Ricardo Montezuma*
El Tiempo, Bogotá
Diciembre 5 de 2009
Según la Secretaría de Movilidad, en las próximas semanas se abriría la licitación para dar en concesión la operación de las 13 zonas en que se ha dividido la capital para la operación de buses y busetas dentro del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Hay que reconocer y felicitar al alcalde Samuel Moreno por el particular interés puesto en el tema. Sin embargo, se debe llamar la atención de la ciudadanía sobre la magnitud de las decisiones. Estas son las más importantes de la historia de la ciudad en la materia. De funcionar el SITP, que es lo que todos esperamos, por primera vez en 80 años el Distrito podría contar con un sistema de buses sin guerra del centavo, sin sobreoferta y sin el desorden generalizado que lo ha caracterizado. No obstante, es muy preocupante que tal maravilla se haya venido haciendo a la carrera y a puerta cerrada.
Al analizar los prepliegos de la licitación, se concluye que estos están totalmente a favor de los transportadores tradicionales y en detrimento de la ciudad y sus habitantes. Paradójicamente, se quiere licitar la operación del SITP aun cuando se desconocen varios aspectos estructurales: 1) ¿Cuál es la forma de integración de metro y los otros megaproyectos dentro del SITP? 2) ¿Cuál es el sistema, costo y medio de recaudo? 3) ¿Qué pasa si los ingresos por tarifa no cubren los costos? 4) ¿Quién será responsable por el nivel de servicio? 5) ¿Qué niveles de ocupación y frecuencias se usarán?
Los anteriores vacíos del SITP justifican el aplazamiento de la apertura de la licitación. Vale la pena preguntarse también: ¿qué tan conveniente son para la ciudad las 13 zonas, el excesivo plazo de la concesión, las condonaciones de dineros públicos y el pago una vez más de la chatarrización?
El tema de las zonas requiere ser revisado, puesto que la rentabilidad de estas es muy heterogénea. En este sentido, deben existir mecanismos de compensación entre las zonas más y menos rentables.
Veinticuatro años de concesión son descomunales para las inversiones que harán los transportadores. Los contratos de TransMilenio tenían inicialmente 10 años para inversiones mucho más elevadas. Además, durante su duración, para expandir cualquier sistema formal de transporte -TransMilenio o metro- habría que pagar cuantiosas indemnizaciones a los concesionarios.
Desde ningún punto se deberían condonar los dineros públicos del factor de calidad o de las multas. Las empresas están obligadas a pagarle a la ciudad lo sentenciado por el Consejo de Estado. Este dinero debería invertirse en infraestructura básica del SITP, digamos, los patios. Es inconveniente dejarlos a cargo de los concesionarios, ya que se corren muchos riesgos, como tener terminales improvisados o en lugares inadecuados, lo cual puede encarecer el servicio y condicionar el éxito y la calidad del nuevo sistema, para el cual es fundamental el manejo centralizado de la flota y este requiere una infraestructura adecuada.
Pagar nuevamente la chatarrización de 9.000 buses es inaceptable. Buena parte de esta está incluida en los dineros del factor de calidad que adeudan a la ciudad los transportadores. Además, el actual costo de los vehículos es excesivo -alrededor de ochenta millones de pesos-, ya que en el 2003 costaban unos diez millones.
Hay temas fundamentales que están ausentes de la negociación entre Distrito y transportadores, como tarifa y calidad del servicio. Es imperativo contar con muy buenos niveles de capacidad, frecuencia y velocidad comercial. Estos deberían ser el centro de la discusión, ya que de ellos dependen costos y tiempos de la concesión, los cuales, mientras más cortos, mucho mejores para la ciudad y los usuarios. Es irresponsable y arriesgado entregarles el ochenta por ciento del transporte público durante un cuarto de siglo a unos precarios empresarios de buses y busetas que han demostrado durante ocho décadas su incapacidad para prestar un buen servicio, pero, sobre todo, sus habilidades y métodos poco ortodoxos para influenciar la política local.
Es responsable y prudente darnos unos meses para mejorar un producto y proceso que requiere legitimidad. Esta se construye con transparencia y participación de todos los actores y de los ciudadanos.
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