La encrucijada contra las minas

Editorial

Mundo, Medellín

Diciembre 5 de 2009

Lo que uno se pregunta es si Colombia no habrá madrugado demasiado, en aras de cumplir el Tratado de Ottawa, desminando sus bases militares.

Concluyó ayer en Cartagena la II Conferencia de Revisión del Tratado de Ottawa “Por un mundo libre de minas antipersonales”, reafirmando el propósito de los 156 países signatarios de prestar una mayor asistencia a las víctimas. Allí se confirmó que sólo cuatro de los Estados miembros han cumplido la meta de limpiar su territorio de esos artefactos y se reconoció que Colombia, no obstante las dificultades que entraña la guerra contra la insurgencia, está muy cerca de cumplir el compromiso de destruir todas la minas en poder del Ejército.

Tras cinco días de deliberaciones, foros, encuentros y múltiples eventos sociales, en uno de los cuales se hizo presente nuestro crédito, el cantante Juanes, quien ha dado muestras de estar muy comprometido con el tema, y pese al inmenso cubrimiento periodístico y a la presencia de comunicadores de todo el mundo, lo único que se conoció ayer, como resultado concreto del evento, fue, en primer lugar, un breve resumen del llamado “Plan de Acción de Cartagena”, una especie de guía de los esfuerzos de implementación de la Convención de Ottawa entre 2010 y 2014, que tiene como principales ejes la asistencia a las víctimas de minas antipersonales y el desminado humanitario de campos contaminados.

Y el otro documento, la Declaración de Cartagena, de la que anoche aun no habían publicado el texto completo en la página oficial del evento www.cartagenasummit.gov.co, y sólo conocimos algunos de los 21 puntos a través de informes de agencias internacionales, en los que, por cierto, sólo se reiteran viejos compromisos, como el de “conseguir la adhesión universal a la Convención de Ottawa para poner fin al sufrimiento causado por las minas antipersonales y lograr un mundo libre de minas” y se insiste en el llamado “a todos los Estados que aún no son parte del Convenio a unirse a la lucha contra ese flagelo”. Tal vez la única novedad del pronunciamiento es cuando se habla de que “la destrucción de 42 millones de minas en los últimos 10 años y la limpieza de extensas zonas minadas han evitado innumerables muertes y mutilaciones”. La Declaración también se queja de que “un pequeño número de Estados, no parte de la Convención, y varios grupos armados no estatales siguen utilizando minas antipersonales y causando nuevos problemas humanitarios y de sufrimiento continuo”.

En un documento, publicado previamente a la cumbre, se dice que, “entre los Estados, el uso de minas antipersonal es ahora poco frecuente, y su utilización por parte de grupos armados no estatales está disminuyendo. Se ha puesto fin a la produc ción de minas antipersonal en 38 Estados, cuatro de los cuales no son partes en la Convención y prácticamente no existe el comercio legal de ese tipo de armas”. Sin embargo, afirman que todavía hay 39 Estados que no son partes en la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, algunos de los cuales tienen grandes existencias de minas antipersonal. Y hay una cifra aterradora: según estimaciones de la publica ción anual, titulada Landmine Monitor Report, hay más de 160 millones de minas en Estados que no son partes en la Convención, y 13 Estados aún producen mi nas o conservan el derecho a ello.

Habrán advertido los lectores que tras el eufemismo “grupos armados no estatales”, los burócratas redactores de la Declaración – tan dados, bajo una pretendida neutralidad, a no llamar las cosas por su nombre – se están refiriendo, entre muchas otras organizaciones terroristas en el mundo, a los grupos narcoterroristas colombianos, Farc y Eln, fabricantes y sembradores de minas, causantes de múltiples asesinatos y mutilaciones de soldados, policías y civiles inocentes.

En el informe que presentó el vicepresidente Francisco Santos, se dice que Colombia registra 8.081 casos de personas que murieron por causa de minas desde 1990 y 6.285 sobrevivientes, todos los cuales padecen alguna forma de discapacidad. “Nuestro país se vio sumergido en esta tragedia de las minas antipersonal, cuando los grupos armados ilegales iniciaron su uso intensivo e indiscriminado, para evitar el avance de las tropas y para proteger áreas y corredores estratégicos para el tráfico de armas y drogas ilícitas. Esos grupos armados ilegales recurren ahora al uso de nuevas técnicas de fabricación, lo cual empeora nuestra ya compleja problemática, pues se dificultan más las labores de detección y limpieza”, reveló el vicepresidente. Su llamado a los países participantes a que, en nombre de las víctimas, “se unan a nuestro reclamo a los grupos armados ilegales para que no sigan sembrando minas”, con todo respeto, nos parece un grito en el vacío, un esfuerzo inútil.

Lo que uno se pregunta es si Colombia no habrá madrugado demasiado, en aras de cumplir el Tratado de Ottawa, despejando 27 de las 34 bases militares reportadas como áreas minadas y, comprometiéndose, como lo hizo en la cumbre, a que, para finales de 2010, antes que venza el plazo de 10 años establecido por el artículo 5º de la Convención, habrá destruido las siete restantes. Colombia tendría tantos motivos como EEUU para no salir de esas armas y casi podría esgrimir el mismo argumento que el Imperio tiene en Corea para no comprometerse en un tratado que, evidentemente, debilita su posibilidad de enfrentar a los terroristas.

Dejamos ese punto como tema de debate, y en el tintero otras inquietudes que nos despiertan esos costosos supermontajes de palabrería alrededor de las minas. Con la décima parte del dinero que absorbe esa burocracia ceremonial se podría, con seguridad absoluta, adelantar un estudio del más alto nivel técnico, para encontrar un aparato tan eficiente económica y operativamente, que haga menos costosa su detección y destrucción que su fabricación e instalación. Pero en lugar de esto se siguen haciendo costosas cumbres de literatura y buenos propósitos.