Los escenarios de la regla fiscal

Alberto Carrasquilla*

El Espectador, Bogotá

Diciembre 14 de 2009

El programa de ahorro forzado del Gobierno, concebida sobre las ganancias a corto plazo, afectaría el crecimiento económico en 2010.

El Gobierno ha decidido adoptar una Regla Fiscal para Colombia. En gran síntesis, la idea es introducir un mandato obligante para que las partes principales del proceso fiscal (Gobierno, Congreso y Jueces) enmarquen sus actuaciones de tal forma que se produzca un estricto cumplimiento de todas las obligaciones financieras vigentes.

La Regla Fiscal, de esta manera, complementaría disposiciones actualmente vigentes según las cuales la discusión presupuestal de cada año no se puede limitar a la vigencia de su respectiva aplicación, sino que tiene que enmarcarse en una visión completa de las finanzas públicas a diez años.

En la última Ley Anual de Presupuesto se ve que la suma de las transferencias del Gobierno Nacional a los gobiernos territoriales, columna vertebral de la descentralización colombiana, equivalen a 4,4% del PIB. De otra parte, que el Gobierno debe pagar mesadas pensionales por el equivalente a 4,5% del PIB y, por último, que debe pagar los intereses de la deuda pública por 4,2% del PIB. Total, con el giro de esos tres cheques, ya se han usado recursos por el equivalente a 13,1% del PIB.

Hay dos problemas. El primero es que los impuestos totales que se esperan para 2010 apenas llegan a 13,4% del PIB, es decir, apenas alcanzan para pagar estos tres rubros del gasto corriente. El segundo problema es que estos tres cheques no pueden ser ajustados, en parte por razones constitucionales y en parte por lógica de sobrevivencia financiera.

Si el recaudo tributario apenas alcanzará, en 2010, para girar estos tres cheques, mucho me temo que los ajustes fiscales que se propongan para cumplir la eventual regla fiscal van a provenir, fundamentalmente, de dos decisiones que pueden castigar el crecimiento económico futuro. La primera es subir los impuestos y la segunda es reducir la inversión pública.

Me parece que es muy importante para el debate que se inicia tener muy presente el efecto fiscal que tiene el crecimiento económico, y recordar que esta es una variable muy sensible al entorno tributario, a la dotación de infraestructura, a la estabilidad de las reglas del juego y a otras variables que se podrían ver afectadas adversamente por la imposición a rajatabla de una regla fiscal concebida al amparo exclusivo de los flujos de caja de corto plazo.

Las magnitudes no son despreciables. Por ejemplo, si suponemos que el recaudo tributario se mantiene en 13% del PIB por los siguientes 10 años, podemos estimar la diferencia para el fisco nacional, en valor presente neto, entre los impuestos recaudados si la economía crece 3,5% en promedio, de una parte, y 5% en promedio de otra. Este rango, valga decir, es perfectamente concebible como resultado de pensar dos escenarios alternativos de política pública en materia de impuestos y provisión de infraestructura.

El resultado es diciente: descontando los flujos a la tasa actual de mercado, la diferencia entre uno y otro escenario equivale a un poco más de 8% del PIB de 2009, algo así como la tercera parte de la toda la deuda neta del sector público colombiano.

La idea de introducir una regla fiscal en Colombia complementa y enriquece los esfuerzos que se han hecho en el país para que las cifras fiscales sean claras, transparentes y sostenibles a mediano plazo. Preocupa, eso sí, que en la fijación de un número específico para el superávit primario, o para el indicador fiscal que al cabo se escoja como ancla, se descuiden los efectos adversos para el progreso de largo plazo y se tenga que hacer piruetas con las pocas variables de control fiscal que hay a corto plazo.

El punto de fondo es que tomar una decisión que, por ejemplo, eleva el superávit primario en un año dado, lejos de ser un ajuste sensato, sería una enorme irresponsabilidad fiscal si con ello se reduce el crecimiento económico.

*Ex ministro de Hacienda