De objeciones e incoherencias

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Octubre 26 de 2009

Las decisiones absurdas de la Corte Constitucional dejan ver a menudo los tornillos de una Carta Política redactada con muy buenas intenciones pero poco realismo, que por andar pregonando derechos a diestra y siniestra, irresponsablemente, termina ahogándose en un mar de incoherencias. Eso es lo que se colige al analizarse decisiones recientes.

De un lado, la Corte Constitucional acoge la objeción de conciencia como un argumento válido para eludir la prestación del servicio militar ‘obligatorio’; mientras que, del otro, pretende imponer una cátedra —esta sí obligatoria— en referencia a la práctica del aborto en los tres casos que están despenalizados por la ley (por violación, por malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina y por riesgos para la vida de la madre), con lo cual incurre en una extravagancia incomprensible puesto que si un individuo tiene derecho a objetar el servicio militar también debería tener el derecho de negarse a impartir o a recibir una cátedra sobre el aborto.

En columnas anteriores hemos reconocido que hay argumentos válidos para admitir la práctica del aborto en los casos que contempla la ley, pero obligar a colegios que imparten educación basada en valores religiosos a que dicten una cátedra pro aborto, es otra cosa. Ese es un despropósito tan grande como obligarlos a que prediquen la práctica de un credo religioso en particular, por mayoritario y tradicional que sea.

Ya es suficiente con que la ley exceptúe la penalización del aborto en esos tres casos como para que ahora se tenga que adoctrinar a los jóvenes pasando por encima de las creencias y los valores de muchos de ellos, de sus familias y de sus colegios. El cumplimiento de la sentencia sobre el aborto debe darse en las entidades de salud públicas y en las privadas que así lo deseen; en tanto que la información sobre ese derecho debe brindarse en las instituciones que atienden las denuncias por violación, y en las EPS que diagnostiquen los embarazos de riesgo, no en los colegios. ¿O es que la Corte pretende castigar con penas privativas de la libertad a quienes decidan —laicos o religiosos— objetar esa arbitrariedad por ir en contra de sus principios?

Las altas cortes están incurriendo en abusos notorios por la mala costumbre de tomar decisiones políticas en vez de remitirse estrictamente a lo jurídico, atribuyéndose funciones que no les corresponden. Ya, hace unos meses, el Consejo de Estado quiso convertir a los soldados regulares en niños exploradores que no debían ser enviados a zonas de orden público ni a misiones especiales, lo que significaría convertir en monaguillos a 100.000 soldados.

Ahora, la Corte Constitucional quiere darle el puntillazo definitivo al servicio militar con el pretexto de la objeción de conciencia, concepto abstracto muy difícil de demostrar que será esgrimido por la mayoría de potenciales reclutas. Cómo será de grave el asunto que la senadora Gloria Inés Ramírez —cercana a las Farc y quien será la ponente del proyecto que reglamentará esta monstruosidad—, celebra la decisión y explica, cínicamente, que con esa medida se dará fin a la mala práctica de comprar la libreta militar, tan común entre gente pudiente.

¿Qué es lo que se pretende con estos intentos de desarticular nuestras Fuerzas Militares? ¿Cuál es, en últimas, el juego de todos estos magistrados que intentan gobernar sin votos y sin potestad de mando?

Hay otra decisión absurda tomada recientemente por esos nueve magistrados que componen la Constitucional, cual es la de prohibir que se corte el servicio de agua en hogares donde hay niños. Esa es una decisión absolutamente demagógica y paternalista que traerá consecuencias nefastas como el reforzamiento de la cultura del no pago, el derroche del recurso hídrico, el estímulo a la natalidad desbordada de nuestras clases más pobres, etcétera. Y de ahí a que se reclamen otros servicios gratuitos para hogares con niños, ancianos y enfermos, y a que a alguna Corte le dé por otorgarlos, neciamente, hay un paso.

Todos estos desatinos son producto de una Constitución plagada de derechos pero muy nebulosa en el planteamiento de los deberes, que son, en últimas, los que verdaderamente le dan a las sociedades la posibilidad de crear condiciones reales para que todos disfruten una vida digna.