Alertas por atender

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 4 de 2009

El pasado fin de semana, un grupo de organizaciones capitalinas le solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá el aplazamiento de la apertura de la licitación para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Transparencia por Colombia y Bogotá, Cómo Vamos -una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Corona y esta Casa Editorial- emitieron una "alerta temprana" sobre algunas áreas del proceso contractual más importante relacionado con la movilidad de la ciudad.

La adopción del SITP ha sido una de las decisiones más esperadas de la actual administración. El decreto firmado por el alcalde Samuel Moreno les abre las puertas, en teoría, a una serie de profundas transformaciones, que modernizarán y organizarán el sector del transporte público de la capital. A partir de octubre del 2011, la ciudad se dividirá en 13 zonas y el Distrito adjudicará igual número de contratos de concesión para operar este vital servicio. Como se afirmó en estas páginas, la decisión política de adoptar el SITP, si bien acertada, era insuficiente. De la implementación de esta nueva estructura dependería que Bogotá aproveche la oportunidad única para garantizar, de una vez por todas, un transporte digno, eficiente y moderno para sus siete millones de habitantes.

Este proceso de licitación, cuya apertura ya se trasladó para mediados de enero próximo, es precisamente el fundamento de un sistema que integraría buses, TransMilenio, metro y tren de cercanías, cuando estos dos últimos existan. Por ende, es bienvenido el ejercicio de estas ONG -y de expertos, universidades y congresistas-, que ayuda a la transparencia y a la rendición de cuentas. Para Bogotá, Cómo Vamos y Transparencia por Colombia, la Secretaría de Movilidad está liderando, en resumen, un proceso que favorece al gremio de los transportadores en detrimento del interés de los ciudadanos.

Que la Alcaldía no se plantee la recuperación de los más de 25.000 millones de pesos que este gremio le debe, ni la de las multas contra los conductores, y que las concesiones se ofrezcan por 24 años son condiciones que preocupan a estas entidades. Además, los documentos públicos del proceso no conectan estrategia alguna de urbanismo y espacio público con el SITP, así como hablan de unos 9.000 vehículos para chatarrizar, cuyo costo será trasladado a los usuarios. A esto habría que añadir altas indemnizaciones a favor de los transportadores si a la ciudad se le ocurre extender metro, TransMilenio u otro sistema a sus zonas de operación.

Otras inquietudes están relacionadas con las figuras jurídicas que permitan que las nuevas empresas operadores tengan el deseable control total de la flota, y con la ausencia de una licitación paralela para definir el sistema de recaudo, control e información para el pasajero. Aún más elocuentes son las alarmas frente a la definición de la tarifa: en vez de un tiquete único están planteadas opciones de cobro diferenciado y de pago adicional. En otras palabras, los usuarios de largos trayectos, que en su mayoría son los más pobres, podrían terminar soportando una tarifa más alta e inequitativa.

La Administración Distrital está en mora de responder puntualmente cada una de estas serias y pertinentes alertas ciudadanas. Sería lamentable que, por un errado concepto de negociación o una peligrosa deferencia con el gremio, al otro lado de la mesa las autoridades de movilidad dejaran que un manto de duda cubra esta crucial licitación. La Alcaldía debe confiar en que los bogotanos entienden que la transformación del transporte requiere una compleja y delicada negociación. Pero esta realidad política y empresarial no es excusa para adelantar un proceso con grandes consecuencias urbanas de espaldas a la ciudad, sin información y sin la participación de los usuarios. Si la Administración persiste en ese camino, no habrá ni tiempo ni disposición en el futuro para desmentir la creciente percepción de que el SITP terminará capturado por los grandes transportadores.