Editorial
El Nuevo Siglo, Bogotá
Diciembre 10 de 2009
EL narcotráfico, como un delito transnacional, ha demostrado su alta capacidad de adaptabilidad a los continuos esfuerzos de las autoridades de gran parte del mundo para combatirlo. De allí que la lucha contra este flagelo criminal y todos los fenómenos delincuenciales derivados del mismo, requiere de constantes ajustes para hacerla más eficaz. Por lo mismo genera optimismo la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que el martes pasado y por unanimidad, es decir, superando las tradicionales barreras entre republicanos y demócratas, aprobó un proyecto que propone crear una Comisión independiente para evaluar la política antidrogas norteamericana en América Latina y el Caribe.
La iniciativa, impulsada por el parlamentario demócrata Eliot Engel, quien preside el subcomité para Asuntos Hemisféricos de la Cámara, pasa a consideración del Senado pero dado el cerrado apoyo bipartidista que tiene, se cree que allí podría ser aprobada sin mayor problema, a menos que la Casa Blanca decida introducirle condicionamientos o hacer precisiones sobre sus alcances y facultades, puesto que, por ley, la Comisión deberá entregar entre las conclusiones de la revisión y los correctivos sugeridos al Departamento de Estado, las Secretarías de Defensa y de Justicia y otras entidades federales relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, en círculos políticos de Washington se asegura que el gobierno Obama es el principal interesado en esta propuesta, puesto que la revisión a fondo de toda la política implementada durante los años del mandato Bush, muy criticada por los demócratas, fue una de sus principales promesas de campaña.
Si la Comisión se vuelve un hecho, sus recomendaciones, que deben producirse antes de un año, serían la nueva hoja de ruta de la lucha contra el tráfico de drogas. El alto nivel de la misma está evidenciado en que sus diez integrantes serán designados directamente por el presidente Obama y el Congreso.
Además, la proyectada instancia no sólo se limitará a evaluar los programas internos de prevención contra la drogadicción y cómo avanza la persecución y judicialización de los narcotraficantes en un país que concentra, según varias investigaciones, el 17 por ciento de los consumidores de drogas de todo el mundo, sino que hará un examen crítico de las principales iniciativas extraterritoriales de E.U. para combatir el tráfico de estupefacientes: el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, que comprende los esfuerzos en México, América Central y el Caribe. Igualmente se estudiarán los efectos que ha tenido el proceso de certificación antidrogas que anualmente hace el Departamento de Estado para ‘calificar’ el nivel de colaboración y efectividad de los países en el combate al narcotráfico.
Es claro, y de allí que Colombia debe activar toda una estrategia diplomática y política al más alto nivel en Washington, que el telón de fondo de este diagnóstico será el económico, pues es creciente la tendencia de muchos sectores norteamericanos a creer que deben redirigirse las multimillonarias partidas presupuestales antidrogas, concentrando la mayor parte en las estrategias de prevención del consumo interno y rehabilitación de los adictos, lo que implicaría castigar en forma sustancial el monto de la ayuda que se presta a los gobiernos y autoridades de los países productores y de tránsito de los estupefacientes.
Hoy más que nunca Colombia debe enfatizar su tesis de que la lucha contra los carteles y el mundo criminal que se mueve a su alrededor tiene que ser de doble vía, basada en un principio de corresponsabilidad, más integral y amplio que cuando este concepto fue puesto sobre la mesa para activar la primera fase del Plan Colombia. Concentrarse en atacar el consumo de estupefacientes descuidando la lucha contra la producción y tráfico de los mismos, termina siendo una táctica miope y poco efectiva.
Por igual, existe un componente geopolítico que no puede obviarse en el momento de hacer dicha revisión. Bogotá y Washington tienen una alianza de amplio espectro, que va más allá del rubro antidrogas y toca temas comerciales, políticos, institucionales y hasta ideológicos. En estos momentos en que el acuerdo de cooperación militar firmado por ambos países ha generado una preocupante reacción en los países vecinos y peligrosos cantos de guerra desde Venezuela, los resultados del análisis crítico a la política contra el narcotráfico resultan aún más importantes para todo el continente.
Hay, pues, que prender una alerta temprana en Colombia frente a lo que podría ser el papel de la mencionada Comisión. No tendría presentación que el país termine luego ante hechos creados y peroratas desesperadas de última hora.
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