Chávez reincidente

Editorial

El Mundo, Medellín

Diciembre 9 de 2009

Claman por la negociación y el diálogo político, como si aquí no se hubiera intentado muchas veces.

En otro de sus esfuerzos por revertir la imagen de país agresor e intervencionista que se ha ganado con creces, después de que a principios de noviembre lanzara sus amenazas públicas de guerra contra Colombia, el régimen chavista resolvió responder a las denuncias de Colombia ante el Consejo Permanente de la OEA y el Consejo de Seguridad de la ONU, con una Nota ante este último organismo, suscrita por el canciller Maduro, en la que reclama que “incorpore a su agenda de trabajo el examen del grave conflicto armado que vive Colombia”, por considerar que éste “constituye una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

La Nota, que fue presentada el 25 de noviembre por el embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero, contiene cinco puntos en los que, basado en cifras espectaculares para impresionar a la comunidad internacional con su supuesto conocimiento del “doloroso y prolongado conflicto armado que se desarrolla en Colombia desde hace casi 50 años”, el gobierno que nos declaró la guerra hace un mes, se presenta como víctima de ese conflicto y a su país como “el más afectado por la profundización de ese drama humano”; el gobierno que cerró la frontera, vuela puentes peatonales en perjuicio de colombianos y venezolanos humildes, se hace ciego y sordo ante asesinatos de colombianos, expulsa decenas de familias que trabajaban allí honradamente y somete a Colombia al más infame bloqueo comercial, que ha supuesto la pérdida de 170.000 empleos –según denunció ayer ante la Cumbre de Mercosur el vicepresidente Francisco Santos – ahora alardea en su documento de que “ha recibido cerca de cuatro millones de desplazados y refugiados colombianos y ha sufrido sistemáticamente la violencia en su frontera”. ¡Habráse visto mayor cinismo!

El segundo y tercer puntos son un refrito de la perorata de Chávez contra el Acuerdo de Cooperación Militar suscrito entre Colombia y Estados Unidos y que dio pie para declararnos la guerra, sólo que ahora la amenaza no es abierta sino envuelta en velos diplomáticos: “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa que continuará atento al desarrollo del terrible conflicto armado que vive la hermana República de Colombia, y a los riesgos que entraña el establecimiento de siete (7) bases militares estadounidenses en su suelo. Quiere contribuir, así, a la paz y la seguridad en el continente, en momentos en que están seriamente amenazadas. La paz y la seguridad de Venezuela y de la región están en peligro. En ese marco, nuestro Gobierno tomará las medidas que sean necesarias para salvaguardar, dentro del orden jurídico legítimamente establecido y con total apego a la Constitución de la República, la seguridad de la Nación, la paz y el bienestar del pueblo venezolano”.

El tercer punto pretende ser una carga de profundidad contra Estados Unidos, miembro permanente del Consejo de Seguridad, pues, según el Gobierno Chávez, “las bases militares en territorio colombianos están orientadas a proyectar el poder global de una potencia que pretende disuadir, bajo la amenaza de intervenciones militares, a países que mantienen posiciones críticas en relación con su política imperialista”. Y como prueba de que el gobierno Uribe es de “vocación guerrerista”, sacan a relucir lo que llaman “una invasión al territorio del Ecuador, con el apoyo tecnológico y militar de los EEUU, el 1 de marzo de 2008”, tesis ampliamente rebatida por Colombia, que no atacó a Ecuador, sino un campamento de criminales de las Farc, esos sí invasores del territorio vecino, a ciencia y paciencia de autoridades de ese país.

En el cuarto punto, sin la menor autoridad para ello, el gobierno más cuestionado de la región por su falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico – acusado inclusive de hacerse de la vista gorda frente al tráfico de narcóticos por su territorio – cuestiona la eficacia del Plan Colombia. Y en el quinto, sienta cátedra con la manida tesis de que “la paz en Colombia no será posible hasta que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia acepten que el conflicto interno colombiano no tiene una solución militar, sino política”. Claman por la negociación y el diálogo político, como si aquí no se hubiera intentado muchas veces y como si aquí no fuera esa la disposición permanente del Gobierno, y si no ha sido posible es por la contumacia de sus socios de la “revolución bolivariana”, a algunos de cuyos máximos comandantes les dan allí refugio y atención, mientras sus arrinconadas huestes en las selvas colombianas tratan de mantener a flote el jugoso negocio del narcotráfico.

El remate es de antología: “Venezuela reitera su vocación pacifista y su respeto irrestricto a los principios y normas del derecho internacional, que rigen las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados, contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y demás instrumentos aplicables”. ¡Ojalá fuera verdad tanta belleza! Se sabe, desde el momento en que convocó al Ejército y al pueblo de su país a que se prepararan para la guerra, que el coronel Chávez está haciéndose la causa, y el mensaje que quiere dejar con su solicitud al Consejo de Seguridad, a sabiendas de que no va a ser aceptada – como lo explican autoridades en la materia, como los ex cancilleres Guillermo Fernández de Soto y Augusto Ramírez Ocampo – pues el Consejo no actúa sino en casos en que esté amenazada la paz universal, es que si no le hacen caso, podrá justificar más adelante un ataque preventivo.