lunes, 14 de diciembre de 2009

El renacer de Minjusticia

Editorial

El Mundo, Medellín

Diciembre 14 de 2009

Confiamos en que el reconocimiento de los jueces por sus colegas y la confianza que el gobierno les ha entregado permitan que se tiendan nuevamente los puentes rotos

Tras la larga crisis en las relaciones entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, que ha tenido su situación crucial en la inconveniente interinidad de la Fiscalía General de la Nación propiciada por la desidia del alto tribunal para designar uno de los ternados por el Gobierno, el país avizora una posible solución con la propuesta de creación de un comité de juristas que deberá promover la reforma a la justicia, comenzando por proponer la creación y estructura del nuevo Ministerio de Justicia. Esta alternativa, surgida del esfuerzo de un grupo de ex magistrados de las altas cortes que se empeñó en buscar acercamientos entre el Gobierno y las Cortes, reta a los magistrados y al gobierno a exponer sus diferencias dentro de la sana discusión y sacarlas de la lucha soterrada en que la han mantenido los últimos meses.

EL MUNDO es insistente en su reclamo porque las instituciones atiendan la sabia orden del Artículo 113 de la Constitución de 1991, según el cual “los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. En el caso de la confrontación del Poder Judicial con el gobierno, hemos hecho insistentes llamados porque se atienda ese mandato constitucional, encontrándonos con la reticencia de los magistrados a atender esta y otras obligaciones de la Carta Magna. Ahora que se abre esta ceja de esperanza, confiamos en que el reconocimiento de los jueces por sus colegas y la confianza que el gobierno les ha entregado permitan que se tiendan nuevamente los puentes rotos.

Como razón fundamental para la esperanza nos encontramos con el reconocimiento del Gobierno de su error al eliminar el Ministerio de Justicia y, de mayor trascendencia para que el proceso rinda frutos, su determinación de que el grupo de juristas que preside el doctor Bonivento se encargue de proponer las iniciativas que posteriormente se someterán al Congreso. Pero también es motivo de confianza el hecho de que el doctor Bonivento declare que el grupo que él se prepara para conformar no piensa intervenir en las disputas personales entre magistrados y miembros del Gobierno, sino que les demanda que se encarguen de superar estos momentos.

Así las cosas, quedan pendientes las propuestas de creación del Ministerio de Justicia y de una reforma a la justicia en la que se enfrenten los problemas estructurales de las instituciones, tan amplios y extensos como los retos a que están sometidas por cuenta de la violencia y la corrupción. Dada la trascendencia de los cambios que se pretenden, no basta con que se declare, como lo han hecho los doctores Valencia y Bonivento, que en ellos “la Rama debe ser la que decida, de ella saldrán las recomendaciones, no por inquietud del Ejecutivo”, también es necesario darle orden a la discusión. En ello, consideramos que es casi evidente que los cambios han de hacerse en dos tiempos, porque la creación del Ministerio responde a un consenso que ya el país ha conquistado y para su aprobación basta el trámite de un proyecto de ley, más sencillo y rápido, mientras que para una reforma constitucional se necesita de dos legislaturas y de una capacidad de convocatoria que podría faltarle a un gobierno que ya ve el ocaso.

Dadas las condiciones en que se hace urgente su creación, el doctor Bonivento reclama que el Ministerio de Justicia sea “interlocutor entre la Rama Judicial, el Ejecutivo y el Congreso” y tenga esencialmente las responsabilidades de “elaboración de políticas de justicia; atender aspectos legislativos y de la política criminal; velar por los asuntos relacionados con la defensa del Estado y el acercamiento entre las ramas del poder”. Dado que el país coincide en que es necesaria una entidad que se encargue de atender exclusivamente estos propósitos, basta con definir claramente las funciones y el presupuesto de la nueva institución, para poner en marcha su creación.

Otra cosa es la propuesta de reforma integral a la Justicia, sobre la que el ministro Valencia Cossio traza la expectativa de que sirva para “propiciar lo necesario para consolidar la justicia como un servicio público, autónomo, independiente, pronto, eficaz y cercano al ciudadano”. Aunque el país también reconoce la urgencia de una reforma estructural con los fines que le señala el Ministro, se sabe que ella necesita de tiempo, dada la gran cantidad y trascendencia de errores y problemas que se necesita corregir. Como dice el doctor Bonivento, estas son modificaciones “para hacerlas paso a paso; además, una reforma grande no saldrá nunca, hay muchos intereses”. Porque el país necesita más justicia, más institucionalidad y más capacidad del Estado para atenderla, bien vale ahora recordar que “no por mucho madrugar amanece más temprano”.

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