Editorial
La República, Bogotá
Diciembre 10 de 2009
Hace pocos días el presidente Uribe manifestó su preocupación por los intentos de hacer naufragar el Tratado de Libre Comercio de Colombia con la Unión Europea.
Este muy importante acuerdo, cuya negociación está culminada, tendrá que ser aprobado por el Parlamento Europeo el año entrante. Existe en general un clima favorable a ese tratado, porque los gobiernos y la gran mayoría de los eurodiputados apoyan la iniciativa a favor de la libertad económica, tanto en materia de comercio como de inversión.
Sin embargo, algunos representantes de la izquierda europea más radical se oponen a este acuerdo, con la ayuda de parlamentarios colombianos como el senador Jorge Enrique Robledo. Alegan que Colombia no se merece esta oportunidad por una supuesta violación masiva de los derechos humanos con la complicidad del Gobierno.
Acusación sin fundamento porque a pesar de que en el país todavía suceden lamentables hechos en contra de los derechos humanos, hay abundante evidencia que confirma que esa situación ha mejorado sustancialmente en los pasados siete años y que prueba que la administración Uribe sí está muy comprometida en la defensa de los derechos humanos empezando por el prioritario derecho a la vida.
El gobierno ha adoptado un sinnúmero de medidas encaminadas a proteger en especial los derechos humanos de los grupos más vulnerables, decisiones que han mejorado considerablemente la situación de seguridad de líderes sindicales, comunidades indígenas, periodistas, miembros de organizaciones no gubernamentales y otras comunidades que podrían estar en riesgo. Es cierto que en materia de derechos humanos existe aún un buen trecho por recorrer, pero es claro que el avance en los pasados años ha sido notable, tal como lo ha reconocido Naciones Unidas.
Así pues, sería muy injusto que un instrumento de progreso económico y social como es un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea se le niegue a Colombia con base en distorsiones manipuladas por políticos cuyo único objetivo parece ser el debilitamiento del gobierno de Uribe, a toda costa, sin importarles el daño que le puedan hacer a los ciudadanos de nuestro país.
Lo hemos dicho varias veces y sea esta la ocasión para repetirlo: los tratados de libre comercio son buenos para Colombia porque brindarán oportunidades para crear nuevas empresas, para expandir las empresas existentes, para generar empleos, para exportar y sustituir importaciones, y para atraer más inversión extranjera y estimular la inversión doméstica. Y lo más importante es que dichos acuerdos serán de gran beneficio social porque al aumentar la actividad económica se recaudarán más impuestos con los que se podrá hacer mayor inversión social en favor de los colombianos menos favorecidos.
Por lo tanto es irresponsable la conducta de políticos nacionales y extranjeros que con argumentos sin respaldo en la realidad pretenden negar a los colombianos la posibilidad de impulsar su progreso social y económico.
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