Los verdaderos objetivos

Editorial

El Heraldo, Barranquilla

Octubre 24 de 2009

La preocupación por el aumento de los niveles de pobreza en todo el mundo llevó a los gobernantes de las principales naciones industrializadas y a las agencias multilaterales de desarrollo a diseñar en 2000 un plan para reducir considerablemente la pobreza en un lapso de quince años.

El objetivo era incrementar la provisión de determinados bienes y servicios a las poblaciones en niveles de pobreza que les permitiera llevar una vida digna.

Para poder medir los resultados de ese plan, en 2005 se definieron los llamados ‘Objetivos del Milenio’, a cuya consecución se comprometieron alrededor de ciento setenta países de todos los continentes.

Desde entonces, periódicamente se evalúan los avances que hace cada país en esa tarea en la que están comprometidos tanto los gobiernos centrales como los seccionales y locales. Mejorar las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos es, al fin y al cabo, el deber de todo gobernante.

Los objetivos cubren diferentes áreas como salud, educación, mortalidad infantil, igualdad entre los géneros y demás, que deben constituir un ambiente sano que haga posible el desarrollo integral de cualquier ser humano.

Se estima hoy que los países cuentan con recursos económicos y tecnológicos que, bien invertidos y administrados, pueden ir reduciendo sistemáticamente la pobreza extrema en sus respectivas sociedades. Así lo han hecho varias naciones en la historia reciente, incluso antes de que se fijaran los mencionados objetivos.

Lograr avances espectaculares en la disminución de la pobreza, como lo ha hecho China, no es fácil, como tampoco existen fórmulas universales que aplicadas diligentemente produzcan esos resultados.

Lo cual no significa que no se puedan conseguir avances notables, o que no haya algunos principios universales que deban seguirse si se quieren obtener buenos resultados en materia de desarrollo social.

Invertir eficientemente los recursos, conservar y mantener los bienes que conforman el patrimonio público son reglas indispensables que deben cumplir los gobiernos y las sociedades para situarse en la senda del progreso. Más las que aún están en situaciones de subdesarrollo.

La eficiencia en la inversión de los recursos supone, no solo hacerlo en sectores y áreas críticas para el bienestar colectivo, sino en forma transparente, y acorde con las capacidades reales de un gobierno. El despilfarro, los sobrecostos, la mala calidad de las obras son cosas que atentan contra esos principios.

La depredación, el saquero y la destrucción de los bienes públicos hacen difícil cuando no imposible el mejoramiento de la calidad de vida de cualquier sociedad. Tanto por esos hechos mismos, como porque obligan a invertir nuevamente recursos en su reposición que bien pudieran destinarse a otras cosas.

Estas breves reflexiones las traemos a cuento a raíz de un informe de esta semana que señala que, en varios de los objetivos del milenio, Colombia se encuentra rezagada y en los que le será imposible alcanzar las metas trazadas para el año 2005.

Lo más preocupante de ello es que, si bien se han visto progresos en algunos de esos objetivos, en el de la reducción de la pobreza y del hambre son varios los departamentos que no van a lograrlos. Triste señalar, además, que los departamentos más atrasados en esa tarea son San Andrés, Sucre y Córdoba.

Es cierto que el país tiene problemas estructurales que reproducen las desigualdades y el rezago de determinadas regiones, pero no menos cierto es que en ellas son muchos los problemas cuya solución es responsabilidad de su propia ciudadanía. Combatir sin desmayo la corrupción es una de ellas. Preservar los bienes públicos es otra.

No hay que resignarse, por supuesto, a que será imposible alcanzar los objetivos del milenio. Por el contrario, todos los gobiernos seccionales y locales, y los ciudadanos, tenemos el deber de seguir trabajando por lograrlos y superarlos.

Trabajar con sentido del mediano y largo plazo es algo que también se debe tener en cuenta, y esto tiene que ver con las decisiones políticas, es decir con las elecciones de los gobernantes en cuyas manos descansa gran parte de la responsabilidad de avanzar o no en la consecución de los objetivos del milenio.

Objetivos que deben ser la tabla contra la cual se midan los resultados de sus gestiones al frente de los departamentos y los municipios. Válido para los que culminan en 2011 y sus sucesores.