Por Darío Acevedo Carmona
Ventana Abierta, Medellín
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Octubre 10 de 2009
Hay asuntos en los que el presidente Uribe arriesga demasiado protegiendo a sus subalternos. Es curioso, mientras la Oposición le reclama por la excesiva dureza con que trata a sus ministros y viceministros al aire, él se empecina en sostenerlos en sus puestos ante las acusaciones por corrupción que los afectan. En el escándalo suscitado por la entrega dolosa de subsidios en el programa Agro Ingreso Seguro, el presidente vuelve a exagerar su solidaridad con el ministro del ramo como si no tuviese que ser al revés. El ministro de Agricultura no tiene por qué quedarse amparado en el argumento de que va a dar la cara y a pagar las consecuencias políticas del asunto. Es que de todas formas tiene que dar la cara y pagar unos costes políticos. Pero sobre todo, debe entender que su permanencia en el cargo perjudica notoriamente la imagen del Gobierno y del presidente Uribe.
No se si es que el hecho de considerarse inocente, que lo puede ser, y de no haber tenido responsabilidad directa en el otorgamiento de los subsidios que fueron a parar, de modo tramposo, a unas familias ricachonas del Magdalena, sean razones valederas para continuar en el cargo. Los altos funcionarios de un estado deben estar sometidos a las contingencias que se derivan de sus deberes, bien sea por acción o por omisión. Quienes tienen altas responsabilidades están obligados a presentar renuncia ante una situación grave que pueda poner en peligro a sus inmediatos superiores, al gobierno y al primer mandatario. La idea de la renuncia apunta a mostrar en primer lugar una actitud digna, algo así como despojarse de la autoridad para quedar en limpio ante cualquier investigación judicial o administrativa. En segundo lugar, quiere decir que el funcionario es consciente de que su permanencia representa un desgaste político innecesario para el gobierno al que sirve.
No basta pues defender las bondades de la política de Agro Ingreso Seguro ni prometer que se harán los correctivos del caso para evitar que gentes inescrupulosas obtengan recursos de forma fraudulenta, para justificar tercamente la no renuncia. El presidente Uribe no debe equivocarse en un asunto en que la Oposición arrecia en sus ataques y cuestionamientos morales contra el gobierno. Hay que reconocer, como en efecto ya se hizo, que hubo errores de diseño, fallas en los controles y que, probablemente el IICA, organismo de la OEA encargado de implementar la convocatoria, constatar la veracidad de la información entregada por los aspirantes así como de definir los beneficiarios, no realizó con el adecuado la vigilancia necesaria.
El gran perjudicado de todo este embrollo es el precandidato conservador Andrés Felipe Arias quien a pesar de salir a dar la cara y brindar las explicaciones del caso no ha podido satisfacer a la opinión pública que se encuentra bastante enojada con estos fraudes. Estamos en coyuntura electoral y no habrá ningún argumento que pueda satisfacer a una opinión espoleada por los medios y por la Oposición.
La segunda víctima de todo esto, si se impone el discurso populista y clasista, es que se suspendan los subsidios a los empresarios del campo so pretexto de que de buena parte de ellos se aprovechan gentes muy adineradas. Presentada la información en términos crudos y simplistas, este es un gobierno de los ricos y para los ricos, que favorece con subsidios y exenciones al gran capital. Desconocen los millones de pobres favorecidos por el SISBEN, por Madres Comunitarias y por Familias en Acción. No hay lugar ni ambiente para que se entienda que en estas materias, en todo el mundo, países grandes y chicos, ricos y pobres, crean estímulos para los empresarios con el fin de mejorar la competitividad, crear y mantener empleos dignos y evitar un despoblamiento incontrolado del campo.
Las conclusiones que sacan detractores y defensores del sistema son, por supuesto bien diferentes. Los primeros consideran que el problema de fondo está en el régimen librecambista y neoliberal por el que nos regimos y los segundos capean el temporal tratando de mostrar las bondades de estimular la producción de riqueza estimulando a los empresarios a ser más competitivos.
Mientras la Oposición le explica al país cuál sería su estrategia, que no sea el estatismo ramplón, para eliminar las evidentes inequidades sociales que afectan al país, los que defendemos el sistema de libre empresa y libre comercio con intervención y control moderado desde el estado, estamos en la obligación de ser, primero eficaces, segundo honrados, tercero reconocer los errores y renunciar cuando se falle, y cuarto hacer los ajustes y correctivos drásticos para que se cumplan los objetivos de la política.
Que nadie se equivoque frente al cáncer de la corrupción que nace de la ambición desmesurada y que se cocina allí donde quiera que existen recursos y riquezas, pues esa misma ambición afecta a cualquier modelo de desarrollo, el cáncer no distingue entre estatistas y librecambistas. La solución es que se adopten mecanismos de vigilancia más rigurosos y que se reorienten los recursos en mayores porcentajes en favor de los pequeños y medianos productores del campo.
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