Libardo Botero C.*
Blog Debate Nacional, Medellín
Diciembre 1 de 2009
En solo dos horas en el Senado el ministro Andrés Fernández desbarató la conjura de la oposición sobre AIS
Carente de programas que atinen a resolver los graves problemas del país, la oposición ha convertido en arma predilecta de su estrategia electoral el escándalo, en la acepción más corriente que traen los diccionarios: “alboroto, tumulto, ruido”. Así ocurrió con el “escándalo” de supuesto favorecimiento de los hijos del Presidente en una zona franca; lo mismo con las pretendidas “chuzadas” del DAS, que han resultado en lo contrario, un complot criminal contra el gobierno orquestado por una red criminal de particulares y funcionarios incrustados en algunos organismos oficiales, incluida la Fiscalía.
La estrategia del escándalo tiene a la larga, y a veces a la corta, un resultado inevitable: se devuelve como un bumerán contra sus autores. Que es lo que ha ocurrido con un nuevo episodio, el de Agro Ingreso Seguro (AIS), en el cual la oposición creyó encontrar por fin la piedra filosofal que transmutaría su chatarra política en dorada presea gananciosa en los comicios de 2010.
Más de un mes de ataques arteros y dosificados desde revistas, periódicos y cadenas radiales, confluyeron en dos semanas de debate con amplio cubrimiento mediático en el Senado, donde reconocidas cabezas del Polo Democrático y el Partido Liberal, que no acababan de asimilar el desastre de sus famélicas consultas internas, acariciaron la ilusión de la victoria. Efímera ilusión. Porque el 10 de noviembre, cuando por fin el Ministro de Agricultura Andrés Fernández pudo hacer uso de la palabra, le bastaron solo dos horas para pulverizar los ataques persistentes sufridos con estoicismo en decenas de horas de infundios.
Tenía razón el presidente Uribe desde el comienzo al prevenir contra una estrategia politiquera con fines electorales.
Los subsidios
Con el tono arrogante y vanidoso que lo caracteriza, el senador Jorge Robledo en su intervención del 27 de octubre se adjudicó indirectamente el origen de la política de subsidios, encarnada en el programa de AIS. Insinuó que sus advertencias en los debates del TLC con EEUU condujeron al gobierno a gestionar la ley de AIS.
Pero mucho antes Carlos Gustavo Cano, ministro del ramo, lo había propuesto. El gobierno tenía muy claro que las “ayudas internas” –en especial de los países ricos- solo se pueden desmontar en una negociación multilateral en la OMC. La única alternativa, además de conseguir plazos largos de desgravación en productos sensibles, era apelar aquí al mismo mecanismo de subsidios. Ese es el origen de AIS. Por eso la ley previó también empezar a aplicarlos desde 2007, pues los subsidios nos afectan con o sin TLC.
Quiso sí Robledo minimizar la importancia de AIS, quejándose de su bajo monto y el escaso número de campesinos cubierto. Y para ridiculizar su impacto apeló a una manida comparación que viene repitiendo hace tiempos sin sonrojarse: que nuestros subsidios apenas alcanzan a US$ 250 millones, mientras los de EEUU bordean los US$ 50.000 millones, al parecer una asimetría insuperable y ruinosa. Pero falsa.
Nosotros no compramos toda la cosecha norteamericana y por eso no enfrentamos esa abultada cifra de subsidios. EEUU exporta solo una fracción de lo que produce (no todos los subsidios salen a competir afuera); a Colombia exporta menos de 0.4% del total, del cual menos del 10% son bienes agropecuarios. Total: competimos con una cantidad minúscula de sus subsidios. Al final los nuestros resultan equivalentes a los de EEUU que llegan acá pues exportamos solo una fracción de lo que producimos, talvez un 40% a EEUU, pero también en productos agropecuarios menos del 10%.
