Eduardo Behrentz*
El Tiempo, Bogotá
Diciembre 16 de 2009
De acuerdo con el esquema tarifario vigente, las tarifas que se cobran por el servicio de distribución de agua potable en Colombia son función, entre otros, del estrato socioeconómico del usuario y del denominado Consumo Básico. Este último hace referencia a la cantidad de agua que se considera necesaria para suplir las necesidades básicas de una familia.
El estrato incide en la tarifa debido a que los usuarios de altos ingresos contribuyen a cubrir los costos de los estratos bajos. Bajo este esquema, la tarifa que se cobra a los estratos 1, 2 y 3 no alcanza a cubrir el valor del servicio prestado, mientras que la diferencia causada es cubierta por el sobrecosto aplicado a los estratos 5 y 6.
El Consumo Básico influye en la tarifa debido a que este determina el máximo volumen de agua subsidiable, así como la cantidad a partir de la cual se considera un consumo excesivo (y, por ende, objeto de sobrecostos) para el caso de los estratos no subsidiados.
Esto significa que el valor asignado al Consumo Básico afecta los costos del servicio en todos los estratos sociales y, por lo mismo, tiene gran influencia en los patrones de consumo a nivel nacional. Esto se debe a la relación inequívoca (demostrada en las cifras disponibles para el sector) que existe entre costo del servicio y consumo de agua (menores costos se asocian con mayores consumos) dentro de un mismo estrato.
Lo anterior no quiere decir que para bajar el consumo nacional debamos aumentar aún más las tarifas del servicio de distribución de agua o limitar el sistema de subsidios que se aplica al mismo. Sin embargo, sí se hace necesaria una discusión acerca del valor del Consumo Básico en Colombia.
Esta necesidad se deriva tanto de la importancia de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de nuestros recursos hídricos y energéticos, como del elevado valor asignado en la actualidad al Consumo Básico.
Numerosas fuentes de abastecimiento de agua potable del país se encuentran amenazadas por la creciente contaminación de las corrientes naturales, así como por la continua presión que la actividad minera ejerce sobre los sistemas de páramo.
Adicionalmente, a pesar de los esfuerzos realizados, la canasta energética del país sigue siendo dependiente de las fuentes hidroeléctricas, y su vulnerabilidad a las (cada vez menos predecibles) condiciones climatológicas sigue latente hoy en día.
A pesar de lo anterior y en el contexto de un panorama desolador en lo que se refiere al nivel de los embalses y reservorios de agua, según la normativa vigente, el Consumo Básico en Colombia es de 20 metros cúbicos al mes por hogar. Este valor, que equivale a unos 165 litros diarios por habitante, supera en más de un 35 por ciento el consumo residencial promedio de Bogotá y es significativamente mayor que el consumo per cápita de países como Inglaterra y Alemania.
Estas cifras demuestran la viabilidad técnica de reducir de forma significativa el valor asignado al Consumo Básico, a través de lo cual se evitaría el desperdicio y se fomentaría un uso más racional, con lo cual se lograría una disminución de los consumos a nivel nacional.
Es claro que cualquier normativa que afecte los costos del agua potable es altamente impopular y difícil de adoptar en medio de un año electoral. Sin embargo, si no tomamos medidas drásticas en este sentido, es posible que entremos a ser parte del grupo de países andinos que se caracterizan de forma simultánea por su riqueza natural y por los racionamientos de agua y energía.
*Investigador
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