José Miguel Orozco Muñoz
El Tiempo, Bogotá
Diciembre 14 de 2009
Entre los temas centrales de las negociaciones de la 15ª. Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague se encuentra el forestal, visto en este escenario bajo la perspectiva de "reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques" (REDD, por sus siglas en inglés). Así, junto con los temas de mitigación, adaptación, transferencia tecnológica y financiación, que constituyen los bloques principales objeto de la negociación, la conservación y el manejo de los bosques emergen como un asunto clave luego de que en la reunión de la Convención realizada en Bali a finales del 2007 se reconociera a REDD como un mecanismo de mitigación del cambio climático para el régimen posterior al Protocolo de Kyoto.
La idea básica detrás de REDD es que los países que estén dispuestos y puedan reducir las emisiones de carbono provenientes de la deforestación, deben ser compensados financieramente. Es de recordar que recientes estimaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático indican que la deforestación contribuye con alrededor del 18 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), es decir, mucho más que todas las emisiones que se atribuyen al transporte (14 por ciento), la agricultura (14 por ciento) y la industria (14 por ciento).
Aunque en medio de la enorme complejidad de la negociación global sobre cambio climático se ha insinuado que el tema de REDD es tal vez el que podría generar más consenso, es previsible que las deliberaciones sobre este tópico no resulten tan fáciles -e incluso que deban proseguir luego de la reunión de Copenhague, habida cuenta de los muchos aspectos conceptuales y operativos que aún están por discutirse y ser definidos-. Entre ellos llama la atención uno que puede ser de gran importancia para la gobernanza y el manejo forestal en Colombia y que aparentemente atañe a aspectos que son de mera terminología, pero que en realidad encierran una profunda diferencia de enfoques.
Así, una nota informativa de la FAO, conocida solo días antes del inicio de la reunión de Copenhague, aborda este asunto y advierte que no hay un consenso claro entre las partes sobre qué tipo de actividades deberían o no ser elegibles para incentivos bajo el esquema de REDD. Precisa, además, que muchas partes son partidarias de un enfoque comprensivo de lo que significa el "manejo forestal sostenible", de forma que se pueda maximizar el potencial de reducción de emisiones a partir de los bosques, mientras que algunas otras partes buscan un alcance limitado para REDD, de manera que se exceptúen los bosques que son manejados para producción de maderas.
La definición de este asunto será crucial, porque es evidente que en gran medida los fenómenos de deforestación y de degradación de los bosques están asociados a la explotación insostenible y al comercio ilegal de maderas. (En Colombia se estima en más de un millón de metros cúbicos, provenientes de bosques naturales, la cantidad de madera que cada año es extraída y comercializada en forma ilegal. Habrá qué determinar las emisiones de GEI que este volumen representa). Numerosas comunidades de los países en desarrollo, el nuestro incluido, que utilizan los bosques y que derivan de ello sus ingresos, si son apoyadas financiera y técnicamente, pueden mejorar sus prácticas de manejo y aprovechamiento hacia la sostenibilidad, reduciéndose de paso los niveles de ilegalidad forestal. Si los instrumentos que eventualmente se aprueben en Copenhague no cubren el apoyo del manejo sostenible de bosques, incluyendo en este concepto la producción forestal, serán mucho más limitadas las posibilidades de REDD de contribuir a la reducción del problema global de cambio climático.
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