El Vicepresidente

Editorial

El Mundo, Medellìn

Octubre 26 de 2009

El éxito de su defensa lo será de las instituciones y ciudadanos injustamente acusados por criminales interesados en aprovecharse de la proclividad de la justicia a dar crédito a sus testimonios, basados en versiones deformadas de sus recuerdos.

Después de defender su buen nombre y la dignidad de su cargo, sometidos a escarnio público por la decisión de la Fiscalía de reabrir la investigación en su contra por vínculos con el paramilitarismo, el vicepresidente Francisco Santos aporta una prueba que pone en evidencia la trama de un complot que no se puede ignorar. El éxito de su defensa lo será de las instituciones y ciudadanos injustamente acusados por criminales interesados en aprovecharse de la proclividad de la justicia a dar crédito a sus testimonios,

basados en versiones deformadas de sus recuerdos.

En decisión consecuente con los testimonios en su poder y la trayectoria del doctor Santos como promotor de paz, el fiscal Iguarán se había abstenido de continuar las averiguaciones sobre una denuncia del paramilitar Salvatore Mancuso, quien sólo ha podido aportar al proceso lo que su memoria, errática por demás, indica y que luego se retractó de sus acusaciones. La determinación fue recurrida por el abogado Gustavo Gallón, de la controvertida Comisión Colombiana de Juristas. Éste obtuvo lo que, de acuerdo con el doctor Santos, “muchos bandidos estaban esperando”: que un fiscal interino reabriera el caso y dictara la práctica de nuevas pruebas. El testimonio de un paramilitar y algunas columnas periodísticas sobre el fenómeno paramilitar escritas por quien entonces era jefe de redacción de El Tiempo se convirtieron en cabeza de un proceso con visos espectaculares contra una persona que ha demostrado la transparencia de su actuación pública y tiene testigos de sus actividades. Pretender iniciar una causa contra quien tuvo que reunirse con jefes paramilitares para atender sus obligaciones profesionales y su actividad humanitaria es torpedear la acción de personas dedicadas a proteger a las víctimas. Bajo esa lógica, y dado que el Vicepresidente reveló que también se reunió con jefes guerrilleros de las Farc y el Eln, debemos temer la apertura de procesos en su contra por supuestas relaciones con la guerrilla.

Como lo hizo en su testimonio ante la Fiscalía, el vicepresidente le reveló a Yamid Amat el contenido de sus encuentros, todos acompañado, con Salvatore Mancuso, que a mediados de los años noventa era prácticamente un desconocido. Una reunión en busca de entender la naciente contrainsurgencia en Córdoba; otro en presencia de periodistas a los que Mancuso ilustró sobre sus actividades, y un tercero para demandar la libertad de varios secuestrados, constituyen la relación del dirigente con las organizaciones criminales que para entonces tenían su campo de acción en Córdoba y una parte de Urabá. ¿Cómo iba, entonces, a proponer un bloque paramilitar en otro lugar del país si esa figura era inexistente?

Dadas la interinidad en que se encuentra la Fiscalía y la gravedad de la decisión que se ha tomado, compartimos la protesta del doctor Santos por la circunstancia en que se adopta la medida y, más grave aún, porque ella fue divulgada mediante filtración a los medios de comunicación. Se repite, incluso con matices más inquietantes, la situación generada con el concepto del Consejo de Estado sobre el acuerdo militar con Estados Unidos, en lo que muestra que no estamos ante hechos aislados de abuso de algunos funcionarios sino frente a la configuración de una justicia-espectáculo que ninguna consecuencia constructiva puede traer al país y sobre la que es justo actuar con prontitud.

Con su entrevista, el Vicepresidente le deja a la Justicia un importante caudal de interrogantes, que no han de pasar desapercibidos si la aspiración es ofrecer respuestas sobre la parapolítica y sobre los intereses ocultos tras un escándalo de esta magnitud. Especial atención merece la denuncia de que “en una grabación del señor Mancuso y la señora Eleonora Pineda, él le dice que ‘hay que meter a todo el mundo... el Gobierno no aguanta que metamos mil, dos mil personajes’. Esa era la estrategia, toda una patraña”. Esa grabación debería señalarle a la Fiscalía y a la Corte Suprema que tienen el deber de asumir con máximo rigor los procesos relacionados con parapolítica, a fin de esclarecer los casos de alianzas electorales y separarlos de las denuncias tremendistas con graves consecuencias para la institucionalidad.

Asimismo, tiene la mayor importancia que se considere la denuncia contra personajes vinculados a procesos de parapolítica, cuyos nombres no quiso enunciar, a los que señala por ser parte del complot explicando que “hay algunos, especialmente relacionados con la clase política, muy felices. Y cuando me avisaron que venía un complot, me dijeron que eso venía de allí. No quiero mencionar nombres, pero hay mucho bandidito al que le interesa manchar mi honra y nombre”. Si el país aspira a que haya justicia en los casos de parapolítica debe reclamar procesos abiertos con bases firmes, fundados en denuncias documentadas y evidencias claras, no a partir de los chismes de personajes sub júdice a los que no se les puede permitir que, basándose sólo en su memoria y sus intereses, se erijan en catones que pueden destruir la honra de quienes han consagrado su vida al servicio público desde nobles causas, como es el caso del doctor Pacho Santos.