Editorial
La Patria, Manizales
Octubre 27 de 2009
Lo que está sucediendo con Venezuela en materia de orden público en la extensa frontera con Colombia no es de extrañar. A lo largo de los 2 mil 216 kilómetros de línea divisoria territorial no sólo hay dificultades por el cierre comercial que estableció el presidente de esa nación, Hugo Chávez, tras meter en el congelador las relaciones binacionales, sino un inusitado aumento de hechos de orden público que amenazan la seguridad de nuestro país.
La situación que ha sido evidente a lo largo del mandato de Chávez por su declarada amistad y cercanía ideológica con las Farc, se viene complicando en los últimos meses tras las profundas diferencias entre los dos gobiernos, circunstancia en la que quienes resultan ganando son el narcotráfico, el terrorismo y el secuestro, pues la guerrilla desde hace años se dedicó a esas actividades y evade la acción de las autoridades pasando la frontera y encontrando refugio en territorio vecino.
La realidad de estos delitos tiene fundamento en los últimos casos conocidos, donde las Farc y el Eln, los dos temidos grupos alzados en armas, se mueven con gran facilidad sin encontrar, extrañamente, la resistencia esperada de unas autoridades venezolanas que según su Presidente están dispuestas a defender su territorio de la amenaza de cualquier grupo violento externo.
Por eso la matanza de 10 personas (entre ellas ocho comerciantes colombianos) luego de que desaparecieron desde el 11 de octubre de la localidad venezolana de Fernández Feo, y cuyos cuerpos fueron encontrados en el estado Táchira el sábado anterior, debe ser investigada con rigor y ánimo de encontrar a los culpables por parte de las autoridades de ese país.
Lo grave de esta situación está en las declaraciones públicas que hizo ayer el gobernador del estado venezolano de Táchira, en la frontera con Colombia, César Pérez, quien le dijo a Chávez que está a sus órdenes para señalarle dónde hay campamentos guerrilleros colombianos en su jurisdicción. El gobernante provincial, contrario al gobierno, insistió en que cuatro de los siete municipios de ese Estado "están tomados por grupos que tienen campamentos instalados" y que hay por lo menos de a 500 hombres en cada uno. "Estoy a la orden del ciudadano presidente o de su ministro de Defensa para indicar los sitios exactos donde están estos campamentos", dijo Pérez ante los medios.
Ojalá esta no sea una denuncia más sin resultados, al igual que tantas otras que se han hecho y que tienen como respuesta que cuando se fue al sitio ya no se encontró nada. Y si a eso se le agrega lo denunciado por nuestro Ministro de Defensa, Gabriel Silva, sobre el incremento de vuelos del narcotráfico por la ruta de Venezuela, lo que le valió el insulto de Chávez al llamarlo "retardado mental", pues no hay garantías de colaboración para detener los delincuentes y terroristas que se pasan de un lado a otro.
Como la situación se torna más compleja cada día y por lo visto las acciones del gobierno venezolano serán siempre dilatorias, confusas y nada efectivas, valdría la pena que Colombia llevara este tema a instancias de organismos multilaterales como la OEA, primero, y simultáneamente ante la ONU, con lo cual reforzaría su denuncia y evitaría que en la instancia regional, tan influenciada por Chávez, vayan a engavetar la denuncia.
Hay que actuar cuanto antes ante la amenaza de un terrorismo que se refugia en el vecindario y que lo puede hacer buscando una provocación que lleve a un error de nuestras Fuerzas Armadas en la persecución de los violentos y desatar entonces una guerra que desde hace muchos meses alimenta el folclórico mandatario. Si las cosas no mejoran al respecto Colombia podría pedir una supervisión internacional en la frontera, sólo falta ver si Chávez la niega.
No hay comentarios:
Publicar un comentario