Por Juan José Perfetti Del Corral
El Colombiano, Medellín
Octubre 30 de 2009
La situación del mercado venezolano, y en particular su colapso en el caso de la carne vacuna, ha hecho que, frente a la imposibilidad real de que Colombia oriente sus excedentes de oferta hacia otros mercados internacionales, aumente sustancialmente la oferta interna. Esto, como ha sido suficientemente publicitado en los medios de comunicación, ha significado, entre algunos proveedores, un ajuste temporal en el precio interno de la carne vacuna.
Sin lugar a dudas, este alivio en el precio de la carne de res representa para el consumidor colombiano un mejoramiento importante en sus niveles alimenticios y de ingreso real, ya que la carne tiene, para todos los grupos de ingreso, un peso significativo en la canasta de consumo. La reducción en el precio de la carne tiene, a su vez, un efecto adicional, pues, frente al precio de la carne de pollo, que se vuelve más costosa, muy seguramente haya sustitución en su consumo y aumente la cantidad consumida de carne de res. De esta manera, por obra de las arbitrariedades comerciales del régimen venezolano, aunque el país sacrifica el ingreso de divisas provenientes de la exportación de carne, los consumidores colombianos ganan en términos de ingreso, consumo y bienestar. Sin embargo, quienes deben estar padeciendo las dificultades comerciales de la carne son los ganaderos, que deben estar enfrentándose a un mercado con sobreoferta que se expresa en menores precios al productor.
En igual situación parecieran estar muchos productores de diversos bienes agropecuarios por la débil demanda que enfrentan actualmente. Esta circunstancia ha determinado que el índice de inflación del país esté presentando, por sus muy bajos niveles, récords históricos. A este reconocimiento el sector agropecuario ha hecho sus aportes a través de unos precios deprimidos y a la baja. Sin lugar a dudas, los consumidores colombianos son los grandes beneficiados de estas circunstancias y, por desgracia, los pequeños productores agropecuarios, que son los principales oferentes de alimentos, los más perjudicados. Una baja generalizada de los precios de los alimentos ayuda, en los grupos sociales urbanos de bajos ingresos, a mejorar sus ingresos reales y su nivel de bienestar y evita, al menos parcialmente, el aumento de los niveles de pobreza. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la pobreza rural, donde la reducción en los precios de los alimentos puede significar un aumento de la misma.
La situación del precio de los alimentos para los próximos dos semestres no parece seguir la actual tendencia. De una parte, el ajuste de los mercados agrícolas hará que la oferta no sea tan abundante como ha ocurrido en estos meses, pues los bajos precios actuales muy seguramente harán que muchos productores o dejen de producir determinados bienes o sean cautos a la hora de las siembras. De otra parte, si el fenómeno climático de El Niño continúa durante los próximos meses, como parecen ser los pronósticos de los expertos, muy seguramente, en una agricultura mayoritariamente de secano y dependiente de las lluvias, la oferta alimentaria se verá afectada, generando una presión adicional sobre los precios de estos bienes.
Frente a este posible escenario, muy seguramente los macroeconomistas volverán a salir a hablar de la necesidad de importar alimentos para suplir los faltantes de la oferta nacional al tiempo que la realidad nacional de los hábitos de consumo y las dificultades comerciales les volverán a demostrar lo falaz de dicha propuesta. Simultáneamente, el país se dará cuenta del error que comete la política agrícola al propiciar las ayudas individuales del Programa AIS por encima de las denominadas inversiones públicas complementarias de beneficio general a las que se hizo referencia en la pasada columna.
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