Justicia y política

Editorial

El País, Cali

Mayo 31 de 2009

En días pasados, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia envió a la Secretaría General del Congreso de la República un oficio pidiéndole que certifique si los 86 representantes a la Cámara que votaron afirmativamente por el referendo sobre una nueva reelección presidencial pertenecen a esa Corporación. ¿Qué consecuencias puede producir ese requerimiento? 

En principio, y como lo aclara la Corte en un comunicado posterior, la solicitud sólo indica una apertura formal de investigación para determinar si la denuncia por prevaricato presentada por el también representante y miembro del Polo Democrático Alternativo Germán Navas Talero amerita abrir un proceso contra sus colegas. Pero para quienes no conocen el mundo judicial, y así lo trate de negar la Corte, esa actuación es la cabeza de un proceso penal. 

 

Cómo termine, es otra cosa: puede declarar auto inhibitorio, lo que significa cancelar cualquier actuación contra los legisladores. O puede abrir formalmente una investigación, con lo cual dará a entender que tiene serios indicios de que se cometió un delito y de que los 86 congresistas que votaron a favor pueden estar vinculados al posible ilícito. En ese caso, la misma Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia actuará como investigador y juez. 

 

Esa actuación judicial, en apariencia inofensiva, tiene consecuencias políticas: se produce en medio de una conciliación entre la Cámara y el Senado; se origina en una actuación política, el voto a un proyecto de ley que aprueba un referendo; se inicia con la denuncia de un opositor político a la decisión mayoritaria; se basa en la supuesta ilegalidad de un proceso político de recolección de firmas, que según el denunciante debió ser esperado por los legisladores para aprobar la ley, y castigará la decisión libre y soberana de quienes son investidos por el pueblo para votar en la elaboración de las leyes. 

 

Entonces, la actuación de la Sala Penal sí tiene repercusiones en el proceso político de aprobar o negar el referendo que haría posible la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. Tan clara relación es la que hace preguntar si no estamos ante otro ejemplo de la politización de la Justicia, que empezó cuando el congresista de la oposición Navas Talero presentó su denuncia, el último recurso para desconocer el voto de las mayorías. Y si no estamos ante la judicialización de la política, cuando la Corte inicia un proceso penal por prevaricato contra quienes aprobaron una decisión política de las mayorías. 

 

Que se investigue si el proceso de recolección de firmas fue realizado de acuerdo con la ley es una cosa; esa investigación deberá decir también si, en caso de encontrar ilegalidades, el proceso del referendo es nulo. Pero será otra, y con consecuencias muy graves para las instituciones, que se acuse a los congresistas de prevaricato. Además, se desconocerá la independencia del Legislativo y la atribución de la Corte Constitucional para revisar la legalidad de los actos que reforman la Constitución. 

 

El asunto no es entonces si se está de acuerdo o no con la reelección, sino si la Justicia puede interferir en las decisiones políticas. ¿Es eso legal y conveniente para Colombia?