Y aunque parezca increíble: desde 1991 hasta hoy acumulamos un superávit comercial con EEUU que se acerca a los US$ 20.000 millones. Por supuesto que también en géneros agropecuarios. El ministro Fernández denunció, con razón, cómo Robledo maliciosamente habla de un déficit en términos de toneladas, cuando hay un superávit holgado en dinero, pues nuestros productos valen más. Para muestra un botón: la libra de café colombiano tiene un precio 10 o 12 veces superior a la de trigo importado y casi 20 veces la de maíz.
El programa de riego y drenaje
Los interrogantes sobre AIS se iniciaron por el “fraccionamiento” de una finca en el departamento del Magdalena para obtener cuatro veces la suma de subsidio que los topes legales permiten en un programa de riego y drenaje, denunciado por la revista Cambio. La beneficiada es una familia adinerada, lo que fue interpretado por los enemigos del gobierno, de entrada, como un episodio de corrupción y prueba de una política agraria destinada a favorecer a los ricos.
La denuncia se prestaba para armar un barullo de grandes proporciones, aprovechando que Andrés Felipe Arias, gestor de la ley de AIS y Ministro de Agricultura durante la primera etapa de su implementación, era ahora fuerte aspirante a suceder a Álvaro Uribe en la presidencia, de no salir avante el referendo reeleccionista. Golpearlo debilitaría uno de los pilares que podrían asegurar la permanencia de la política de seguridad democrática, y afectar al mismo Uribe. De allí en adelante no se ahorraron medios para amplificar el escándalo, desde los más cursis hasta los más insólitos.
Hasta el momento, a decir verdad, fuera del caso de “fraccionamiento” no existe ningún otro del cual se pueda presumir al menos que implicó irregularidades. Y en este en particular, la argumentación del ministro Fernández ante el Senado fue contundente. El gobierno ha efectuado ante los órganos de investigación y control las denuncias correspondientes y espera que se recuperen los dineros que, por lo demás, no se entregaron a sus beneficiarios, ya que una fiducia los maneja y gira a los proveedores y no a los propietarios de los predios. Y el Ministerio de Agricultura no tuvo ni tenía nada que ver en el asunto, pues la función de evaluación y calificación de los proyectos correspondía plenamente al IICA.
Develó el ministro el montaje burdo que urdió el senador Robledo, basado en informaciones de prensa, al indicar que proyectos rechazados técnicamente y declarados inviables fueran posteriormente beneficiados a instancias del ministerio. Omitió explicar el senador, no se sabe si intencionalmente, que al primer concepto de unos técnicos –solo a ese se refirió- seguía un segundo filtro dentro del IICA, que evaluaba de nuevo los proyectos para seleccionar los definitivos, el cual podía revisar el dictamen inicial, como ocurrió en varios casos. En ninguna de esas instancias intervenía el despacho de Agricultura.
Pero el ministro fue más allá. Informó que además del caso del Magdalena se detectaron por el gobierno otros nueve “fraccionamientos”, que fueron igualmente denunciados ante las autoridades respectivas un mes atrás. Cabe esperar que los entes encargados investiguen y tomen las decisiones pertinentes. Y que el Congreso apruebe el proyecto de ley que el Ejecutivo le ha presentado para castigar estos fraudes en el aprovechamiento de recursos del erario.
Los casos referidos, diez en total, son un número ínfimo frente a 33.000 familias beneficiadas del programa de riego y drenaje, y suman apenas el 1% de los recursos, que en un 94% se destinaron a pequeños y medianos propietarios. Cifras que hablan, además, del despropósito de los críticos al calificar esta política agraria de “plutocrática”.
Frente a lo que sí han aflorado inquietudes válidas es respecto a la decisión del gobierno de de excluir a los grandes propietarios de las ayudas para riego y drenaje, calificada por la SAC como apresurada e inconveniente. Con razón porque los grandes productores también sufren la competencia desleal de los granjeros norteamericanos y europeos.
