Aliviando una tormenta perfecta

Alberto Carrasquilla*

El Espectador, Bogotá

Febrero 1 de 2010

El progresismo colombiano lo que quiere es tumbar la Ley 100 o de Seguridad Social.

La avalancha normativa en materia de salud tiene, sin duda, aspectos discutibles tanto en la forma de su implementación como en el contenido de sus textos. Empero, me parece que el espíritu general de las disposiciones, su trasfondo y su lógica, es positivo y merece ser apoyado.

En primer lugar, es muy claro que el progresismo colombiano lo que quiere es tumbar la Ley 100, acabar con el concepto mismo de aseguramiento individual, y devolvernos al presunto Nirvana del proveedor único estatal. En buena hora el Gobierno deja claro que ello le resulta inaceptable.

Segundo, en un régimen de aseguramiento es fundamental recordar que cuanto más amplio el espectro de los siniestros que se amparen, más costoso tiene que resultar el acceso al seguro.

Contrario a la tendencia que se ha venido imponiendo desde los estrados judiciales, resulta imposible que en este país, cuyo habitante promedio produce US$6.300 al año, a precios de paridad, exista cobertura universal para siniestros iguales a los que amparan a quien produce cinco veces más riqueza.

En buena hora el Gobierno introduce varias disposiciones que van en la dirección de imponerle racionalidad a semejante desmesura.

Tercero, la idea de que el ejercicio del derecho fundamental a la salud implica una garantía financiera irrevocable, convierte la palabra “Estado” en un eufemismo que sustituye otra, mucho más mundana: “contribuyente”.

Cuando los progresistas disponen que “el Estado tiene la obligación de pagar el tratamiento de José” los demás ciudadanos tienen que preparar la chequera.

El maná estatal sólo existe en la imaginación de estas personas tan generosas con el dinero ajeno. En buena hora el Gobierno introduce normas que le devuelven la responsabilidad de pagar su seguro, parcial o totalmente, al mismo José.

Leídos, pues, con cabeza fría, los decretos apuntan en la dirección de universalizar la salud de manera sostenible. Las polémicas que seguirán generando disposiciones que son anatema para el alma progresista, son tan predecibles en forma como pobres en sustancia. El debate democrático definirá si el espíritu general de las medidas persiste y se profundiza, para bien del avance social, o si colapsa, echando para atrás logros inobjetables.

Debemos defender, ante todo, el sistema de aseguramiento, porque ha sido una fuerza a favor del avance social. Por eso, estoy de acuerdo con medidas que lo fortalecen, como reducir el POS a lo que los expertos juzguen esencial, fortalecer los copagos y los deducibles y, sobre todo, con devolverle importancia al concepto, esencial en cualquier país serio, de responsabilidad individual.

Dicho lo anterior, también creo que las disposiciones son insuficientes para enfrentar el problema más importante que tiene nuestro sistema y que forma parte de una tragedia mucho más amplia: la informalidad.

Excelente la idea de que todos los ciudadanos tengamos un seguro que nos dé derecho a idéntico servicio en salud. Excelente que quienes podemos, seamos solidarios con quienes no, y que todos defendamos este principio esencial de la convivencia y la modernidad. Pésima, contraproducente, necia e inviable la idea de que para el 60% de los ciudadanos eso es gratis.

La informalidad y su correlato en materia de salud, la presunción de gratuidad, existen porque acceder a la formalidad es una opción demasiado cara, más cara en Colombia que en cualquier país comparable. Crear empleos de calidad, y por ende lograr que más colombianos financien su aseguramiento, es imposible sin enfrentar con decisión este hecho irrefutable.

Al amparo de las más bellas intenciones, los progresistas le han armado una tormenta perfecta al progreso social gestado con la Ley 100. En buena hora comenzamos a aliviar sus efectos.

* Ex ministro de Hacienda y Crédito Público.