Timonazo innecesario

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 2 de 2009

La reciente publicación del informe anual de la Corporación Nuevo Arco Iris sobre el conflicto armado despertó una aguda polémica sobre el estado de la política clave del presente Gobierno. Desde su título, '¿El declive de la seguridad democrática?', el reporte de la ONG sostiene la tesis de que la actual estrategia llegó a tocar un techo y que, en palabras de su director, León Valencia, "es urgente un cambio que parta de reconocer los nuevos desafíos".

Dicho argumento se basa en afirmar que, a pesar de los éxitos militares de los últimos años, el país se encuentra ante la reactivación de las Farc; la pérdida de iniciativa de las Fuerzas Armadas; la extensión por todo el país de una nueva generación de paramilitares; las grandes ciudades como campos de batalla (en especial, el deterioro en Medellín y el cerco neoparamilitar a Bogotá), y el renacimiento del Eln en alianza con narcotraficantes. En conclusión, un sombrío panorama que marcaría el agotamiento de un modelo que es apoyado por buena parte de los colombianos.

Inevitablemente, revelar un estudio con estas conclusiones en plena campaña electoral se presta para suspicacias de lado y lado. Sin embargo, esto no justifica calificar de "idiotas útiles" a los medios que abren sus páginas para que la discusión se lleve a cabo o cuestionar a los autores del trabajo mencionado. La razón es que siempre será sano y necesario el debate de las políticas gubernamentales.

Sin lugar a dudas, el 2009, en materia de balance militar contra las Farc, ha sido menos espectacular que el año anterior. Para comenzar, no ha habido golpes únicos como la 'Operación Jaque' o la caída de miembros del secretariado. Además, es notorio el incremento del accionar guerrillero en zonas como Cauca y Nariño.

Pero ese criterio puede ser simplista. Que la guerrilla aumente su actividad de minado o que use francotiradores son acciones que para diversos especialistas son una evidencia de un forzado repliegue y no una muestra de fortaleza. También es necesario introducir en el análisis las deserciones, capturas y demás golpes a su estructura de mandos medios.

Derivar de ahí, entonces, que hay que modificar de inmediato la estrategia de los últimos siete años es convertir en contundente conclusión una serie de indicios. Ni sumando los indicadores disponibles la situación llega a los niveles del 2002, cuando comenzó la marcha de la política de seguridad democrática. Las estadísticas al respecto son irrebatibles, tanto desde el punto de vista de homicidios y secuestros, como del de tomas de poblaciones o ataques a la infraestructura.

Eso no desconoce que las nuevas bandas y su expansión urbana requieren una estrategia, en la que el Ministerio de Defensa ya empezó a trabajar. Sin estructura nacional unificada ni apuesta antisubversiva, es difícil sostener que estos grupos son las Auc con otro nombre. El país enfrenta enemigos que, si bien tienen nexos con el pasado, manejan otras dinámicas e incentivos y requieren otro enfoque. Así mismo, su accionar en las capitales debe ser abordado como lo que es: una problemática de criminalidad más cercana a la delincuencia común que a la paramilitar.

Por otra parte, las preocupaciones militares, financieras y estratégicas que el informe resalta configuran los nuevos desafíos de la política de seguridad para el 2010. No obstante, reconocer los factores de riesgo no significa compartir las recomendaciones. Dicho de otra manera, los análisis hechos por Arco Iris no justifican el timonazo sugerido, aunque son un aporte valioso al debate público. El motivo es que hay que aceptar que los retos son dinámicos y que será necesaria una evolución de los métodos ensayados, sin que ello implique calificar lo sucedido en el pasado como un fracaso, cuando en realidad se trata de una historia exitosa.