De inhabilidades e incompatibilidades

Por Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Mayo 25 de 2009

Uno de los temas más desagradables de la política es el de la mecánica política, que no siempre se circunscribe a lo netamente electoral sino también a cómo ganar apoyos y suscribir pactos para mantenerse en el poder o alcanzar ciertos objetivos de participación a través de puestos y contratos. Pero vale la pena analizar el grado de atraso e inmadurez política de nuestro país en materia de inhabilidades e incompatibilidades, normas de dudoso beneficio que son implantadas, a su amaño, por personas –legisladores o magistrados– que tienen muchos intereses en el tema.

Las inhabilidades tienen por objeto excluir “a ciertas personas que, por su particular posición, situación o influencia, pueden efectiva o potencialmente influir, perturbar o cambiar la libre voluntad de los electores” (Consejo de Estado, Sentencia del 9 de mayo de 1971). Pero el asunto está plagado de absurdos. 

Por ejemplo, si el Alcalde de Bogotá quiere lanzarse a la Presidencia, tendría que renunciar un año antes de las elecciones, como lo hizo alguna vez Antanas Mockus. Lo mismo tendría que hacer cualquier gobernador, como el de Antioquia; pero el Alcalde de Medellín, que maneja un presupuesto mayor que el Gobernador, no está obligado a hacerlo pues el único alcalde inhabilitado en este caso es el de la capital. 

En la última contienda electoral de Estados Unidos participaron varios funcionarios sin renunciar a sus cargos. Una vez pasados los comicios, John McCain siguió como senador y Sarah Palin como gobernadora de Alaska, mientras que los senadores Hillary Clinton, Joe Biden y Barack Obama dejaron sus sillas en el Congreso para dedicarse a sus nuevas ocupaciones, todo eso sin mayor drama. 

En Colombia, los senadores tampoco están inhabilitados para lanzarse a la Presidencia (Art. 197 de la Constitución), pero los ministros –caso Juan Manuel Santos o Andrés Felipe Arias– tienen que renunciar un año antes para no inhabilitarse. Y, en ese orden de ideas, habría que preguntarse por qué la Ministra de Cultura está inhabilitada y la senadora Ramírez no; o por qué puede lanzarse el Alcalde de Cali pero no el Gobernador del Chocó. 

Es cierto que un ministro es más visible que un senador, y que tiene a su haber importantes partidas presupuestales que ejecutar, pero a menudo el ministro es un tecnócrata que al salir del cargo vuelve a ser un ciudadano de a pie mientras que muchos congresistas son verdaderos caciques regionales y nacionales como Juan Carlos Martínez –recién capturado por supuestos nexos con el narcotráfico–, quien manda en el Valle a pesar de que en el Senado ni se le conoce la voz. 

Las inhabilidades son previsiones de fingida asepsia que ocultan una alta dosis de hipocresía y no poca ingenuidad, en tanto que las componendas, bajo la mesa, son peores de lo que se pretende subsanar con esos impedimentos que en el transcurso de los años han demostrado ser completamente inútiles. 

Sin perjuicio de inhabilidades obvias en materia de edad, lugar de nacimiento y residencia, antecedentes judiciales y sanciones disciplinarias, profesionales o de responsabilidad fiscal, entre otras, las inhabilidades se deberían circunscribir a dos aspectos: 1) que el ejercicio de un cargo público conlleva la prohibición de no utilizarlo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política (Código Penal, Art.  127); y 2) que el ejercicio de un cargo acarrea el deber de “dedicar la totalidad del tiempo de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas” (Ley 734 de 2000). Por tanto, debería concedérsele a cualquier servidor público la presunción de inocencia hasta no demostrarse que ha usado su puesto para presionar ciudadanos a su favor, permitiéndole nominarse a otros cargos y sólo renunciando al que tiene cuando el fragor de la campaña no le permita dedicar todo el tiempo al cumplimiento de sus funciones. Eso sería más sensato y maduro que seguir viendo los intentos repetitivos de meterle palos al engranaje político como eso de querer prohibirles a diputados y concejales que se lancen al Congreso.