Editorial
El Mundo, Medellín
Diciembre 13 de 2009
El mérito de la operación Fénix reside en su planeación y ejecución, que fueron ciento por ciento del Ejército de Colombia.
La llamada “Comisión de Transparencia y Verdad sobre el Caso Angostura”, nombrada por el presidente Rafael Correa con la intención de contrarrestar el trabajo de otra comisión investigadora de carácter independiente, que desde hace varios meses entregó informes sobre hechos que comprometen a altos ex funcionarios de su Gobierno con las Farc y el narcotráfico, produjo esta semana un documento de 131 páginas sobre personajes y circunstancias que rodearon el ataque del Ejército colombiano al campamento de Raúl Reyes, el primero de marzo de 2008 y, por los resúmenes que hace del mismo la prensa ecuatoriana, se colige que son muchas las denuncias que se confirman y muy pocas las diferencias entre una y otra investigación. Esa es sin duda la razón para que el propio presidente Correa se declarara ayer “un poquito desilusionado porque realmente no ha habido mucha información nueva", al tiempo que se quejó de que no hubiera “mucha contundencia en el informe".
En el documento se describen en detalle las andanzas non sanctas de personajes ya de sobra conocidos por los colombianos, como el entonces ministro de Seguridad Gustavo Larrea, el subsecretario de ese ministerio José Ignacio Chauvín, confeso enjuiciado por sus nexos con las Farc y el narcotráfico, y otros menos familiares para nosotros, como el General (r) Vargas Pazzos, quien fue relevado del cargo de embajador en Venezuela, el 30 de septiembre último, por estar vinculado a la investigación por presuntas irregularidades en la sede diplomática en Caracas. El informe habla, por ejemplo, de estas perlas: “Extorsiones a particulares a nombre de las Farc; desarrollo inconcluso de un proyecto de creación de una escuela de formación política para las milicias bolivarianas; haber dispuesto se asista en su representación al II Congreso de la CCB en Quito, el 22 de febrero de 2008”. Dice además que Chauvín creó “la Brigada Simón Bolívar, que no es sino un brazo de la Coordinadora Continental Bolivariana, CCB, que a su vez es el brazo político de las Farc” y que se nutre de milicianos en “organizaciones barriales en el centro y sur de Quito”. Su objetivo político-ideológico es la formación del Ejército Popular de Liberación del Ecuador”, dice la Comisión. Y también confirma esta otra denuncia, que tiene entre los palos hace tiempo al Gobierno venezolano: “La CCB siempre ha operado desde la oficina de Iván Márquez en Caracas“.
Estas son las principales conclusiones del Informe de marras, la primera textual y las otras, resumidas por la prensa ecuatoriana: 1."En el caso de Manta lo territorial en cuanto a soberanía no era lo más importante, sino la cantidad de información e inteligencia electrónica que se generaba sin que el país (Ecuador) tenga acceso a la misma", señaló el informe, y añade que “hay indicios” de que esa "inteligencia estratégica procesada desde la Base de Manta fue fundamental para el seguimiento y ubicación de Raúl Reyes como blanco prioritario para el gobierno de Colombia". 2. En el Continente, las Farc tienen la pretensión de formar un movimiento para implementar acciones políticas y/o militares para la toma del poder. Las Farc tuvieron la capacidad de desarrollar, en Ecuador, su estrategia de relaciones internacionales en el II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana. 3. La presencia de los Grupos Irregulares Armados de Colombia (GIAC) –una curiosa sigla que se inventan los investigadores del Gobierno Correa– mediante la instalación de campamentos y laboratorios de procesamiento de droga, configura una permanente violación a la soberanía nacional y a la integridad del territorio ecuatoriano. 4. Las Farc y el narcotráfico han logrado penetrar varias instancias de los organismos políticos, judiciales, culturales, sociales en Ecuador. El Ecuador dejó de ser un país solo de tránsito para empezar a ser un lugar de procesamiento. Pese a los operativos de control contra el narcotráfico, la justicia no ha podido determinar a los principales responsables. 5. La incursión militar colombiana sobre el campamento de Angostura constituyó una flagrante violación a la soberanía nacional y a las normas internacionales vigentes.
Con excepción de la primera y la última, las demás conclusiones apuntan a confirmar la solidez de los motivos que tenía Colombia para actuar como actuó contra el terrorismo en la intachable “Operación Fénix” y a demostrar que, por más que los últimos gobiernos ecuatorianos lo negaran tozudamente, tenían el monstruo adentro y fingían no darse cuenta, lo cual no quiere decir que ahora le vamos a cobrar al señor Correa por partida doble. Ya ese problema está prácticamente superado y el hecho de que “su” Comisión de la Verdad nos esté abonando y mejorando todas nuestras causas, no lesiona para nada el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales, y de recuperación de la plena paz y colaboración entre los dos países.
Finalmente, en cuanto a que “hay indicios” de colaboración de inteligencia desde la base de Manta, cosa que han negado categóricamente, tanto el Departamento de Estado de EEUU como la Comandancia de las FFMM de Colombia, la verdad es que, en materia de inteligencia para ese tipo de operativos dependemos mucho de la tecnología mundial y de los recursos que en eso tienen, no sólo los EEUU sino otros países. Pero el mérito de la operación Fénix reside en su planeación y ejecución, que fueron ciento por ciento del Ejército de Colombia.
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