Elsa Gladys Cifuentes A.
El Nuevo Siglo, Bogotá
Octubre 27 de 2009
Los hechos de corrupción que asaltan permanentemente al país parecen no avizorar soluciones rápidas y efectivas por parte de los diferentes organismos de control, auditoria y fiscalización del Estado. Se intenta crear condiciones para prácticas transparentes de contratación, manejo de presupuestos, regalías, pero el concierto de sobornos por la adjudicación de contratos, fallos sobre propiedades inexistentes y otras actividades delictivas que involucran desde los niveles más bajos hasta los más altos de la administración desencadenan pérdidas para el país por cuatro billones de pesos anuales, según información de la revista Cambio.
El actual gobierno ha hecho todos los esfuerzos en la lucha contra la corrupción; en el año 2005 estando de Zar Anticorrupción Margarita María Zuleta, la sociedad civil, la academia y los diferentes órganos de control administrativo formularon una Política de Estado para el control de la Corrupción, la cual contemplaba la construcción de un instrumento para la investigación y sanción de actos de corrupción pública en el marco del Estado Social de Derecho y se fundamentaba en actividades tales como el autocontrol de la gestión administrativa, las rendiciones de cuentas a la ciudadanía, la mejora continua en los niveles de transparencia de los órganos de control, el afianzamiento de las relaciones interinstitucionales para facilitar la investigación, juzgamiento y sanción de hechos corruptos y la formulación de normas dirigidas a la prevención de la corrupción.
A diciembre de 2008 todas las instituciones públicas debían tener estructurado el MECI, Modelo Estándar de Control Interno, herramienta creada para dinamizar los procesos organizacionales basados en el autocontrol, la autorregulación y la autogestión y que tiene como objeto establecer las acciones, las políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y mejoramiento de las entidades públicas.
En buena hora también, algunos medios de comunicación han hecho aportes investigativos e informativos para denunciar acciones ilegales, por eso es tan importante que esas denuncias se judicialicen e individualicen para no cometer injusticias ni dejar en generalidades que afectan el bien más preciado de una sociedad, su buen nombre.
Sin embargo estas políticas y las denuncias no han sido suficientes para frenar un fenómeno que ataca a todas las naciones.
Nuestra sociedad está pidiendo que abordemos este tema desde perspectivas mas reales y no maniqueas, en las que el mundo no se divida entre “buenos” y “malos”, sino en la que se pueda estudiar cada caso de corrupción encontrando las causas y elementos de salida a la problemática.
La solución a nuestro modo de ver no está en la formulación de mas políticas de control y juzgamiento, ya hay suficientes y bien definidas, la solución radica en el cambio en los esquemas administrativos y en la aplicación de estas políticas fortalecidas en las acciones definidas de las instituciones por eliminar los focos de corrupción y fomentar una nueva cultura de la legalidad y las buenas prácticas públicas.
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