Rafael Mejía, presidente de la SAC ha señalado que la división de un gran proyecto en varios pequeños para poder obtener los subsidios apropiados, se deriva de los bajos topes establecidos. “Debe diferenciarse entre lo legal y lo ético –indicó en una entrevista-. Las divisiones han sido hechos reales, sin embargo, deben analizarse casos particulares. Por ejemplo, puede hablarse del caso del inversionista brasileño Sergio Marchett, quien debió constituir al menos 19 empresas para integrar un proyecto de 12.000 hectáreas”.
El beneficio para pequeños y medianos campesinos quedó evidenciado en departamentos como Nariño, que recibió cuantías significativas: 47.374 millones de pesos, en 39 proyectos de riego, que beneficiaron a centenares de familias campesinas pequeñas y medianas. Antonio Navarro del Polo, gobernador acucioso en la gestión de esos dineros, lo ha reconocido, al igual que la transparencia en el manejo presupuestal del Ministerio desde cuando estaba en cabeza de Andrés Felipe Arias. Allí, como en otros departamentos, no se entregaron recursos a grandes propietarios. La retórica sobre la concentración de recursos ha quedado solo en eso, retórica.
Los otros componentes de AIS
Varios son los programas que componen AIS, además del de riego, que es el que absorbe menos presupuesto, como la línea especial de crédito (con interés DTF-2), el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) que viene de antes de esta ley, un Incentivo de Asistencia Técnica, y programas de subsidio a la vivienda rural.
Entre todos, y contando desde su origen en 2007, AIS ha beneficiado a 316.000 familias (cerca de 1.200.000 personas), el 99% pequeños y medianos productores, que han recibido el 86% de los $1,4 billones desembolsados. “Significa atender el 13 por ciento de las familias rurales con menos del uno por ciento del Presupuesto General de la Nación” dijo el ministro Fernández en el Senado. Con esa suma se han apalancado (con apoyo de gobiernos regionales y locales, y de los productores mismos) inversiones por 4,4 billones, generando 360.000 empleos. Además de los beneficios sociales evidentes, el grado de concentración de los subsidios es muy bajo en todos los programas, incluido el programa de riego.
Sin embargo se ha querido enlodar AIS utilizando comparaciones amañadas, casos espurios, ardides de distinta laya. Veamos algunos de los más socorridos por congresistas de la oposición, que a la postre resultaron un auténtico parto de los montes.
Robledo mencionó el caso de Coltabaco y la Phillips Morris, su propietario actual, para denunciar un grueso crédito a una multinacional poderosa, mientras se lo negaba a humildes campesinos. Resulta que es al contrario. Dicha empresa solo es la intermediaria, que corre además con los riesgos de la operación, para obtener créditos por un total de $ 19.823 millones, dirigidos a 9.715 campesinos tabacaleros, cada uno de los cuales obtiene dos millones de pesos en promedio.
Quiso el mismo senador demeritar AIS aseverando que a Luis Carlos Sarmiento Angulo se le habían otorgado cuantiosas sumas de crédito, a sabiendas de que nada tiene que ver con el campo. Con paciencia el ministro Fernández desbarató su argumento, mostrando que una entidad financiera de ese grupo tiene participación en dos antiguas y reconocidas sociedades agropecuarias, de gran trayectoria, que obtuvieron los préstamos.
Nos haríamos interminables si quisiéramos listar las acusaciones que salpican a numerosos empresarios, de sectores como el azucarero o el bananero entre otros, y que han sido aclaradas por el ministro, por los gremios o los mismos empresarios aludidos.
Una a una también, con documentos en mano, Andrés Fernández desbarató las insidias tejidas sobre otorgamiento de beneficios a paramilitares o narcotraficantes.
