El marco de la puja salarial

Editorial

El Nuevo Siglo, Bogotá

Diciembre 14 de 2009

Esta semana podrían romperse las negociaciones entre empresarios, Gobierno y sindicatos sobre el aumento en el salario mínimo mensual que devengan más de cuatro millones de colombianos. Dicho incremento, además, es el principal referente para el reajuste en los sueldos de casi todo el universo de empleados en el país. Aunque este año la Mesa de Concertación Salarial se citó anticipadamente, ello no ha derivado en que sea posible lograr un consenso en torno del porcentaje del alza, pues las posiciones entre las partes están muy lejanas, a tal punto que en muchos sectores se apuesta ya porque el incremento en la remuneración básica será definido por decreto, como ha ocurrido en los últimos años.

A la reunión de hoy los gremios llegarán advirtiendo que no pueden autorizar un reajuste superior al tres por ciento, lo que implicaría un poco más de 15 mil pesos. Las centrales obreras, a su turno, insistirán en que el aumento debe estar por encima del 7 por ciento, en un monto que se acerque a los 40 mil pesos. El Ejecutivo está en la mitad y sin mayor margen de acción, casi impotente, pues sabe que un encarecimiento del costo de la nómina para los empresarios puede generar más desempleo y menor rentabilidad operacional, pero también es consciente de que si los trabajadores no recuperan algo del poder adquisitivo perdido será imposible reanimar el consumo de los hogares y por esa vía reactivar la producción industrial y el comercio, bases no sólo de la economía real sino sustento principal del recaudo tributario, que ha mostrado este año un preocupante retroceso.

Paradójicamente, en el fondo de la discusión los argumentos de patronos, trabajadores y el Ejecutivo terminan siendo los mismos. Todos coinciden en que la economía está en crisis y que si bien hay algunos síntomas de recuperación sectorial, éstos son muy débiles y parciales todavía. En la Mesa de Concertación nadie niega que la inflación, principal indicador para definir el reajuste salarial, este año es muy baja, a tal punto que entre enero y noviembre el Índice de Precios al Consumidor apenas si aumentó un 1,92 por ciento y al cierre de diciembre se ubicaría levemente por encima del 2 por ciento. De allí, entonces, que apostar por un aumento del sueldo básico muy superior a ese porcentaje sea, evidentemente, una utopía. El pesimismo es aún mayor si se agrega que la Productividad Laboral este año caerá un 3,5 por ciento.

Sin embargo, el problema va más allá del mero dato de la inflación. En realidad, la puja salarial no puede abstraerse del marco de una economía que, así lo corrobora la lectura fría de las cifras, continúa frenada, recesiva: el Producto Interno Bruto, con corte a junio, fue de menos 0,5 por ciento; la tasa de desempleo, a octubre, de 11,5 por ciento, lo que implica más de 2,5 millones de personas sin trabajo; la producción industrial cayó 7,1 por ciento a septiembre; durante el tercer trimestre el área culminada para vivienda disminuyó 26,7 por ciento; entre enero y octubre, las importaciones se redujeron en un 18,9 por ciento y las exportaciones un rubro similar; en lo corrido del año, la variación del Índice de Precios del Productor es negativa en 3,10 por ciento; las ventas del comercio retrocedieron 7 por ciento en octubre y la demanda de bienes y servicios en los hogares sigue mostrando números rojos… A todo lo anterior deben sumarse los efectos de la inestabilidad cambiaria, la caída en el flujo de las remesas, las pérdidas por las restricciones comerciales impuestas meses atrás por Ecuador y las aún más graves, costosas y vigentes en Venezuela, entre otras crisis coyunturales.

Como se ve, el problema del porcentaje de aumento del salario mínimo va más allá de unas décimas más o menos por encima de la baja inflación causada que, dicho sea de paso, es el resultante del clima recesivo interno por la crisis económica global, más que de unas políticas anticíclicas gubernamentales que en el papel funcionan pero no así cuando se aterrizan en el sector real productivo.

La economía colombiana está frenada, a tal punto que la meta más optimista para el PIB este año es que llegue al cero por ciento. Ejecutivo, sindicatos y gremios deben moverse sobre ese escenario y buscar un punto de consenso que, más allá de señalar a ganadores y vencidos, lleve a que cada una de las partes pierda lo menos posible.