La política climática del carbón

Jeffrey Sachs *

El Tiempo, Bogotá

Octubre 25 de 2009

COPENHAGUE. En el Tratado de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, el mundo se comprometió a "evitar interferencias antropocéntricas peligrosas en el sistema climático". Con todo, desde entonces las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido aumentando significativamente.

Los Estados Unidos han demostrado ser los principales rezagados del mundo y se negaron a firmar el Protocolo de Kyoto de 1997 o a adoptar cualquier control interno efectivo de emisiones. A medida que se acerca la cumbre global de Copenhague en diciembre para negociar un instrumento sucesor del Protocolo de Kyoto, son una vez más la principal preocupación.

Un año después del Tratado de 1992, el presidente Bill Clinton intentó introducir un impuesto a la energía, que habría ayudado a los Estados Unidos a empezar a reducir su dependencia de los combustibles fósiles. La propuesta no solo fracasó, sino que provocó una reacción política en contra. Cuando se adoptó el Protocolo de Kyoto en 1997, Clinton ni siquiera lo envío al Senado para su ratificación, a sabiendas de que sería rechazado. El presidente George Bush desconoció el Protocolo en el 2001 y prácticamente no hizo nada por el cambio climático durante su presidencia.

Hay diversas razones que explican la inacción de los Estados Unidos -incluidas la ideología y la ignorancia científica-, pero mucho se reduce a una palabra: carbón. Al menos 25 estados producen carbón, que no solo genera ingresos, empleos e impuestos, sino contribuye con una parte desproporcionadamente elevada de su energía.

Las emisiones per cápita de carbono en los estados productores de carbón tienden a ser mucho más altas que la media nacional. Dado que cuando se aborda el cambio climático se enfoca principalmente la reducción de las emisiones del carbón -el combustible con mayor intensidad en carbono de todos-, dichos estados están particularmente temerosos de las implicaciones económicas de cualquier control.

El sistema político estadounidense también plantea problemas especiales. Para ratificar un tratado se requiere el respaldo de 67 de los100 miembros del Senado, un obstáculo casi infranqueable. El Partido Republicano, con sus 40 escaños, sencillamente tiene demasiados ideólogos como para conseguir el mínimo de 67 votos. Además, el Partido Demócrata incluye senadores de estados que producen carbón y petróleo, lo cual hace improbable que respalden acciones enérgicas.

Esta vez, la idea es evitar la dependencia de los 67 votos, al menos al principio, concentrándose en la legislación interna y no en un tratado. Según la Constitución de los Estados Unidos, la legislación interna (a diferencia de los tratados internacionales) requiere una mayoría simple tanto en la Cámara como en el Senado para que pueda ser enviada al presidente para su firma. Es casi seguro que se conseguirán 50 votos para una ley de cambio climático (con el voto del vicepresidente, que rompería un eventual empate).

Sin embargo, los que se opongan a la legislación pueden amenazar con una maniobra obstruccionista (mantener las conversaciones durante un periodo indefinido paralizando así las actividades del Senado), que puede concluirse solamente si 60 senadores aprueban que la iniciativa se lleve a votación. De otra manera, puede echarse abajo, aun si tiene el respaldo de una mayoría simple. Eso será ciertamente lo que sucederá con la iniciativa interna de cambio climático. Hay una cuesta muy empinada para llegar a asegurar 60 votos.

Los analistas políticos saben que los votos dependerán de la ideología de cada senador, de los patrones de voto de los estados y de su dependencia del carbón en relación con otras fuentes de energía. Según un análisis basado en estos factores, hay 50 votos a favor probables de los demócratas, 34 republicanos en contra y 16 por decidir. Diez de esos votos son demócratas, principalmente de estados productores de carbón; los otros seis son republicanos que podrían aunar su voto al del Presidente y la mayoría demócrata.

Hasta hace poco, muchas personas creían que China y la India serían los verdaderos obstáculos en las negociaciones sobre el cambio climático. No obstante, China ha anunciado un conjunto de iniciativas importantes para reducir la intensidad en gases de efecto invernadero.

La India, que durante mucho tiempo se pensó que podría frenar los avances, ha declarado que está dispuesta a adoptar un plan de acción nacional significativo con miras a tener una energía sostenible. Estas acciones ejercen una presión creciente sobre los Estados Unidos.

Obama tiene a su disposición herramientas para que los Estados Unidos se unan a la corriente mayoritaria global en esta materia. En primer lugar, está negociando acuerdos independientes con los senadores que están en contra para mitigar el impacto económico sobre los estados productores de carbón e incrementar las inversiones en la investigación, desarrollo y probable adopción de tecnologías de carbón limpio.

En segundo lugar, puede ordenar a la Agencia de Protección Ambiental que imponga controles administrativos a las plantas de carbón y los productores de automóviles incluso si el Congreso no aprueba la nueva legislación. La vía administrativa podría resultar incluso más importante que la vía legislativa.

La política en el Senado estadounidense no debe ocultar un punto más importante: los Estados Unidos han actuado de manera irresponsable desde que se firmó el tratado sobre el clima. Es el país más grande y poderoso del mundo y el mayor causante del cambio climático hasta ahora y se ha comportado sin el menor sentido de la responsabilidad, hacia sus propios ciudadanos, hacia el mundo y hacia las generaciones futuras.

Incluso, los senadores de los estados productores de carbón deberían sentirse avergonzados. Es cierto que sus estados necesitan ayuda adicional, pero no se debe permitir que los intereses locales pongan en peligro el futuro de nuestro planeta. Ya es tiempo de que los Estados Unidos se reintegren a la familia global.

* Jeffrey Sachs es profesor de economía y director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia © Project Syndicate, 2009