No podía el debate dejar de tener un episodio tragicómico. Giró alrededor de la denuncia más publicitada del senador liberal Juan Fernando Cristo: la entrega de subsidios para vivienda a personas fallecidas. El caso es grotesco, “como para una caricatura” según el Ministro, quien explicó que por ley se requiere que todos los miembros de las familias aspirantes, incluidos los niños, se inscriban. El senador Cristo tomó los números de los registros civiles de los menores y consultó en la página web de la Registraduría y, dado que no son números de cédulas vigentes, la respuesta del sistema fue que estaban fallecidas. ¡Ese fue el fraude!
Hizo hincapié el ministro en la doble moral de los proponentes de la moción de censura. Ocultando, por ejemplo, que a las mismas familias que ahora denuncian en AIS les otorgaron subsidios en los gobiernos de Gaviria, Samper o Pastrana. “Cuando pasa en otros gobiernos no tiene ningún problema. Pero cuando esto pasa en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¡ahí sí es perverso! ¡Ahí sí es favorecimiento! ¡Ahí sí es corrupción!”, exclamó el ministro. Para colmo, un grueso número de senadores de la oposición –incluido un proponente de la moción- se declaró impedido para votarla ¡pues algunos de ellos o familiares cercanos están gozando de los beneficios de AIS!
La política agropecuaria de Uribe
La tramoya oposicionista ha seguido este curso: ante la fragilidad de los cargos por corrupción o desviación de recursos en AIS, han saltado a vociferar contra la política agropecuaria oficial. Aprovechando conocidas falencias e inveteradas inequidades del campo han tratado de presentarla como expresión de un “modelo pro-rico” que ha agravado la miseria y arruinado la producción.
Sin desconocer los problemas del sector, el ministro Fernández efectuó en el debate un balance que muestra innegables avances, en contravía de la prédica opositora. Empezó por presentar el panorama, bastante sombrío, de los años 90 del siglo pasado, en las administraciones anteriores a Uribe, cuando cayeron el área cultivada, la producción y el financiamiento, a la vez que se acrecentaron la pobreza y la desigualdad.
En cambio, el panorama es otro después del 2002. El balance completo del Min-agricultura fue contundente: “Una imagen vale más que mil palabras: hemos recuperado 675 mil hectáreas sembradas de cultivos lícitos en 7 años, del millón de hectáreas que se perdieron en los noventa por la Apertura Económica, por la ausencia de Estado y por la falta de políticas agropecuarias serias. Por ejemplo, en cultivos transitorios como arroz, maíz, fríjol y hortalizas, hemos crecido 110.000 hectáreas. Mientras en cultivos de tardío rendimiento, como cacao, palma, frutas, forestales, hemos incrementado el área sembrada en 565 mil hectáreas.
“Gracias a la inversión que estamos promoviendo en el campo, hemos logrado incrementar la productividad en 10 por ciento, es decir, estamos produciendo más a menos costos. Hoy estamos produciendo 5 millones de toneladas más de alimentos para los colombianos y para el mundo. Esta cifra récord en producción nos permite tener la inflación más baja en los últimos años. Esto se traduce en que un ama de casa con su mismo ingreso, hoy puede comprar más alimentos para sus hijos. A diferencia de otros países que sufren de escasez, como el modelo venezolano que tanto admiran algunos de la oposición, Colombia hoy tiene una suficiencia alimentaria del 90 por ciento. Esto se refleja en que hoy el país recibe por sus exportaciones casi tres veces de lo que paga por sus importaciones.
“A su vez, más área, más inversión y más producción son los responsables de que hayamos podido reducir en casi 3 puntos el desempleo en el campo, el cual se ubica hoy en 7,9 por ciento. Así mismo, la pobreza que nos entregaron bordeando los 80 puntos, hoy en día está en 65 puntos. Nos falta mucho, pero la hemos bajado 15 puntos.
“Colombianas y colombianos, estas son las cifras. Esta es la verdad.”
* Escrito para la revista AHORA el 14 de noviembre de 2009.
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