Fernando Londoño Hoyos
La Patria, Manizales
Octubre 27 de 2009
Cuando las Fuerzas Militares de Colombia invirtieron el sentido de la guerra y pudieron pasar a la ofensiva y arrinconar al enemigo y ponerlo a dos dedos de su perdición definitiva, los subversivos en derrota cambiaron el curso de sus operaciones y empezaron la guerra política.
En alguna parte hicimos el análisis de la Responsabilidad Indirecta, la misma tesis con la que mandaron a Fujimori por el resto de su vida a la cárcel, que ya empezó a aplicarse en Colombia y que ha encontrado el más extraño defensor que quepa suponer, el Viceministro de Defensa Sergio Jaramillo. En virtud de esa figura, el Comandante de un Batallón o una Brigada, o una División, responde por cualquier delito que cometan sus hombres dentro de los límites de su jurisdicción militar. Con lo que quedan listos los comandantes de las Fuerzas, el Comandante de las Fuerzas Militares y el Presidente, que en los términos de la Constitución es el jefe supremo, con mando en todo el territorio nacional.
Pero a esa inicua y demoledora doctrina acaba de sumarse otra, que proviene de una sentencia con la que han condenado a cadena perpetua, de hecho, a los oficiales de la Fuerza Aérea que dieron de baja unos guerrilleros de las Farc en vecindades del caserío de Santo Domingo, en el Departamento de Arauca. Esta figura califica como delito doloso al que se comete con conocimiento de la probabilidad del resultado, dejándolo en últimas librado al azar. El traslado de esa norma al Derecho Penal Militar, envía a la cárcel a todo el mando por cualquier operación en la que se causen muertes o heridas a civiles inocentes. En la doctrina castrense del mundo entero, esa dolorosa probabilidad se llama “daño colateral” y no está ausente en ningún ataque de tierra, mar o aire.
Por supuesto que hay operaciones donde el riesgo de un resultado lamentable, pero siempre probable, es más alto que en otras. Un ataque aéreo, un bombardeo de artillería o una operación naval contra un objetivo en tierra, tiene más altas posibilidades de dañar a quienes no se quiere dañar, e inclusive se quiere proteger. Pero inclusive en una batalla de infantería, sólo el azar puede definir si después de que muchas bocas de fuego estén lanzando miles de proyectiles por segundo, no haya uno que no impacte en blanco indeseado. El llamado “dolo eventual” es doloroso e inseparable compañero de cualquier acto militar de grande escala.
Para tranquilidad de cavilosos, digamos que es obvio que en cada caso se tomen todas las precauciones posibles para que el objetivo sea el deseado y no se causen víctimas inocentes. Pero la eliminación de la probabilidad del daño colateral es imposible. Cuando en cualquier guerra de hoy se produce, el Ejército ofrece disculpas y expediente cerrado. La eventualidad es el azaroso panorama de cualquier acción armada. Pero en Colombia no será así. Cualquier daño que se cause en el azar militar, valdrá por años de cautiverio para sus autores.
Quienes responden por una operación militar, no son solamente los que disparan. Están por supuesto en la lista los que ordenan abrir fuego, y los que disponen que se cumpla la misión donde se abre fuego, y los estrategas, y los de inteligencia y los comandantes de mayor autoridad. Y con un poquito que se combine el dolo eventual con la responsabilidad indirecta, por cualquier conducta que sea objetivamente delictuosa, como muertes, heridas o daños en propiedad ajena, para citar pocas, va preso todo el mando militar, con el Presidente de la República a la cabeza.
El plato está servido. De aquí en adelante, por acciones militares pasadas o futuras, el Colectivo de Abogados y las Asociaciones de Juristas y las ONG del mundo entero, querrán demostrar que en cualquier derrota guerrillera uno o varios de los muertos eran inocentes campesinos. El resto vendrá por añadidura. Estas tesis harán milagros. Sobre todo el que más interesa, el juzgamiento de Álvaro Uribe Vélez en una Corte Internacional de Justicia.
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