Editorial
El País, Cali
Diciembre 10 de 2009
Aprovechando la visita que a pedido del Gobierno Nacional realiza la Relatora Especial de la ONU para la Independencia de la Justicia, el Ministro del Interior y de Justicia lanzó la propuesta de dividir su cartera para atender de mejor manera la relación entre los dos Poderes Públicos. Siendo esperada, la propuesta no puede quedarse sólo en corregir el error cometido hace seis años, cuando se hizo la fusión.
Hoy es más que notorio el deterioro de la armonía que ordena la Constitución entre los órganos encargados de impartir Justicia y el Ejecutivo. El hecho más protuberante lo constituye la ya prolongada disputa por la escogencia del Fiscal General de la Nación. Pero son muchos y muy frecuentes los episodios entre los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República, que además del ya consabido intercambio de desmentidos en los medios de comunicación, han incluido denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Aunque subsiste la duda sobre si la existencia de un Ministerio específico hubiera evitado esa confrontación, es indudable que sí hubiera servido para mantener una relación más fluida, de existir un funcionario con el rango y la dedicación permanente que demanda el buen funcionamiento de la Justicia. En especial, porque esa ha sido una época difícil, donde las investigaciones por la llamada parapolítica y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz han demandado la colaboración permanente de las instituciones. Con esas consideraciones, parece difícil entender que se mantenga la unión en los temas de la justicia y la política en una sola dependencia.
El ministerio propuesto puede ser útil para resolver el conflicto entre los dos poderes. Sin embargo, la oportunidad debe servir para algo más profundo. Se trata de atender los reclamos de la sociedad, cada vez más alarmada por los incrementos en los índices de impunidad y angustiada ante las dificultades que afectan el que debe ser el primer servicio público. Es decir, los grandes problemas que impulsan el delito e impiden la actuación del Estado como árbitro entre los particulares, evitando la justicia por mano propia.
Pero hay muchas cosas más por las cuales se debe crear el Ministerio. Son los reclamos frecuentes y crecientes de los ciudadanos del común sobre las dificultades que enfrentan para obtener que el Estado aplique recta y cumplida Justicia. Y se reflejan en las quejas reiteradas de los jueces, quienes tienen que enfrentar dificultades por la falta de recursos que en muchas ocasiones rayan en el absurdo. Basta con recordar el increíble y doloroso camino que ha debido recorrer la reconstrucción del Palacio de Justicia en Cali, destruido hace dos años por el terrorismo, y sin doliente que impulse su reconstrucción urgente.
El ministro Fabio Valencia Cossio propuso que se aproveche para mejorar la Justicia. Los colombianos recuerdan la reforma que presentó en julio pasado, la cual debió ser retirada ante la reacción que produjo. Por eso, es de esperar que esta vez no se quede en anuncios ni que se limite a abordar asuntos parciales, mientras la falta de justicia destruye la credibilidad del Estado de Derecho.
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