Enrique Gaviria Liévano*
El Tiempo, Bogotá
Noviembre 30 de 2009
El deterioro progresivo de las relaciones entre Colombia y Venezuela ha llegado a un extremo muy peligroso. Hay que buscar soluciones viables y efectivas en el menor tiempo posible. Se han sugerido distintas alternativas, que van desde el diálogo directo entre los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez, la mediación de los mandatarios de España y Brasil y la instancia ante Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unasur.
Infortunadamente, el diálogo directo -que sería lo ideal- no es posible en este momento, a juzgar por las recientes declaraciones del presidente Chávez; la mediación no se ha concretado del todo; la gestión iniciada ante los organismos internacionales no parece tener muchas perspectivas y Unasur no es el foro adecuado, dado el rechazo casi unánime de sus miembros al acuerdo con E.U. sobre la utilización de las bases militares colombianas.
Quedaría por invocar el "tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial", que está vigente, suscrito entre los dos países el 17 de diciembre de 1939, como homenaje al natalicio del libertador Simón Bolívar y demostración de los lazos de amistad y solidaridad entre nuestras dos naciones.
El tratado de 1939 es, a la vez que un sistema de solución de controversias, un pacto de no agresión. En él se establece que "las partes se comprometen a no recurrir, en ningún caso, a la guerra ni ejercer ningún acto de agresión la una contra la otra". Hacerlo significa violar el tratado. Y desde el punto de vista de la solución de controversias se prevé que las partes están en la obligación de someter a los procedimientos previstos en el tratado (Conciliación, arbitraje y arreglo judicial) "las controversias de cualquier naturaleza que por cualquier causa surjan entre ellas y que no haya sido posible resolver amigablemente por los medios diplomáticos".
Se dirá que este tratado ya se invocó sin éxito frente a Venezuela. Eso es cierto; pero en relación con el diferendo sobre la delimitación de las áreas marinas, y no con asunto tan diferente. Sus disposiciones son, sin duda, aplicables al caso que nos ocupa y en sus mecanismos puede estar la solución de nuestras diferencias.
Venezuela declaró en su momento que este Instrumento podía ser aplicado en todos los casos, menos en el de la delimitación marítima en el golfo. Sólo restaría nombrar de nuevo "la comisión permanente de conciliación", integrada por cinco miembros nombrados por las partes. Claro que todo dependerá de la decisión de los dos gobiernos de poner término a una situación que preocupa por igual a venezolanos y colombianos.
* Ex embajador e internacionalista
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