Los desplazados de Chávez

Editorial

El Colombiano, Medellín

Diciembre 2 de 2009

Los colombianos están siendo expulsados de Venezuela, como una acción más de la campaña de hostilidades de su presidente Hugo Chávez contra Colombia, en el marco de las diferencias que se han presentado entre los dos gobiernos, y sin advertir que la que está resultando afectada es la población que ha formado lazos familiares y sociales, ya históricos, entre ambas naciones.

Cada país es soberano para definir sus políticas migratorias y actuar frente a quienes ingresan ilegalmente a su territorio, pero es condenable que lo haga mediante el uso de la fuerza y violando los derechos humanos de las personas y más cuando, como en la coyuntura presente, lo que queda manifiesto es una animadversión contra los colombianos, que en otras épocas han sido bien recibidos en el vecino país o, por lo menos, no han sido perseguidos.

Más que una repatriación, se trata de un desplazamiento forzado, pues mediante presión militar los trabajadores de Colombia fueron obligados a abandonar el territorio venezolano casi con lo que tenían puesto. Sin un porqué ni la menor explicación, los guardias venezolanos les advirtieron a más de 300 mineros que debían abandonar la mina Yapacá, cerca de San Fernando de Atabapo, en el Estado de Amazonas, fuente de sustento para una población de más de 800 personas que habitan en sus alrededores.

Tras su expulsión, sin que mediara al menos una nota diplomática o algún anuncio oficial, en Puerto Inírida, capital del departamento de Guainía, se comenzó a registrar una delicada crisis humanitaria ante la intempestiva llegada de 251 hombres, 129 mujeres y 12 menores de edad. Entre ellos se encuentran miembros de comunidades indígenas de la región, además de mineros brasileños y ecuatorianos, que vivían y trabajaban en territorio venezolano.

El Gobierno colombiano, sorprendido por esta nueva acción, ha encarado de forma decidida el problema y en Guainía se encuentra una misión humanitaria, para atender un drama que podría crecer pues al parecer otro grupo grande de mineros ilegales se quedó oculto en la selva y llegaría a Puerto Inírida en las próximas horas.

Es una nueva situación de hecho sobre la cual las autoridades de nuestro país no fueron advertidas por las debidas vías diplomáticas. Recordemos que hace menos de 15 días, tropas venezolanas dinamitaron dos puentes fronterizos sobre el río Táchira, en Norte de Santander.

En esa ocasión vulneraron infraestructuras comunitarias, ahora el gobierno de Chávez la emprende contra la población trashumante que cruza una frontera cuya porosidad es bien reconocida, así como también lo son los múltiples lazos sociales que tejen los habitantes a un lado y otro de los 2.219 kilómetros comunes.

¿Hasta dónde llegará la rabia de Chávez con nuestro país? Cada provocación es una nueva muestra de una actitud beligerante que, por fortuna, no tiene en Colombia el mismo tono ni frente al Gobierno ni con los hermanos venezolanos.