No más atrasos

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 14 de 2009

De acuerdo con el cronograma fijado por la Comisión Nacional de Televisión, quedan apenas ocho días para que el próximo 22 de diciembre los tres aspirantes al tercer canal de señal abierta entreguen sus propuestas, tanto en materia de contenido como de oferta económica. Con base en estas empezará la recta final del proceso de adjudicación, mediante la aplicación de criterios ya definidos. Así, para comienzos del 2010, los colombianos deberían conocer el nombre del ganador, que tendrá a su cargo ampliar la limitada oferta informativa y de entretenimiento con que hoy cuenta el país.

Como es bien conocido, uno de los postulantes en dicho proceso es el Grupo Planeta, socio mayoritario de la Casa Editorial EL TIEMPO. Dicha aspiración se ha mantenido dentro de una permanente observancia de las normas y del debido proceso, siempre con el ánimo de que se respeten los cronogramas establecidos y de que las reglas de juego sean claras y equitativas para todos. Este diario, además, ha procurado mantener la objetividad en su cubrimiento informativo sobre el tema, pues entiende que sus legítimos intereses empresariales no pueden pasar por irrespetar a los lectores y sacrificar la credibilidad que ha construido a lo largo de casi un siglo de existencia.

Sin embargo, es lamentable constatar que tal política ha brillado por su ausencia en otros grupos de comunicación que hace rato perdieron el decoro frente al tercer canal. A medida que se aproxima el plazo límite para que comience la última etapa, los colombianos han sido sometidos a una ofensiva noticiosa en la que supuestos expertos son entrevistados, cuando en la inmensa mayoría de los casos se trata de abogados y consultores contratados por las mismas empresas que tienen intereses en mantener el duopolio actual. Dicha práctica incluye la descalificación de eventuales oponentes, a través de verdades a medias y mediante el uso masivo de medios escritos, radiales o televisivos.

Como si eso fuera poco, se ha ejercido una presión indebida, que raya en el chantaje, tanto sobre la Comisión Nacional de Televisión como sobre los órganos de control, que incluyen a la Procuraduría y a la Contraloría General. Semejantes tácticas buscan posponer los cronogramas a toda costa, a sabiendas de que un atraso de semanas se puede convertir en uno de meses y, eventualmente, de años. En todos los casos, la meta es lograr rentas extraordinarias e impedir que haya una verdadera competencia en la medida en que el número de opciones crezca.

Si esas tesis se imponen, los verdaderos perjudicados serán los colombianos, que ya se han visto damnificados con el atraso superior a un año que lleva la adjudicación de la licitación del tercer canal. No existe, para decirlo con toda claridad, nada que justifique que las opciones televisivas disponibles para casi 45 millones de personas sean tan solo dos y, menos todavía, que esa aspiración esté supeditada a los intereses meramente económicos de dos conglomerados que supuestamente defienden las bondades del mercado y los principios de la libre empresa.

En consecuencia, se debe insistir en la necesidad de que el proceso definido llegue a su conclusión sin más aplazamientos y sin que las artimañas de sus opositores triunfen. Ello permitirá el análisis objetivo de las propuestas presentadas, con la seguridad de que la seriedad que caracteriza a los tres aspirantes garantizará que el triunfador sea, realmente, el mejor. Los mecanismos establecidos, además, servirán para que el Estado reciba un monto importante de recursos, indispensable en estas épocas de estrechez fiscal. Pero, sobre todo, una conclusión exitosa asegurará que los televidentes del país tengan mayores opciones en un mundo en el cual las trapisondas no deberían detener las corrientes del progreso.