Despeje bogotano

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogota

Octubre 29 de 2009

Increiblemente la secretaria de Gobierno de Bogotá insiste en negar que el rector de la Universidad Nacional efectivamente estuvo secuestrado por un grupo de feroces antisociales que intentaron sacarlo a la fuerza de su vehículo, no propiamente para invitarlo a una taza de café.

Frente a un hecho de semejante magnitud, era obvia la intervención de la Policía. Estaba en riesgo la vida de una persona. Pero la doctora Clara López, en representación de la administración distrital, se ha dado a la tarea de restarle importancia al acto terrorista diciendo que la Alcaldía había obrado con anticipación a la intervención de la Fuerza Pública, coadyuvando una “negociación y mediación para que la retención del rector terminara calmadamente”. Asimismo, la triste funcionaria manifestó que la integridad del rector nunca estuvo en riesgo, contradiciendo al propio señor Wasserman, quien desde el primer momento ha aseverado que tuvo que refugiarse en su carro durante más de seis horas, tiempo durante el que se “sintió secuestrado” por la enardecida trubamulta que lo rodeaba.

La señora López tiene una percepción bastante particular del mundo civilizado. Tal vez, su criterio ha sido permeado por las ideas comunistas de su esposo, el candidato al Senado Carlos Romero. Sostiene la flamante Secretaria que “existe una larga tradición de que los campus universitarios le están vedados a la Fuerza Pública en el sentido de que dentro de ellos no se reprime la inconformidad y se acepta el ejercicio de la expresión libérrima por tratarse de claustros de pensamiento”. Su razonamiento parte de una falacia, al considerar que las fuerzas del orden reprimen a los ciudadanos, pasando por alto que el policía y el soldado tienen la responsabilidad social de garantizar las libertades y los disensos.

La salida en falso de Clara López tiene un trasfondo político tremendo que nos permite entender las razones por las que la Fuerza Pública ha tenido tantos inconvenientes con el alcalde Moreno. No está de más recordar que la Secretaría de Gobierno tiene el deber de formular las políticas públicas en materia de seguridad. Y en ese punto ha habido demasiadas contradicciones con la Policía Nacional, lo cual es entendible, pues como se puede observar, la señora López de Romero forma parte de ese grupo de dirigentes políticos que aún creen que debe haber zonas de la geografía nacional a la que no puede ingresar la Fuerza Pública. Esos son los melancólicos del despeje a quienes acertadamente se les conoce como caguaneros.

Volviendo al secuestro de Moisés Wasserman, es muy conveniente rescatar una frase de la oronda doctora López: “Para mí un secuestro tiene una intención distinta a la que movía a los estudiantes que participaron en ese acto. Ellos hicieron un reclamo de manera equivocada y acudieron a métodos que deben superarse. Pero de ahí a tratar de configurar con lo que sucedió, un secuestro, hay una distancia enorme”. Ahí tenemos de cuerpo entero el estilito de los mamertos discriminando entre crímenes blancos y crímenes negros, tesis brillantemente expuesta por el ex ministro Londoño Hoyos en su programa radial, cuando hizo una radiografía de los defensores de la nefanda dicotomía entre el terrorismo bueno y el malo. Ahí seguirá la doctora López haciendo de las suyas durante los dos largos e insoportables años que aún le quedan a Samuel Moreno en el cargo. Mientras tanto, los bandidos seguirán en su francachela, porque Bogotá se ha convertido, gracias a la infinita generosidad de la Alcaldía, en una zona de despeje.