Editorial
El País, Cali
Octubre 27 de 2009
Baleados, con las manos atadas a la espalda, en clara demostración de la sevicia de sus asesinos. Así fueron encontrados el domingo pasado los cuerpos de ocho colombianos, un peruano y un venezolano que habían sido secuestrados el pasado 11 de octubre.
Tales hechos, terribles y sanguinarios, ocurrieron en Venezuela, en el estado Táchira, fronterizo con Colombia. De acuerdo con declaraciones reiteradas de su gobernador, César Pérez Vivas, el crimen puede atribuirse a alguno de los grupos de violencia que azotan a sus moradores, en especial guerrilleros del ELN. Pero también puede ser obra de paramilitares o de agrupaciones que respaldan al Gobierno bolivariano bajo el nombre de milicias.
Cualquiera sea el origen ideológico de la organización que mató a esas diez personas y dejó herida a otra, la verdad es una sola: en Venezuela está ya el germen del terrorismo que durante décadas ha azotado a nuestro país, escogiendo a las poblaciones más humildes como blanco de sus criminales propósitos. Con el agravante de la polarización que vive ese país, donde el gobierno de Hugo Chávez trata de liquidar a como dé lugar a sus opositores y está desmantelado las entidades territoriales en poder de sus contradictores, como el estado Táchira.
El sobreviviente, un colombiano que como sus compañeros de infortunio vivía del rebusque y las ventas ambulantes, ha contado detalles por demás espeluznantes. Los doce fueron amarrados con cadenas al cuello y los interrogatorios de sus secuestradores buscaban establecer su vinculación con grupos paramilitares colombianos. Y, cuando la labor resultó infructuosa, fueron fusilados en forma inmisericorde, salvándose él de manera providencial.
El relato del sobreviviente indica que en Venezuela se está reproduciendo lo que durante años fue el azote de millones de colombianos. Y el hecho sucede en uno de los peores momentos de las relaciones entre los dos países, cuando los insultos frecuentes y las descalificaciones del presidente Hugo Chávez las han llevado al más alto grado de deterioro posible. Todo podría ser usado para reclamar de manera enérgica la responsabilidad de su gobierno, teniendo como circunstancia agravante las decisiones de Chávez de hacerse el de la vista gorda frente a la presencia del ELN y de las Farc en la región fronteriza.
Pero no parece momento para echar leña al fuego que consume las relaciones colombovenezolanas. Ahora es la oportunidad para reclamar decisiones que permitan combatir los enemigos comunes: el narcotráfico, la violencia paramilitar y guerrillera y el estado de ilegalidad que crece del lado venezolano, reclamado incluso por los moradores de la zona de frontera.
Por supuesto que Colombia debe reclamar que se sepa la verdad de esta masacre y que se castigue a sus autores. Pero debe reconocerse que, antes que seguir azuzando el odio entre pueblos unidos por lazos que se hunden en la historia, es obligación de sus autoridades protegerlos de la irracionalidad de una violencia que no reconoce ni respeta la dignidad de los seres humanos, como lo demuestra el horror que padecieron esas doce víctimas.
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