Juan Luis Isaza Londoño*
El Tiempo, Bogotá
Octubre 24 de 2009
La carrera 10a. fue, sin duda, una de las obras más importantes realizadas en Bogotá en los años 50. Sin embargo, nadie se acuerda de que, para que esta fuera posible, se demolió una de las joyas arquitectónicas más importantes de la capital: la iglesia de Santa Inés.
Aunque sucedió hace más de 40 años, vale la pena mencionar el episodio hoy, pocos días antes de que el juez segundo administrativo del circuito de Barranquilla haga público el fallo sobre una acción popular que busca la demolición del edificio de la Caja Agraria de esa ciudad.
Dos años después de la demolición de la iglesia de Santa Inés se expidió la Ley 163 de 1959, la primera que protege el patrimonio cultural en Colombia de manera general, y, desde entonces, surgieron instancias e instituciones como Colcultura, el Fondo de Inmuebles Nacionales, la Subdirección de Monumentos Nacionales, la Fundación para la Conservación del Patrimonio Cultural Colombiano del Banco de la República, el Consejo de Monumentos Nacionales -hoy Consejo Nacional de Patrimonio Cultural- y, finalmente, en 1997, gracias a la Ley 397 de ese año, el Ministerio de Cultura. Hoy, la gestión y la protección del patrimonio cultural están regidas por la Ley 1185 del 2008, una de las normas más innovadoras en temas de patrimonio cultural en el ámbito latinoamericano.
No deja de ser lamentable que, 40 años después, a pesar de todos estos avances normativos e institucionales, los colombianos sigamos cometiendo los mismos atropellos contra el patrimonio cultural. El edificio de la Caja Agraria de Barranquilla, declarado monumento nacional -hoy bien de interés cultural del ámbito nacional- mediante el Decreto 1802 del 19 de octubre de 1995, es una de las muestras más importantes de la arquitectura del movimiento moderno en Colombia.
Su creador, el arquitecto Fernando Martínez Sanabria (1925-1991), uno de los representantes más importantes de este movimiento en el país, la consideró su obra maestra, pues en ella pudo conjugar todos los elementos de confort, funcionalidad, productividad y practicidad que se buscaban en ese momento, sin contar que por muchos años fue la obra arquitectónica más representativa de la ciudad de Barranquilla.
Al igual que en el caso de la iglesia de Santa Inés y de otras construcciones que fueron demolidas, como el antiguo palacio arzobispal de Medellín y algunos sectores de las murallas de Cartagena, el edificio de la Caja Agraria de Barranquilla se ha visto como un obstáculo para un proyecto de desarrollo urbano con grandes beneficios. Este tipo de proyectos no se pueden pensar en detrimento de nuestro patrimonio cultural.
Por el contrario, cada vez se reconoce más que, para que se pueda construir un futuro mejor, es necesario tener en cuenta las huellas y las enseñanzas del pasado. Aún más cuando estas tienen la importancia cultural e histórica del mencionado edificio.
Desde la expedición de la Ley 163 de 1959 son contados los bienes de interés cultural del ámbito nacional que han sido demolidos y, sobre todo, nunca se ha derogado la declaratoria de uno de estos bienes. En caso de ser favorable, el fallo le quitaría, por primera vez, la calidad de bien de interés cultural a una edificación que les pertenece a todos los colombianos y le abriría las puertas a la destrucción del patrimonio cultural con la excusa del progreso y del desarrollo.
¿Por qué no podemos pensar grandes proyectos en los que se tengan en cuenta los elementos patrimoniales dentro del desarrollo urbano? ¿Acaso, para salir adelante, tenemos que ignorar nuestra historia?
1 comentario:
Como Actor Popular difiero totalmente de la opinión del director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, sobre el debate del edificio Caja Agraria por las siguientes razones: El debate técnico e histórico plantea resolver qué es más importante; si rescatar el edificio por su valor arquitectónico o recuperar el Paseo Bolívar por su valor urbanístico. Al respecto creo que las razones urbanísticas e históricas del Paseo Bolívar pesan mucho más que las razones arquitectónicas y patrimoniales del edificio; por un lado, el verdadero hito de la ciudad es el "Camellón Abello", hoy: Paseo Bolívar, con casi doscientos años de historia, mientras que el edificio, hace apenas treinta y tantos años se levantó en un terreno donde, precisamente para prolongar el paseo, se había demolido una verdadera joya arquitectónica recordada como edificio Palma. Pero este debate tiene otra connotación, tal vez, más importante, como lo es la vulneración de derechos colectivos violentados o al menos amenazados por los propietarios del edificio y que son la verdadera razón para esperar el fallo del honorable señor juez segundo administrativo; y ellos son la seguridad y salubridad públicas y el derecho a un ambiente sano. Es inconcebible que un edificio moderno, construido en 1967, ejemplo de arquitectura para unos y declarado Monumento Nacional, hoy, Bien de Interés Cultural, se haya convertido en un peligro para la ciudadanía por la falta de mantenimiento por parte de sus propietarios. Ahora bien, la profundidad del debate y lo interesante que en ello hay planteado es sobre la responsabilidad de la declaratoria de Bien de Interés Cultural a edificaciones particulares que posiblemente cumplan los criterios para ello, pero, igualmente, esa declaratoria debe necesariamente conllevar una indemnización y un compromiso de mantenimiento, pues al sacar el bien inmueble del comercio, lo que se hace prácticamente es una expropiación administrativa que busca una preservación del patrimonio, pero, nada de esto se cumple si ese patrimonio no es autosuficiente, o si no genera alguna rentabilidad para mantenerse. Recordemos que la vida útil de una estructura termina cuando comienza su deterioro, y esta estructura denominada edificio Caja Agraria, ya está comprometida por la carbonatación, o sea, que está en peligro inminente de colapsar. PD. Lejos está este edificio de haber reemplazado en su valor arquitectónico y representatividad al Hotel del Prado en Barranquilla. Infórmese mejor señor director.
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