Una investigación al servicio de una política

Darío Acevedo Carmona

Ventanaabierta.blogspirit.com, Medellín

Diciembre 2 de 2009

Las conclusiones presentadas a la opinión pública por el director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, basadas en textos sobre la política de seguridad democrática escritos por miembros de la entidad, han causado justa alarma. Afirmar por todos los medios que le abrieron sus micrófonos, sus páginas y sus canales, sin ninguna cortapisa y en horario triple A, que la seguridad democrática había llegado a su techo, que estaba haciendo agua o que está en crisis, afirmar, además, que las guerrillas de las FARC y el ELN se han fortalecido y se encuentran a la ofensiva, que el paramilitarismo sigue vivo y que los neo paramilitares han tomado la iniciativa en el conflicto armado, constituye el más fuerte y apocalíptico diagnóstico sobre uno de los programas privilegiados, sino el que más, del gobierno Uribe. Significa tocar la joya de la corona, cuestionando sus logros y resultados. Conduce a poner en duda una estrategia que para la inmensa mayoría de la población y para los más acuciosos analistas, incluidos críticos muy duros del gobierno, era la que sacaba la cara por este gobierno y la que le ha dado los mayores réditos y le ha valido los mayores reconocimientos.

Las aseveraciones, según dice Valencia, tienen fundamento académico en cuanto son producto de investigaciones (6) que aportan datos, cuadros, mapas y estadísticas, además de fuentes de diversa índole. Se plantea entonces un prurito cuestionable: por ser académica tiene validez. Al respecto cabe aclarar que en el mundo académico no toda investigación o indagación que tenga ese carácter necesariamente tiene el visto bueno o la aceptación por pares. De hecho son muchas las tesis que se rechazan y muchos los escritos que no logran recibir la aprobación en instancias de acreditación. De manera pues que el asunto no es automático.

Quizás el principal error de enfoque en el debate que se ha suscitado tenga que ver con la pretensión que algunas Ongs y activistas políticos anti-estatales tienen de darle un sabor académico a sus hipótesis políticas, pensando que de esa forma ganan mayor legitimidad. La discusión sobre la violencia colombiana actual, la caracterización de sus actores, así como cualquier otra cosa que se diga sobre la seguridad democrática o sobre cualquier tema relacionado con los derechos humanos, las víctimas y otros tópicos, no deja de ser, ante todo, un asunto político.

Ahora bien, que se trate de un asunto político no significa que se pueda decir cualquier cosa, ni quiere decir que todo cae en el terreno del panfleto o de la propaganda. El debate en el terreno político tiene altas exigencias y supone una lógica y la observancia de unos parámetros que no se pueden soslayar so pena de la degradación del mismo. Así, por ejemplo, la calificación de terrorista que se le ha dado a las guerrillas colombianas por parte del estado y de gobiernos de otros países no es producto de un análisis o de una investigación académica o científica sino de la valoración y contrastación de unas acciones perpetradas por ciertas organizaciones a la luz del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En ese sentido se trata de una decisión política. Definir si en Colombia lo que vivimos y sufrimos es una amenaza terrorista contra la democracia o es un conflicto armado no depende de la academia, es un tema político.

Y el problema con los ensayos presentados por la Fundación Nuevo Arco Iris es que pretende obviar un compromiso con unas tesis políticas con el manto de la academia como si éste, per se, fuese suficiente. De tiempo atrás esta organización ha sostenido, entre otras tesis, que la negociación con el paramilitarismo es un fracaso y una farsa, la Ley de Justicia y Paz favorece la impunidad, en Colombia existe un conflicto armado que debe ser resuelto por la vía de la negociación y no por la de la guerra, el estado y el gobierno Uribe optaron por una táctica militarista y guerrera para enfrentar dicho conflicto, la seguridad democrática es militarista porque privilegia la guerra. Como se puede observar, son afirmaciones netamente políticas que sólo los ignorantes pueden pensar que son validables por vía académica. El espíritu de la academia jamás estará a tono con el ritmo y las necesidades de la acción política. Pero, como esas afirmaciones carecen de apoyos y de consensos amplios, como han sido derrotadas en la acción práctica, entonces se recurre al expediente de presentarlas bajo un ropaje académico.

