Hora de abrir los ojos

Por Plinio Apuleyo Mendoza

El Tiempo, Bogotá

Octubre 30 de 2009

¿Injusticia? Desde luego. Pero algo más: un monumental disparate de la Fiscalía. Derrumba, por desgracia, la imagen sobria y confiable que venía acreditando el fiscal encargado, Guillermo Mendoza Diago. Me refiero, claro está, a la revocación del auto inhibitorio que eliminaba todo cargo contra Francisco Santos.

Todos cuantos leímos la entrevista concedida por 'Pacho' a Yamid Amat, el pasado domingo en este diario, confirmamos la contundente claridad de sus explicaciones y la transparencia de su conducta. No había fundamento alguno para reabrirle una investigación.

Las repercusiones que este caso ha tenido en los medios de comunicación pueden servir para que al fin mis colegas en diarios y revistas se den cuenta de los terribles atropellos que se están cometiendo en nombre y por cuenta de la Justicia. Para mí, es el más grave problema que afronta el país.

Casos que yo conozco bien, como el de Álvaro Araújo, cuyo expediente fue abrupta e ilegalmente devuelto a la Corte, o casos como el de Jorge Noguera, el del coronel Plazas Vega, el del coronel Hernán Mejía Gutiérrez, el del almirante Gabriel Arango Bacci -y seguramente muchos más- obedecen a la misma escandalosa precipitación que ahora se advierte en el caso de Pacho Santos: se les da validez a testimonios de reconocidos delincuentes, sin que vengan acompañados de prueba alguna y sin tomar en cuenta que están movidos muchas veces por un propósito de venganza.

La razón más inocente de esta ligereza es un rigor mal entendido. Fiscales, jueces o magistrados consideran que su integridad queda comprometida si desechan por deleznable un cargo sin pruebas de un delincuente convertido en acusador. Es el único sustento de muchas medidas de aseguramiento, que mantienen en una penosa reclusión a militares y civiles inocentes.

Pero hay otra explicación, más grave y evidente en algunos casos. Me refiero a la politización de la Justicia cuando magistrados, fiscales y jueces buscan a cualquier precio erosionar la imagen del Gobierno. De ahí que muestren más afán en abrir procesos contra los amigos de Uribe que contra los amigos de las Farc.

Finalmente, el mismo empeño mueve a los narcotraficantes, cuando quieren vengarse de quien los hizo objeto de grandes expropiaciones (es el caso del coronel Plazas), así como a los colectivos de abogados cuya vecindad ideológica con la guerrilla es evidente. Estos últimos buscan ganar, con maniobras judiciales contra los militares, la guerra que 'Cano' pierde en el monte.

Antes de que una injusticia tan flagrante como la cometida con Francisco Santos provocara en sus informes y columnas una explosión de protestas, la prensa había pasado por alto muchos otros atropellos del mismo signo. Al contrario, en vez de ponerlos en evidencia, llegó en ocasiones a darles un soporte, recogiendo, a título de estrepitosas revelaciones, testimonios de falsos testigos pagados por narcos, como ha sido el caso del almirante Arango Bacci o del coronel Plazas, o de delincuentes que se estaban vengando de quien los había hecho detener, como ocurrió con Jorge Noguera y con el coronel Mejía Gutiérrez.

Si ellos hubiesen sido, como 'Pacho' Santos, muy cercanos a directivos y columnistas de la prensa, otra habría sido su suerte. Pero su martirio y el de sus familias ha sido por largo tiempo ignorado. Ojalá que la prensa, en vez de convertirse en correa de transmisión de cargos sin fundamento, asuma al fin su poder fiscalizador para denunciar ligerezas y sesgos de fiscales, jueces y magistrados. El timbre de alarma está prendido. Es hora de abrir los ojos.