Libardo Botero
Blog Debate Nacional, Medellín
Diciembre 15 de 2009
La acusación y reclusión de una persona conocida y querida por la opinión pública como el Almirante Arango Bacci generó sentimientos de incredulidad y solidaridad, así como su absolución una generalizada satisfacción. Pero el caso estuvo rodeado de tal cúmulo de hechos y circunstancias extrañas, que nos ha dejado un fuerte sabor agridulce.
No ponemos en duda el fallo absolutorio de la CSJ: seguramente ésta no encontró solidez en las pruebas aportadas para proferir un veredicto distinto. No nos proponemos, por tanto, debatir la absolución misma. Pero ello no es óbice para que manifestemos fuertes inquietudes nacidas de los prolegómenos del proceso así como de su desenlace final.
Queremos mencionar a vuelo de pájaro algunas incidencias que son bien conocidas y han provocado estupor. Sobresale el vuelco inconcebible que sufrió el juicio en su remate, cuando se conocieron los conceptos de la Fiscalía y la Procuraduría pidiendo la absolución de Arango. Hay que recordar que la Fiscalía –bajo la dirección de Mario Iguarán- fue la encargada de iniciar la investigación y proferir la acusación ante la CSJ, y que ninguna evidencia nueva se presentó para que diera semejante voltereta –ya bajo la dirección de Guillermo Mendoza-. Con razón Mauricio Vargas (El Tiempo, 06/12/2009) señaló: “No cabe duda de que alguien se equivocó en materia grave, antes o después”. Y ello debiera tener sus consecuencias, tanto políticas como jurídicas. Pero al CSJ ha preferido dejar el asunto a un lado.
Una segunda inquietud tiene que ver con el contenido del juicio. El proceso no consistió simplemente, según se quiere hacer ver, como un montaje de un recibo falso y unos testigos amañados para incriminar a Arango. “La resolución de acusación tiene más de cien páginas y es muy clara en la motivación, en la cual se incluyen diferentes fuentes y pruebas en las que el recibo es apenas una de ellas”, ha explicado el Almirante Guillermo Barrera, Comandante de la Armada. Desde 2006 existía una investigación de la Fiscalía, derivada del hallazgo de una carta de navegación en una embarcación de narcotraficantes capturada en el Caribe. Se comprobó que se estaba filtrando y vendiendo a mafiosos información de rutas de naves patrulleras de Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda, para evadir su control. Más de 20 oficiales y suboficiales de la Armada implicados, han sido condenados o están a punto de serlo.
La investigación derivó, en 2007, hacia la posible responsabilidad del Almirante Arango. Probablemente después de un examen minucioso las pruebas que incriminaban a Arango no hayan tenido la solidez requerida, razón para fallar a su favor. Pero es evidente que hay un problema que sigue latente. EE.UU., que ha estado muy atento al juicio pues involucra el tráfico de drogas hacia su territorio y que había retirado la visa al Almirante Arango, ha insistido en el asunto a través del embajador William Brownfield, quien con su lenguaje descarnado preguntó: “¿Si no es el almirante Arango Bacci, entonces quién?”. Eso es lo que debe haber preocupado a la CSJ al producir su fallo del 3 de diciembre exonerando a Arango Bacci: instruir a quien corresponda para hallar al responsable de las filtraciones. Pero no. La Corte, determinó también dejar de lado este asunto, y enfilarla contra otros. Y aquí viene otra de nuestras preocupaciones gruesas.
Es ni más ni menos la tesis del complot para hundir a Arango. Que en sesudo examen la periodista Salud Hernández-Mora (El Tiempo, 29/11/2009) había descartado por exótica e imposible, dada la diversidad de intereses en juego, y de los múltiples indicios provenientes de fuentes, sitios y fechas sin conexión entre sí. Pues bien, la Corte sin querer queriendo revive la novela del complot. No es tajante, pero deja la duda. Y además, ordena investigar a quienes, así no se diga abiertamente, presume responsables de la intriga: el jefe de contrainteligencia de la Armada, el Almirante Barrera y el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos.
No tenemos espacio para examinar cada caso, pero a Santos, por ejemplo, se le atribuye el posible delito de “omisión de denuncia”, pues supuestamente demoró la entrega de la única prueba que aportó la Armada: el recibo de los 115.000 dólares. A mí se me ocurre un interrogante sobre la lógica de la acusación. La Corte ha dudado de tal manera de la validez de las pruebas, sobre todo del recibo de marras, que después de meses de pesquisas ha concluido que eran falsas o manipuladas; pero al parecer el ex ministro Santos, lo mismo que el Comandante de la Armada, no podían haber dudado de su autenticidad ni un minuto, ni haberse tomado el tiempo para un examen técnico de verificación, so pena de estar delinquiendo. Qué paradoja: un complot en el cual los conjurados cometen el delito de tardar en inculpar a la víctima, en lugar de apresurarse. Si Arango hubiese sido encontrado culpable, podría tener sentido considerar la tardanza un acto sospechoso, tal vez por encubrimiento. De lo contrario, no. Razón tiene Brownfield en advertir el contrasentido: “Si no lo hubieran hecho, en este momento todo el mundo habría hablado de una conspiración para esconder evidencia”. Palo porque bogas, palo porque no bogas.
Fernando Londoño Hoyos ha sido uno de los más ácidos críticos de la Corte Suprema. Ahora, de manera inexplicable se le apuntó a la entelequia del complot, en solidaridad plena con la Corte (La Patria, 08/12/2009), usando los mismos argumentos que había blandido contra ella en el inmediato pasado, como el uso de testigos amañados de la estirpe de “Pitirri”. Es poco serio, por antipatías políticas, trastrocar las cosas.
Lo que no es nuevo es la proclividad de la CSJ –y en particular de su Sala Penal- a actuar con fuertes criterios políticos, contrarios al gobierno, al asumir sus determinaciones. Cómo no recordar el caso de Yidis Medina, cuando se excedió en sus funciones prejuzgando sobre ciertos funcionarios del gobierno sin haberlos siquiera oído en el juicio. O cuando en el mismo caso decidió invadir las potestades de la Corte Constitucional para sugerir la invalidez de la reforma a la Carta que posibilitó la reelección presidencial. Artificio que no fue adoptado por ignorancia –no es dable suponer eso a semejante nivel de la magistratura- de una norma clara y tajante de la Carta que establece, como lo confirmó poco después la Corte Constitucional, que ya ese acto legislativo era caso juzgado. O en el reciente episodio del trámite en el Congreso del referendo reeleccionista, con la apertura de investigación a 86 representantes a la Cámara el mismo día de la votación.
Luego no es descabellado suponer que el señalamiento a Juan Manuel Santos, uno de los más opcionados candidatos uribistas a la presidencia –de no correr Uribe-, con bases tan deleznables como un fantasioso complot, tienen más bien el inocultable sello de la campaña oposicionista que se ejerce desde el alto tribunal de la República. No solo con el interés de imponer un Fiscal. Como se ve, hay también la clara intención de imponer un Presidente.
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