Lo peor es que incluso desde una mirada académica es notable el sesgo y el interés político sobre todo el de las conclusiones. Si se trata de mostrar el desgaste de una política lo correcto era referirse a todas las variables, pero, omiten referirse a las cifras en materia de homicidios, secuestros, tomas de pueblos, correlación actual de fuerzas, presencia de la fuerza pública en el territorio urbano y rural, recuperación de las carreteras, recuperación de la confianza en las instituciones. Por otra parte, los estudios se empeñan en la idea de que el paramilitarismo sigue vivo y fuerte, negando que una de las características principales de dicho fenómeno criminal era la persecución de la población civil afecta a las guerrillas y el combate a estas mismas, la suplantación del estado, la connivencia con sectores de la fuerza pública, la pasividad de esta para combatirlos, los nexos de dependencia con la mafia. Hoy en día, las bandas criminales que están llenando de muertos a algunas ciudades grandes e intermedias, actúan movidas por un mero afán mafioso y criminal. Sostener que es lo mismo o peor lo que se está viviendo hoy es negar el holocausto de la población civil en los años noventa y comienzos del 2000, lo mismo que subvalorar y subestimar el daño que aquellos grupos le hicieron a nuestro país. Es como decir que los muertos de hoy en guerras interbandas por control del territorio, de cristalizaderos y de otras actividades mafiosas son iguales a los muertos inocentes de barrios y veredas que sufrieron el escarnio de guerrillas y paramilitares.

Desde una perspectiva sociológica cometen un grave atropello contra la academia al sostener que un desmovilizado del paramilitarismo que vuelve a las armas al servicio de bandas criminales, como está ocurriendo actualmente, significa un renacer del paramilitarismo. Así se desconoce una diferencia cualitativa en las expresiones de violencia que se desprende de las intensiones y de los propósitos de quienes la practican. Es como si dijéramos que los hermanos Vásquez Castaño al fundar el ELN, luego de haber tenido experiencia como guerrilleros liberales, estaban reencauchando las guerrillas liberales y no que eran ahora guerrilleros de estirpe revolucionaria.

Académicamente podemos decir que la forma de presentar la presencia de grupos ilegales en el territorio con mapas coloreados es muy impactante. Da la impresión que tal región o equis municipio están bajo el dominio pleno de la guerrilla o de los neoparamiliatres y que no se trata de fenómenos con tal o cual rango. Eso es distorsionar la realidad por vía de imágenes para dar una impresión de apocalipsis, de caos, de que se perdió el control del territorio. Habría que diferenciar la calidad y la importancia de esas presencias para evitar esos equívocos.

Todo estudio académico, sobre todo en materias donde se habla con estadísticas, debe plantear los problemas en términos comparativos. Afirmar que la seguridad democrática hace agua sin referirse a todo el proceso de su aplicación es un adefesio académico. Cualquier analista político sabe que cuando se habla de un asunto hay que ir hasta el fondo y agotar todos los recursos y toda la información. Hasta en el manejo de algunas cifras se observa la falta de rigor: se apoyan en otras Ong, como la Comisión Colombiana de Juristas que es claramente sesgada contra el estado, no hay cifras de organismos del estado, del DNP o de la Policía Nacional o de Medicina Legal.

Finalmente, vale la pena traer a cuento una afirmación entresacada del estudio sobre las FARC, para que se constate el afán político del estudio: Dicen que luego de constatar el agotamiento de la seguridad democrática quedan dos alternativas: “o profundizamos la guerra o bien se escoge otro camino como una salida por vía negociada”. Es evidente que lo que nos quieren vender es la idea de que debemos volver a la negociación, aunque la guerrilla no haya dicho nada al respecto, lo que nos quieren decir es que la seguridad democrática es más guerra, es militarismo. Y el sesgo político se confirma al sostener que “El Gobierno nacional intentará hacer campaña dando de baja a los principales comandantes del grupo armado ilegal e intentando aniquilar estructuras de las FARC, con ello salvaría la imagen negativa de corrupción y clientelismo que ha venido creando en los últimos meses”. Es decir, la seguridad democrática es un artificio electorero y no una política estructural. Es claro, es contundente: los estudios “académicos” tenían un fin político: desacreditar la Seguridad Democrática, la principal obra de este gobierno y validar la “salida negociada”.