, pues se trató de un acto masivo y público"; que el país reclamaba "el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del orden jurídico"; que el constituyente primario tiene toda la competencia para ejecutar cambios y que "el no acceder a este clamor del pueblo será, sin ninguna duda, un factor de mayor desestabilización del orden público" (EL TIEMPO, 03-10-1990).
Nada más masivo y público que el apoyo popular de Uribe, nada más evidente que el reclamo de permitir su continuidad... Lo bueno es que ningún uribista se va a enojar si no se logra, ni Uribe se va a comportar como el Santos Banderas de cierto país vecino.
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