Salario que preserve el empleo

Editorial

El Colombiano, Medellín

Diciembre 10 de 2009

El aumento del salario mínimo tiene que estar en concordancia con las circunstancias económicas y ante todo con la necesidad de preservar el empleo formal, pues no resulta lógico ni deseable, tanto en términos económicos como sociales, que mientras el país registra la inflación más baja en toda su historia estadística, tengamos uno de los niveles de desempleo más altos de América Latina.

A mediados de la década del 80, Colombia registraba inflaciones superiores al 20 por ciento, que tenían como consecuencia alzas del 20 al 24 por ciento en el salario mínimo, pero desde los primeros años de la década del 2000 el país comenzó a tener inflaciones de un solo dígito y por ende los aumentos no superaban el diez por ciento.

Este año, con una inflación que estará cercana al 2,5 por ciento y una proyectada para 2010 del 3 por ciento, no puede esperarse un aumento similar a los que tuvimos al comienzo de la década, como lo pretenden las centrales obreras al pedir un reajuste del 8 por ciento, pues se estaría desconociendo la sana correlación entre inflación y salarios, con un grave perjuicio en materia de empleo.

Si el salario mínimo de los colombianos, que obviamente también lo toman como base las empresas para incrementar los demás sueldos y prestaciones laborales, se aumenta muy por encima de la inflación, sin duda alguna se agravará el problema del desempleo que alcanza hoy el 11,5 por ciento en el país, y en el caso de Medellín y su área metropolitana se eleva al 14,8 por ciento.

Un aumento elevado con respecto al Índice de Precios al Consumidor, como los cinco puntos por encima del IPC que piden los dirigentes sindicales, no resuelve nada para quienes han perdido el trabajo, pero sí podría agravar las condiciones para que el desempleo o la informalidad aumenten. Claro que también es necesario atacar el problema con una reforma estructural, como la propuesta por el ex ministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo, de revisar las cargas impositivas a las nóminas de las empresas.

Si tenemos en cuenta que el salario mínimo cobija a 4 millones y medio de trabajadores, en tanto que existen otros 8 millones que ni siquiera devengan esta remuneración, un aumento del mismo que no esté acorde con el momento que vive la economía colombiana sólo estaría manteniendo los privilegios de quienes tienen un empleo formal, en perjuicio de un proceso de formalización del trabajo.

Una inflación baja, como la que registramos hoy en día, es la mejor contribución que el Gobierno y el Banco de la República, con un acertado y prudente manejo económico, les han hecho a los trabajadores colombianos. La clave es seguir preservando su poder de compra mediante una oferta adecuada de los bienes y servicios que componen la "canasta familiar", y básicamente en el rubro de los alimentos que es el que tiene el mayor peso proporcional.

La discusión que hoy se vive entre baja inflación y salario mínimo nos lleva a pensar en el privilegio que constituye tener un empleo y del cual tendrían que ser conscientes las centrales obreras para no afectar la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo.