La caja de Pandora

Yesid Reyes Alvarado

El Espectador, Bogotá

Diciembre 11 de 2009

Hace pocos días la Procuraduría y la Fiscalía anunciaron que revisarán algunos indultos otorgados en 1993 a personas cercanas al cartel de Medellín, porque su concesión podría ser contraria a principios del Derecho Internacional Humanitario.

Seguramente debido a la buena acogida que desde el punto de vista mediático ha tenido la calificación de algunos delitos como de lesa humanidad, se pretende avanzar otro trecho por la senda de la justicia transnacional, con más ánimo aventurero que conocimiento.

Si, por ejemplo, se aplicara la tesis de la Fiscalía a las lesiones y muertes ocurridas en desarrollo de la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, debería admitirse que la posibilidad de que el narcotráfico hubiera estado detrás de esa operación justificaría calificar esos delitos como de lesa humanidad. En términos prácticos, esto supondría que la Fiscalía no se limitaría —como hasta ahora ha hecho— a avanzar en los juicios por la desaparición forzada de personas, sino que debería indagar sobre si las lesiones y muertes de las cerca de cien personas que allí perecieron fueron producidas por miembros del grupo guerrillero como parte de su demencial plan, o por personal de las Fuerzas Armadas en su afán de recuperar el edificio.

Con una decisión como esa cabría la posibilidad de que resultaran vinculados al proceso miembros de la Fuerza Pública e incluso personas pertenecientes al gobierno nacional de la época, pues sólo en el evento de que se descartara su responsabilidad en esos delitos podría avanzar el proceso en contra de los miembros del grupo guerrillero. En el actual clima político del país, eso podría significar que una de las actuales aspirantes a la Presidencia y entonces ministra de Comunicaciones tuviera que explicar ante la Fiscalía su conducta y la de sus compañeros de gabinete durante esos trágicos días.

Pero si además se extendiera a esos hechos la propuesta de dejar sin efectos los indultos relacionados con delitos de lesa humanidad, entonces se abriría la puerta para que antiguos integrantes del M-19 fueran vinculados a esa investigación penal, entre otros el actual gobernador de Nariño y un aspirante a la Presidencia por el Polo Democrático.

En mi doble condición de abogado e hijo de una de las personas asesinadas el 6 de noviembre de 1985, me opongo a la consideración de esos delitos como de lesa humanidad, rechazo la tesis de su imprescriptibilidad ante la justicia colombiana y considero un grave error el impulsar la anulación de los indultos en los casos comentados. Creo que se está manipulando una caja de Pandora que, al igual que en el mito griego, podría dejar escapar muchas desdichas y truncar la esperanza de conseguir la superación de nuestros conflictos mediante la estricta aplicación de los mecanismos que la ley consagra para el efecto, entre los cuales se encuentran las figuras del indulto y la amnistía. Juzgar a alguien con base en normas que no estaban vigentes al momento en el que los hechos delictivos ocurrieron es una flagrante violación a uno de los principios fundamentales del derecho penal, que en nuestro país tiene rango constitucional: el principio de legalidad.